El sector minero pidió al próximo gobierno federal revisar los diversos impuestos aplicados a esta industria a raíz de la reforma energética, pues aseguraque México se convirtió en un país caro para invertir, ya que entre 2012 7 2017 los recursos destinados a exploración bajaron de mil 165 millones de dólares a 612 millones, es decir, una caída superior a 47%.
"Esta situación es preocupante debido a que la exploración es el primer eslabón de la cadena productiva en la minería", respondió vía correo electrónico la Cámara Minera de México (Camimex), que preside Fernando Alanís Ortega.
En materia fiscal, consideró primordial que se permita nuevamente la deducción al 100% de los gastos preoperativos de exploración el mismo año en que se ejercen; revisar y reducir las tasas de los derechos vigentes desde 2014; admitir la acreditación de las inversiones en materia de medio ambiente y desarrollo comunitario de las empresas mineras, contra la declaración del Derecho Especial de Minería.
La agrupación expuso que el sector está dispuesto a trabajar con la nueva administración. "Estamos buscando platicar con el equipo de transición y con las nuevas autoridades responsables de la industria minera".
Respecto al actual sexenio, la Camimex indicó que "la minería no pasó por su mejor momento. En los últimos seis años la industria minera de México ha enfrentado una serie de disyuntivas que han frenado y limitado su crecimiento".
El valor de la producción minero-metalúrgica bajó de 2012 a 2016 y en 2017 hubo una mejoría de 1.8% por el aumento en el precio de algunos metales y por la apreciación del dólar frente al peso.
FONDO MINERO
Agregó que con la reforma a la Ley Federal de Derechos de 2014 se creó el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, y en cuatro años de vigencia la industria minera ha contribuido más de 14 mil 400 millones de pesos por nuevos derechos, 77.5% de estos recursos han ido al Fondo Minero.En ese punto, la Camimex exigió una revisión al Fondo Minero para que los recursos aportados por la minería sean asignados de forma eficiente y transparente a municipios y comunidades.
Además, pidió destinar un porcentaje del Fondo a la Dirección General de Minas, responsable de garantizar la seguridad jurídica de toda la actividad minera
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