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CDMX. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) gastará más de mil millones de pesos para construir alojamientos en el sureste del país para el personal que se desempeñe en los proyectos de la región, como la obra del Tren Maya o la seguridad en los destinos turísticos.
Se trata de la construcción de un alojamiento para 150 elementos militares que se encuentran desplegados en la región del sureste, derivado de los diversos proyectos de infraestructura, actividades y misiones en la zona.
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En un proyecto inscrito en la Cartera Pública de la Secretaría de Hacienda, el Ejército indicó la necesidad de incrementar los servicios de alojamiento provisional en condiciones óptimas de calidad, seguridad y ubicación para el personal militar y derechohabientes que se encuentran en tránsito en el sureste mexicano.
El alojamiento estará basado, principalmente, en el área de influencia de Calakmul, en Campeche, zona por donde atravesará el Tramo 7 del Tren Maya, y que forma parte del proyecto encargado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a los ingenieros militares, y cuyo costo se calcula en más de 54 mil millones de pesos.
La Sedena señaló que el proyecto de construcción de alojamientos para el personal es una solución a la condición de saturación que hay actualmente en las instalaciones de hospedaje provisional con las que cuenta actualmente.
“La causa raíz de la problemática es el incremento de atribuciones y responsabilidades a la Sedena dentro de la región del sureste, los proyectos de infraestructura que se realizan en la zona han generado crecimiento del personal activo y de los derechohabientes, de las actividades administrativas, operativas y tácticas”, apuntó la dependencia federal.
En un análisis, la Sedena señaló que el número de militares activos en la región sureste creció más del doble desde 2015, con mayor énfasis en el último año.
Solo en 2022 tiene registrados poco más de 27 mil elementos activos en la zona, cifra 22.4 por ciento mayor que la registrada el año pasado.
El análisis señala que de estos elementos, dos mil 850 llegaron a la región para apoyo de traslado y seguridad para la construcción del Tren Maya.
También hay personal desplegado en la región para apoyar en la seguridad de la dispersión de recursos para programas federales de apoyo a jóvenes y adultos mayores, para apoyo en seguridad en zonas turísticas y para la vigilancia de zonas arqueológicas, entre otras actividades.
Así, el documento apuntó que la saturación de personal en la zona de influencia del proyecto, considerando la demanda de personal, es más de cinco veces mayor a la disponibilidad de hospedaje.
“La Sedena tiene la obligación de proveer a su personal y derechohabientes, las condiciones y recursos necesarios para su traslado y estancia que le permitan el cumplimiento de actividades, encomiendas y uso de servicios médicos en condiciones de calidad y eficiencia. Actualmente se presenta una demanda de servicios de alojamiento que excede la capacidad de las instalaciones de alojamiento con las que cuenta”, señaló el documento.
Esta situación provoca que el personal se desvíe a otros centros de alojamiento privado, lo que conlleva incrementos en los costos a la dependencia, mayor tiempo para traslados y condiciones de riesgo para sus miembros.
La Sedena estima que la ejecución de la obra dure un año y su vida útil se extienda durante las siguientes tres décadas.
“Serán satisfechas las necesidades actuales de los servicios de alojamiento y alimentación a más de 60 por ciento de la demanda que actualmente recorre largas distancias al alojamiento militar más cercano y se desvía a servicios privados”, concluyó.
Además, la Sedena aseguró que con este proyecto contribuirá al cumplimiento de la normativa en materia presupuestal, al racionalizar el gasto por el pago de viáticos a lo “estrictamente indispensable”.
La Sedena será la encargada de construir los tramos 5 Norte, que va de Cancún a Playa del Carmen; 6 de Tulum a Bacalar, y 7 de Bacalar a Escárcega. En julio, López Obrador confirmó que el Ejército también construirá el Tramo 5 Sur, que va de Playa del Carmen a Tulum, luego de que el gobierno rescindió el contrato a un consorcio encabezado por Grupo México, al que se le había adjudicado la obra. Justificó la decisión por la declaratoria de seguridad nacional que tiene el proyecto.
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