La parálisis legislativa no es simplemente una cuestión de ineficiencia o desacuerdo entre partidos; es violencia política e institucional que socava la democracia y perjudica a la ciudadanía. Esta situación se torna aún más crítica cuando impide a las legisladoras y legisladores cumplir con su mandato constitucional, afectando directamente sus derechos político-electorales y, por ende, la representación efectiva de la ciudadanía.
Actualmente, hay 298 iniciativas sin dictaminar en el Congreso de Veracruz, mientras que únicamente se han dictaminado 68 a lo largo de la Legislatura. Esta alarmante cifra evidencia la gravedad de la parálisis legislativa y su impacto en el desarrollo y bienestar del estado. Exigimos la inmediata dictaminación de todas las iniciativas pendientes. El silencio legislativo es violencia política e institucional, y estamos trabajando para que las iniciativas de todas y todos los diputados sean dictaminadas. De no hacerlo, buscamos que se sancione a quienes obstruyan el proceso legislativo.
Cuando el Legislativo no avanza en la aprobación de leyes y reformas, se generan varios problemas: el estancamiento de políticas públicas, ya que los proyectos de ley que buscan mejorar la vida de la población quedan en el limbo; la deslegitimación de las instituciones, pues la percepción de que el gobierno no cumple con sus responsabilidades erosiona la confianza pública; y la vulneración de derechos, dado que los representantes electos, y por extensión sus votantes, ven restringidos sus derechos a participar plenamente en la vida política.
En Veracruz, hemos sido testigos de cómo la parálisis legislativa ha obstaculizado la implementación de medidas cruciales para el desarrollo y bienestar de nuestro estado. Ante esta situación, presenté juicios de protección a los derechos político-electorales del ciudadano. Estos juicios buscan que se sancione a quienes no cumplan con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual establece un plazo de 10 días para dictaminar sobre los asuntos que se presentan.
Para las legisladoras, esta situación es particularmente grave. La violencia política de género no solo se manifiesta en agresiones físicas o verbales, sino también en la obstrucción sistemática de su labor. Al no poder legislar, se les impide cumplir con sus promesas de campaña y defender los intereses de sus electores. Esta es una forma de violencia política que debe ser reconocida y sancionada.
En la última sesión ordinaria del miércoles, la bancada de Morena rompió el quórum justo cuando se presentaba un pronunciamiento sobre este tema para ser debatido en tribuna, evidenciando aún más la falta de compromiso con la democracia y la institucionalidad.
En la próxima Legislatura, donde Morena tendrá la mayoría calificada, la oposición debe estar preparada para enfrentar estos desafíos y garantizar que se respeten los derechos de todas y todos los veracruzanos. Es crucial que la oposición disponga de herramientas eficaces para dar voz y representación a sus constituyentes. Entre estas herramientas, los juicios de protección a los derechos político-electorales del ciudadano jugarán un papel fundamental para garantizar que la mayoría no abuse de su poder y que las leyes se cumplan conforme a lo establecido.
La parálisis legislativa es una forma de violencia política e institucional que no podemos tolerar. Debemos luchar para que se cumpla la Ley Orgánica del Poder Legislativo y sancionar a quienes obstruyan el proceso legislativo. Solo así podremos asegurar una representación justa y efectiva para todas y todos los veracruzanos, y proteger los derechos de quienes han sido elegidos para legislar en su nombre. En la próxima Legislatura, la oposición debe estar más unida y preparada que nunca para defender la democracia y el Estado de derecho en Veracruz.
*Diputada local
