Moscú.- Rusia amenazó hoy con desconectar la red social Facebook el próximo año si no cumple con la nueva ley que obliga a los proveedores de contenido en internet a almacenar los datos personales de usuarios rusos en servidores ubicados en este país.
"La ley es obligatoria para todos. Lograremos que se cumpla o la compañía cesará su actividad en Rusia, como ya sucedió con Linkedin. No hay excepciones", dijo a los periodistas Alexandr Zhárov, jefe de Roscomnadzor, órgano encargado de velar por el cumplimiento de las normas en el ámbito de las comunicaciones e información.
La ley de protección de datos aprobada en julio en 2016 da un plazo de dos años para que los proveedores (redes sociales y servicios de mensajería, entre otros) se adapten a la nueva normativa que les obliga además grabar y almacenar durante seis meses todas las conversaciones de sus clientes.
El gigante estadounidense, por tanto, tiene hasta julio de 2018 para ubicar servidores en territorio ruso, como ya anunció que hará Twitter.
"Somos conscientes de que Facebook tiene un gran número de usuarios en la Federación de Rusia, pero por otra parte sabemos que no es un servicio único y que existen otras redes sociales", dijo Zhárov.
La compañía dirigida por Mark Zuckerberg, propietaria también de la red social Instagram y del servicio de mensajería WhatsApp, ha informado a Roscomnadzor acerca de que estudia las opciones para cumplir con la legislación.
"No tenemos planes de inspeccionar a Facebook en 2017, pero en 2018 nos plantearemos si hacerlo. Partimos de la buena voluntad, porque la compañía nos ha enviado una carta oficial y hasta ese momento no vamos a hacer inspecciones", afirmó Zhárov.
Preguntado al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo hoy que Facebook "es una empresa comercial que gana dinero y que debe hacerlo de acuerdo a las leyes de la Federación de Rusia".
Poco después de su aprobación, los grandes operadores de telefonía y proveedores de contenidos pusieron el grito en el cielo y advirtieron de que poner en práctica la normativa, llamada por los críticos como "la ley del Gran Hermano", costará decenas de miles de millones de dólares.
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