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La Junta de Coordinación Política en el Senado, que preside Ricardo Monreal, frenó de última hora el avance que había logrado la iniciativa para regular el outsourcing, presentada por el morenista Napoleón Gómez Urrutia.
Fue una operación política del senador Monreal. El empresariado cabildeó y se ganó tiempo, sólo eso, pero en este momento cuenta mucho, platicó a El Sol de México Gustavo de Hoyos, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En una carta firmada por el senador de Morena, Ricardo Monreal, y los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PRD, PT y Encuentro Social, los legisladores pidieron a la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández, posponer la discusión en el pleno de la iniciativa (prevista para el jueves) que había sido aprobada por las comisiones en fast track y sin la oposición.
“Es un paso fundamental para la justicia laboral”, celebró Gómez Urrutia cuando aún no se conocía el acuerdo de la Jucopo para aplazar la llegada de la iniciativa al pleno.
Consultado por El Sol de México, el legislador y dirigente minero declinó hacer comentarios después de que se difundió la carta firmada por Ricardo Monreal.
Es urgente abordar esta iniciativa con “la mayor reflexión, discusión y participación de todos los sectores involucrados” antes de llevarla al pleno, decía el texto.
Los coordinadores consideraron pertinente analizar en parlamento abierto la propuesta que modifica las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social.
El proyecto de dictamen avalado otorga a los patrones medio año para cubrir las contribuciones omitidas ante la Secretaría de Hacienda por motivo de una subcontratación irregular, siempre y cuando proporcionaran a la Procuraduría Fiscal de la Federación o a la Fiscalía General de la República (FGR) información que permitiera identificar a las personas físicas que encabezaban la organización criminal de subcontratación ilegal o simulada.
Además, los patrones debían aportar datos de con quienes tuvieron trato, y toda información que permitiera su investigación para extinguir el dominio de los bienes que detentaran como producto de sus actividades ilícitas.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y algunas de las cámaras que lo integran, como la Coparmex, Concamin, Canacintra y Concanaco, enviaron a sus representantes a la sede el Senado.
"De concretarse esta reforma en los términos en los que está planteada, se pondrían en riesgo miles de puestos de trabajo, se desalentaría la inversión y se convalidaría una reforma con visos de inconstitucional”, advertía el CCE, que preside Carlos Salazar Lomelín.
Según los argumentos, la reforma pone en riesgo la ratificación del T-MEC por parte de Estados Unidos; genera incertidumbre a miles de empresas que la utilizan para aumentar su productividad; criminaliza las relaciones laborales. “Es inaudito y realmente preocupante esta tendencia de los legisladores a querer llevar todas las prácticas que no les gustan a nivel de delincuencia; más aún, de delincuencia organizada, como si quienes invertimos y generamos empleos en el país fuéramos narcotraficantes o terroristas”, cuestionó el CCE.
José Manuel Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), celebró la sensibilidad de Ricardo Monreal para escuchar a los empresarios que habían manifestado su inconformidad por esta medida que afectaría la productividad y competitividad, y la creación de empleos.
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