Fueron muchos los autoelogios presidenciales en el Sexto Informe, pero el del programa Sembrando Vida no tiene precio, porque dicen que al menos 433 mil campesinos son apoyados con jornales permanentes desde el principio del gobierno para cultivar sus parcelas, lo que les ha permitido plantar 1,158 millones de árboles frutales y maderables.
Haga sus cuentas y compare con el imperio de “los otros datos”: la cifra de árboles plantados es estratosférica, porque significa que todos los días, sin omitir sábados y domingos, se habrían plantado más de 500 mil árboles, pero no nos dicen la tasa de sobrevivencia de esa cifra que continentes completos no han alcanzado.
En contraste, la minería sí está obligada a reforestar, está en la ley y es la segunda industria que más árboles planta, registrando el equivalente a 2,535 hectáreas reforestadas en 24 estados del país ―de acuerdo con datos de la Camimex de 2024―. En cuanto a la conservación de la biodiversidad, el sector minero contribuye con la conservación y protección de más de 25 especies de flora y fauna como el Águila Calva, Lobo Gris y Oso Negro, entre otras.
Por ejemplo, durante el cierre de una mina debe restaurarse el entorno natural, pues la etapa de cierre, que forma parte de la vida útil de una mina, está planificada y regulada. Las empresas deben presentar un plan detallado en el que deben especificarse la forma en que se manejan los residuos, cómo se rehabilitarán terrenos y de qué forma protegerán los ecosistemas locales.
Este plan es revisado y aprobado por las autoridades correspondientes; además,
su cumplimiento es estrictamente supervisado durante toda la vida útil de la
operación de una mina y la empresa está obligada a restaurar la topografía original del lugar, rellenando huecos y estabilizando terreno con técnicas de bioingeniería para revegetar las áreas afectadas con especies nativas y así ayudar a restablecer el equilibrio ecológico.
Avanzar en la implementación del estándar “Hacia una Minería Sostenible” es uno de los retos de la industria. Por lo pronto, es chamba de las autoridades certificar que la minería cumpla con la legislación para que las cuentas sean claras. Al tiempo.
A cielo abierto.
1.-Se acaba el sexenio a Napoleón Gómez Urrutia, Napito, uno en el que tuvo fuero y protección política y mediática para eludir el pago de más de 55 millones de dólares más intereses a ex mineros de Cananea, que fueron depositados por Grupo México en las cuentas del sindicato de Napito para que fueran repartidos entre los agremiados, pero no fue así y los siguen reclamando. El dirigente no cumple sus compromisos con sus empobrecidos seguidores, a los que una y otra vez deja colgados cuando los empuja a estallar conflictos laborales que luego pierden o se vuelven eternos. Y hoy con una solicitud que presentó a la CIDH para mantener viva la huelga en Sonora tiene engañados a los ex mineros de la sección 65, de Cananea, que son convocados recurrentemente a bloquear caminos y levantar pancartas cada vez que necesita hacer ruido o presionar autoridades para conseguir algún beneficio. La verdad es que la Suprema Corte dejó claro que estas resoluciones no son vinculantes jurídicamente, sólo son criterios orientadores para la actuación de autoridades de gobiernos. Por años los mantuvo esperanzados en que esa instancia internacional les haría justicia, pero eso es un error.
