En ruinas le deja Cuitláhuac García Jiménez la entidad veracruzana a la gobernadora Rocío Nahle. Y no lo digo por el terrible estado en que se encuentran los caminos y carreteras desde Pueblo Viejo hasta Las Choapas, prácticamente destruidas; sino por algo peor que lastima la tranquilidad y paz pública de los más de ocho millones de veracruzanos: la inseguridad.
Las estadísticas no mienten. Veamos: 221 mil 92 víctimas de robo, siete mil 562 delitos contra la libertad personal, siete mil 205 homicidios dolosos, cuatro mil 924 delitos de extorsión, dos mil 526 por desapariciones, 404 feminicidios, según fuente de la Secretaría de Seguridad Nacional de Seguridad Pública, datos que resultan de las denuncias levantadas por los denunciantes, aparte de los cientos de miles que los ciudadanos (as) afectados no las presentan, porque no confían ya en las autoridades ministeriales y de investigación.
Un polvorín es el que recibió la titular del Ejecutivo estatal el pasado domingo, que le hará, si es que desea devolverle confianza y tranquilidad a sus gobernados, de medidas urgentes que cambien esta terrible situación, porque no es solo de la delincuencia común y organizada en cárteles de la que debemos cuidarnos las y los veracruzanos, sino también de la uniformada con placa, que crearon clanes para asaltarnos en las carreteras y ciudades del estado, como son los agentes de tránsito y las temibles grúas y encierros, donde roban entre 10 y 13 mil pesos por automóvil levantado.
Tal vez por ello cuando la fiscal Verónica Hernández Giadans se presentó a la oficialía de partes de la Legislatura de Veracruz a presentar su renuncia al cargo, pensando que con dejarle el camino libre a la gobernadora, para que propusiera a su sustituta o sustituto, se libraba de todo este desastre, y las responsabilidades que tiene, principalmente por omisión, le informaron que no se la aceptaban hasta en tanto no informara con detalles el verdadero estado en que se encuentra dicha Fiscalía, y peor aún, una explicación que nos merecemos del porqué solicitó la cancelación de las órdenes de aprehensión de la familia Yunes Linares-Márquez, que semanas atrás exigía su cumplimentación la entonces gobernadora electa.
Tarea impostergable esta, de responsabilidad pública, ética y moral de Rocío Nahle, porque sabe que el estado, y las y los veracruzanos no pueden seguir viviendo en la angustia y el terror, y más porque en su campaña prometió cambiar este clima de zozobra: brindar seguridad, paz, tranquilidad y armonía en Veracruz.
Solo así las fuerzas productivas volverán a convertir a Veracruz en la locomotora de la economía nacional.
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