Detenciones arbitrarias, afectaciones a la integridad personal y el uso injustificado de armas de fuego, son los abusos que persisten por parte de las corporaciones policiales en Veracruz, según las quejas acumuladas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Las quejas por detenciones ilegales o abusivas que circulan ahora, casi de manera diaria en las redes sociales, no son nuevas; existen los datos documentados por la CEDH, que durante el periodo 2012 a 2021, registró 1911 quejas contra las corporaciones policiales.
El mayor número de quejas presentadas ante el organismo autónomo fueron contra las Policías Municipales, con 763 quejas, es decir el 40 por ciento del total de quejas. En segundo lugar se ubicó la Policía Estatal, con 649 quejas; agentes de la ahora extinta AVI (Agencia Veracruzana de Investigaciones), con 200; Fuerza Civil, con 197; Policía Ministerial, con 111; la Policía Naval, con 41; Mando Único, con 39; Policía Intermunicipal, con 9; Policía Federal, con 6 y el IPAX, con 3.
En meses más recientes, mayo y junio, la CEDH recibió 35 quejas por hechos relacionados con detenciones arbitrarias o ilegales, en donde los grupos vulnerados fueron, principalmente, la población LGBT+, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Los datos públicos indican que estos hechos ocurrieron en Altotonga, Acayucan, Atoyac, Aquila, Camerino Z. Mendoza, Coatzacoalcos, Córdoba, Coatepec, Las Choapas, La Antigua, Huatusco, Maltrata, Minatitlán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Orizaba, Oluta, Papantla, Río Blanco, Texcatepec, Teocelo, Tuxpan, Veracruz, Xalapa y Xico.
Apenas el año pasado, dentro de las 173 recomendaciones emitidas por la CEDH a diversas autoridades como presuntos responsables de violaciones a derechos humanos, figuraron 24 corporaciones policiales municipales.
Los municipios que recibieron estas recomendaciones fueron Zozocolco de Hidalgo, Tres Valles, Yanga, Soteapan, Los Reyes, Martínez de la Torre, Tuxpan, Papantla, Tlacotalpan, Mariano Escobedo, Coatepec, Alvarado, Cazones, Chocamán, Orizaba, Perote, Texistepec, Tehuipango, Alto Lucero, Chumatlán, Mecatlán, San Rafael, Tatatila y Tempoal.
Cabe precisar que en las recomendaciones dirigidas tanto a corporaciones policiales estatales como locales se destacan las detenciones ilegales, afectaciones a la libertad y a la integridad personal, el uso injustificado de arma de fuego, lesiones y agresiones físicas.
GASTOS EN LAS POLICÍAS MUNICIPALES
Entre 2017 y 2020, un total de 16 municipios veracruzanos fueron beneficiados con recursos provenientes del subsidio federal Fortaseg, entre los cuales fue autorizado el concepto de adquisición de “cámaras de solapa” que servirían para “amparar” tanto a los ciudadanos como a los propios elementos, en casos de intervenciones policiales.
El objetivo de dotar de este equipo era también vigilar el desempeño de los policías y garantizar su correcto actuar, con apego a los procedimientos establecidos.
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De esta manera, los municipios de Álamo-Temapache, Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Fortín de las Flores, Martínez de la Torre, Minatitlán, Pánuco, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Orizaba, Tecolutla, Tierra Blanca y Veracruz sumaron un total 4 millones 154 mil 870 pesos recibidos para la compra de 572 cámaras de solapa, durante los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2020.
Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia del uso efectivo del equipo adquirido para las tareas policiales.