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Un equipo de biólogos y veterinarios, apoyados en aves rapaces y perros, se encarga ya de evitar que especies animales pongan en riesgo a los aviones que a partir del 21 de marzo despeguen y aterricen en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
La empresa que administra la terminal firmó el viernes un contrato por 26.4 millones de pesos con la empresa Servipro de México S.A. de C.V., para el control de fauna nociva en las proximidades del aeropuerto.
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El proveedor utilizará trampas tipo Tomahawk, cañones de gas, repelentes electrónicos de aves, megáfonos, aerolásers de mano, repelentes táctiles, gustativos y de aves de picos, así como redes de niebla, plaguicidas y medicamentos para sacrificios, entre otros equipos para ahuyentar o, si es necesario, recurrir al sacrificio humanitario de animales como perros y gatos en la zona.
La compañía de manejo de plagas, que tiene entre sus clientes al IMSS, la CFE y privados como Bimbo y Cargill, se impuso en una licitación en la que participaron otras empresas con propuestas de entre 11.6 y 33 millones de pesos.
“El servicio consiste en ejecutar las medidas de control para mitigar el riesgo que ocasiona la fauna nociva en el área operacional del AIFA de Santa Lucía y los reportes derivados por avistamientos de fauna, coadyuvando así con la seguridad, regularidad y eficiencia de las operaciones aéreas”, señaló la convocatoria.
La cobertura del servicio inició desde la semana pasada, aunque el fallo se dio la noche del viernes, y estará vigente hasta el 31 de diciembre.
Servipro de México, que en su página se describe como un grupo profesional multidisciplinario con servicios como gestión integrada de plagas, control de aves y diseño y mantenimiento de áreas verdes, ganó el contrato a empresas que han desempeñado las tareas de control de fauna en aeropuertos nacionales.
Entre las firmas que participaron en la licitación estaba Fumigación y Control Aviar S.A. de C.V., empresa que desde abril del año pasado y hasta 2023 realiza el control de fauna en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con un contrato por 27.7 millones de pesos.
La compañía, que lanzó la propuesta más alta para la licitación del AIFA con poco más de 33 millones de pesos, ha firmado contratos para el control de fauna en a terminal capitalina al menos desde 2011.
También participó la firma Supervisión y Control de Fauna S.A. de C.V., empresa que en 2015 obtuvo un contrato por 14.4 millones de pesos para el monitoreo y conservación de aves del que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), en Texcoco.
La firma, que también ha obtenido contratos con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) para el mismo servicio en aeropuertos como el de Campeche y Chetumal, realizó una propuesta cercana a los 24 millones de pesos.
La partida más baja, por 11.6 millones de pesos, la ofreció Francisco Raymundo Cuevas Jiménez, un proveedor que ha obtenido contratos de fumigación y mantenimiento de áreas verdes con dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).
El control de fauna nociva es uno de los aspectos más relevantes en un aeropuerto ya que, entre otras especies, se encargan de aves que puedan chocar o estrellarse con los motores de los aviones y provocar accidentes fatales.
En noviembre, el Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) mostró su preocupación por la falta de estudios para confirmar la factibilidad de las operaciones en el AIFA, como el de fauna.
“Cómo le van a hacer para controlarla, porque sabemos que existe un movimiento importante de aves entre la laguna de Zumpango y el lago de Texcoco, y esto lo sabemos porque esos estudios sí se estaban haciendo en el NAICM”, indicó entonces el organismo.
Datos del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México señalan que el manejo de fauna nociva cercana a los aeródromos, además de estar regulado por autoridades como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), debe contar con diagnósticos y planes de manejo elaborados bajo las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), además de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).
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