La extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) también conocida como Financiera Rural, en mayo de 2023, no significó la solución a los problemas de financiamiento del campo, ni mucho menos a los ocho mil 454 millones de pesos de cartera vencida que arrastraba consigo a miles de productores tan solo al año 2023.
Por el contrario, convirtió en deudores a quienes iban al corriente, pues dejó de cumplir con la obligación de ministrarles los pagos de los créditos pendientes por cubrir, dejándolos en completa indefensión al quedarse de la noche a la mañana sin la fuente de financiamiento, y sin posibilidad de acudir a otras fuentes de financiamiento, pues sus tierras estaban hipotecadas por la Financiera Rural.
El agravio al campo fue mayúsculo con la extinción de la financiera, ya que como en aquellas fechas lo señaló el Barzón, era una extinción sin solución.
Medularmente los problemas que se le ‘achacaron’ a la financiera eran de corrupción, así es, se acusó que la colocación de créditos devenía irregular, y falta de transparencia, aunado al hecho de que para esas fechas era incapaz ya de recuperar su cartera vencida.
Uno de los puntos más álgidos de la forma en que se justificaba la urgente necesidad de sepultar al organismo, era que los Despachos de Cobranza Externos, contratados para llevar a los productores al banquillo de los acusados en las cortes de justicia –tribunales- eran no solo corruptos, sino también “careros” pues para recuperar los pasivos o las deudas, sobre la suma total que lograran exprimir a los campesinos, ellos cobraban el 20% de esos totales.
Me explico con mayor claridad; la Financiera para lograr la recuperación de los créditos vencidos contrataba a su conveniencia a Despachos Externos de Cobradores, estos abogados promovían juicios de cobranza en juzgados para embargar las tierras, ejecutar las hipotecas y rematar las tierras de los acreditados en moratoria.
Pero aun y que prestaban sus servicios a la financiera, sus “honorarios” los pagaban los productores, es decir, le tenían que pagar al verdugo para decapitarlos y por poco la renta de la guillotina y el servicio de limpieza de la sangre.
Ese cobro no era cualquier cosa, porque sumaban a la cuenta del porcentaje no solo el capital, sino también los intereses, por ejemplo, si le debías 200 mil a la financiera y con intereses la cuenta se hacía de 500 mil.
Entonces tenías que pagar el 20% no de los 200 mil, sino de 700 mil, que equivalen a 140 mil pesos. Y en total la cuenta te quedaba en 840 mil pesos por una deuda de 200 mil.
Por eso cuando se dio la extinción, quienes sabían cómo funcionaba la cobranza y saber lo podrido de las técnicas de recuperación aplaudieron el hecho de que esos verdugos fueran despedidos, pues les convenció la idea, de que ahora el Indep (Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado) haría la recuperación a favor del Gobierno, entiéndase de modo claro y transparente.
¿Pero qué fue lo que en realidad sucedió? Pues que a más de un año el Indep no se ha sentado a negociar, o a dialogar con los que esperan un trato justo para pagar y ser escuchados sobre el agravio recibido debido a la extinción del organismo.
Y peor aún resultó el hecho de que el Indep fue a contratar a los mismos Despachos Externos de Cobranza, acusados de corruptos y careros, quienes ahora en tribunales han reactivado los juicios para despojar a los campesinos de sus tierras.
Sin que hasta el momento haya dado la cara el Indep para explicar el por qué, de tan irregular situación. Ahora, estos cobradores se burlan de las leyes y de los tribunales federales quienes parece están amagados por las circunstancias políticas que vive nuestro país, en donde la voluntad suprema no puede despreciarse. Y más vale, arrodillarse y decir ¡sí señor!
Por qué mi dicho, porque el pasado lunes 11 de noviembre una jueza de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en Cholula, Puebla, falló amparo a favor del Indep, promovido por uno de sus apoderados, exonerándolos en ejecutoria federal de la obligación de presentar un estado de cuenta certificado por contador facultado para llevar a cabo la ejecución de una sentencia a favor de la Financiera Rural, hoy en liquidación. No se pierda la próxima, porque ahí le explicaré, la importancia de ese crucial documento. (Continuará)
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@terecarbajal
