Apuntes de economía.
Este 2024 sin duda ha sido un año medular y punto de inflexión para México, ya que aunado al tema electoral, se viene un cambio importante en el poder judicial. Rrecordemos que estamos integrados por tres poderes, el ejecutivo (Presidente), legislativo (diputados y senadores) y el poder judicial el cual está conformado por: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Los Plenos Regionales, Los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación, los Juzgados de Distrito y El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo curioso es que solo dos de los tres poderes se pueden elegir de manera democrática.
La propuesta de reforma se centra en la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en la creación de nuevos mecanismos para garantizar la independencia y eficiencia del sistema judicial. Estas modificaciones podemos agruparlas en 5 grandes ejes: el primero es la reducción de la corte, pasando de 11 a 9, así como la reducción de su permanencia, quedando en 12 años en comparación de 15 años que son los actuales, el segundo punto es la desaparición del consejo de la judicatura federal para dar paso a dos nuevos órganos, uno para administrar el sistema en su conjunto, incluyendo la Escuela de Formación Judicial y el Instituto Federal de la Defensoría Pública, y un Tribunal de Disciplina Judicial. Ambos supervisarían también a la SCJN. El tercero es la optimización de plazos para resolver conflictos, estableciendo que las controversias deben ser resueltas en un periodo máximo de seis meses. El cuarto radica en que esto debe aplicarse en todas las entidades federativas, es decir los poderes judiciales de los Estados deberán aplicar las mismas medidas. Por último, el quinto y más polémico es el de la elección pública de los magistrados ministros y jueces de distritos, ya que ahora podrán ser elegidos por la propia población. Cabe señalar que estas elecciones del poder judicial, serán diferentes en forma y fondo a las que conocemos de manera tradicional, por lo que no podemos ver un símil o réplica de las contiendas de los poderes ejecutivo y legislativo.
Las repercusiones económicas de esta reforma son variadas y podrían tener tanto efectos positivos como negativos en la economía mexicana. La corrupción judicial ha sido un problema persistente en México, afectando la confianza de los inversionistas y la eficiencia del sistema económico. Según datos de Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 126 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, lo que refleja una necesidad urgente de reformas. La eliminación de la corrupción podría aumentar la confianza de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, y fomentar un entorno más propicio para los negocios. Esto podría traducirse en un aumento de la inversión y, consecuentemente, en un crecimiento económico sostenido, el cual se estima podría llegar a representar hasta un 1% del PIB.
La reforma también busca mejorar la eficiencia del sistema judicial. Actualmente, los procesos judiciales en México son notoriamente lentos y costosos, lo que desalienta la inversión y el crecimiento económico. Según el Banco Mundial, resolver una disputa comercial en México puede tardar más de 380 días, lo que es significativamente más largo en comparación con otros países de América Latina.
Un aspecto crucial de la reforma es la creación de los sustitutos de El Consejo de la Judicatura, ya que estos tendrían la tarea de supervisar el desempeño de los jueces y magistrados, asegurando que actúen de manera imparcial y eficiente. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la confianza en el sistema judicial está directamente relacionada con el nivel de inversión y el crecimiento económico en un país.
@EdgarSandovalP
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