¿El latón y la fibra de vidrio pueden proteger ante el impacto de un arma de alto poder?; parece que las autoridades municipales de Córdoba así lo pensaron.

Las torres de vigilancia que entregó el gobierno de doña Leticia López Landero, con una millonaria inversión, tienen un tufo. No estaban blindadas y, por tanto, no protegieron la integridad de los dos elementos de la policía que se encontraban en servicio durante el ataque perpetrado por presuntos integrantes de la delincuencia organizada el pasado sábado.

En la segunda semana de octubre la alcaldesa encabezó el acto de entrega de las pomposamente llamadas torres de vigilancia, y anunció que éstas contaban con cámaras y software de vanguardia; de igual forma, el Ayuntamiento presumió que estos armatostes tenían las facilidades de la movilidad, que permitirían una cobertura en todo el territorio municipal.

Esos pesados equipos debieron servir, en teoría, para que los elementos de la policía pudieran contener una eventual agresión, con la seguridad que otorga el blindaje. No fue así; al final, las torres no evitaron que los dos uniformados perdieran la vida.

Córdoba se ha convertido en tierra de nadie; las autoridades municipales sabían perfectamente el peligro que implica el ejercicio policial y a pesar de ello, entregaron esas estructuras que no sirvieron para nada. Fue como enviar a los elementos al matadero; carne de cañón, como dice el clásico.

En Córdoba se mezcla el justificado temor de la población con la indignación que despertó el saber que esas estructuras, cuyo costo fue millonario —se habla de más de 6 millones de pesos— no contaban con los mínimos niveles de seguridad.

Latón, lámina y fibra de vidrio; algunas cámaras de video y dos o tres pantallas; eso era lo único que protegía.

En este municipio, ubicado en la zona centro de Veracruz, corren versiones que indican que las “torres de vigilancia” fueron construidas no por una empresa especializada en blindaje, sino por un herrero local.

A la par, mencionan que esas estructuras, que utilizan una grúa como base, bien pudieron haber sido armadas en un taller vinculado presuntamente a Tomás López Landero, hermano de la alcaldesa, quien desde hace décadas se ha dedicado al negocio del aluminio y la chatarra; sin embargo, eso son sólo versiones.

Luego de los hechos, el diputado local Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa Directiva en el Congreso de Veracruz, declaró que solicitaría al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), que se audite a ese Ayuntamiento por la compra de las torres de vigilancia.

“La corrupción —dijo el legislador por Córdoba— no debe seguir cobrando vidas… si en la inversión que el Ayuntamiento realizó en la compra de equipos para el fortalecimiento de la seguridad municipal, como lo fueron las torres de vigilancia, hay indicios fuertes de ilegalidades, se solicitará se proceda en contra de los responsables”.

Habría que decir que la declaración pronunciada por Ríos Uribe el pasado domingo no fue la primera sobre ese tema; desde octubre de 2019, el legislador se refirió a la falta de transparencia en la adquisición de las torres.

El tema podría reventarle a la alcaldesa, si es que se confirma el sobreprecio que cubrió el Ayuntamiento, y la irresponsabilidad con la que habría actuado, al exponer a los elementos de la policía.

Es un asunto que, sin duda, llegará próximamente al Congreso de Veracruz, donde el primer interesado es el diputado por el distrito, quien ya tendría preparada la guadaña.