Xalapa, Ver.-Desde 2018 a enero de 2020, la Secretaría de Protección Civil del Estado (SPC) ha dejado de realizar inspecciones a las instalaciones de centros de asistencia social, albergues públicos y privados autorizados por la Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, adscrita al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con lo que incumpliría lo establecido en la Ley Número 579 que regula estos establecimientos en la entidad veracruzana.
En respuesta a la solicitud de información con folio 00351020, la SPC reportó que durante 2017 realizó 31 inspecciones a albergues públicos y privados; posteriormente, en los periodos 2018, 2019 y hasta enero del presente año, no ha realizado dicha tarea; mientras que en la inspección de centros de asistencia social, desde 2017 no registra inspecciones.
La Ley Número 579 para el funcionamiento y operación de albergues, centros asistenciales y sus similares para el Estado de Veracruz, en su artículo 24, establece que la Secretaría de Protección Civil (PC) debe coadyuvar con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en las cuestiones técnicas de seguridad de los establecimientos de los albergues, centros asistenciales y similares, además de expedir licencias en la cual exprese la idoneidad de las instalaciones en cuanto a medidas de seguridad.
De acuerdo con el padrón de Centros de Asistencia Social (CAS), albergues públicos y privados autorizados por la Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, en Veracruz hay un total de 26 establecimientos, ubicados en 12 municipios veracruzanos: Xalapa (7); Orizaba (3); Poza Rica, Córdoba y Coatzacoalcos (dos cada uno); los municipios de Las Choapas, Jáltipan, Papantla, Martínez de la Torre, Tuxpan, Banderilla y Boca del Río, cuentan con uno.
Asimismo, de los 26 centros, albergues públicos y privados registrados, 13 son de tipo “público”; 10, son asociaciones, y tres privados.
Los públicos son el Centro Asistencial Social Casa de Medio Camino; el Centro Asistencial Social para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no acompañados; CASAMAR; CAIV DIF Las Choapas; Estancia Infantil DIF Temporal Tuxpan; Casa Hogar de la Luna; Casa Hogar del Sol; La Esperanza; Aldea de Niñas Amelia L. De Exsome; Aldea de Niños L.de Exsome; Casa Hogar “Vida Nueva”, Ciudad Asistencial Conecalli y la Aldea Meced.
Las asociaciones registradas son el Patronato para el Niño Xalapeño; Casa Hogar “Portal del Amor”; Casa Hogar “Alfa y Omega”; Casa Hogar “La Confianza de Dios”; Grupos Pelegrinos de la Palabra de Dios; Casa Hogar para Niños Desamparados de Orizaba; Casa Hogar “Niños de Fe por su Gracia”; Protección Social Femenina de Veracruz; Casa Hogar Tepeyac y Ayúdame a Sonreír.
De carácter privado, se encuentra Defensa y Asistencia de los Derechos de los Niños, Casa Hogar Córdoba y Casa Fundación Juan Nicolás.
Para su funcionamiento y operación, aunque los centros de asistencia social privados no cuentan con un presupuesto asignado, el DIF Estatal –vía solicitud 00350720–informó que ha otorgado apoyos económicos, mientras que para la Ciudad Asistencial Conecalli, Casa de Medio Camino y Niño Migrante, se ha destinado un presupuesto total de 68 millones 641 mil 043 pesos, con recursos tanto estatal como federal, durante los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019.
Los menores y adolescentes
Dentro de la población albergada en los CAS, albergues públicos y privados en la entidad, existen 514 niñas, niños y adolescentes que, por cuestiones de abandono y desamparo, han encontrado en estos 26 espacios, servicios de cuidado temporal.
Aunque los datos personales, motivos de ingreso y situación jurídica de las niñas, niños y adolescentes son resguardados, la Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes tiene registrado que en los establecimientos en Xalapa, hay 153 menores y adolescentes albergados; en Córdoba, 83; en Orizaba, 50; en Banderilla, 45; Martínez de la Torre, 40; Papantla, 30; Coatzacoalcos, 20; Tuxpan, 18; Poza Rica, 16; Jáltipan, 13; Boca del Río, 4; y en Las Choapas, 1.
De acuerdo con los registros, el DIF Estatal cuenta con un Reglamento Interno que se aplica en los centros asistenciales que dependen de este sistema y se proporciona a las instituciones públicas y privadas, también tiene un Protocolo para la Atención de los Menores en Albergues, dirigido al personal de los centros asistenciales públicos o privados.
Las quejas
Estos centros y albergues, aunque representan un refugio para los menores y adolescentes en situación vulnerable, también han sido objeto de quejas por presuntas violaciones a los derechos de la niñez.
Según información proporcionada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz (CEDH), durante 2018 y 2019, se registraron cuatro quejas contra CAS y albergues públicos por presuntas violaciones a derechos de las personas menores de edad.
La respuesta a la solicitud de información 00350820, realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, revela que dentro de las quejas se señalaron al DIF, al Ayuntamiento de Tuxpan, SSP e IPAX, como autoridades responsables por actos y omisiones que derivaron en presuntas violaciones a derechos de la niñez, derecho a la educación, a la honra, a una vida libre de violencia y el derecho a la integridad personal.
Y aunque la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Coordinadora Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, dio a conocer –vía solicitud de acceso a la información– que en el periodo enero 2017 a diciembre de 2019, no tiene denuncias registradas en donde menores y adolescentes en CAS y albergues sean los agraviados, el Informe Especial sobre los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en CAS, albergues públicos y privados en la República Mexicana, presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en octubre de 2019, documentó que entre 2014 y 2016, en Veracruz se registraron 30 denuncias por delitos contra la población menor residente en estos centros.
Mientras que en quejas recibidas por la CNDH, en el mismo periodo, la entidad veracruzana se ubicó en primer lugar, con 33 quejas.
De acuerdo con la Ley Número 579 para Veracruz, aunque la inspección y vigilancia de los albergues y centros asistenciales es responsabilidad del DIF, corresponde a las secretarías de Protección Civil, Educación, Salud y a la Fiscalía General del Estado, vigilar “en la esfera de sus competencias y coadyuvar con el DIF en los términos de lo establecido por esta Ley, a los albergues, centros asistenciales y sus similares establecidos en el Estado”.
Las recomendaciones
Para la CNDH, las cifras presentadas en el Informe Especial sobre los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en CAS, albergues públicos y privados, deben alertar a las autoridades sobre la vulnerabilidad en la que se encuentra esta población que “por diversas causas” carecen de un entorno familiar.
Asimismo, apunta el Informe, “no son pocos los casos de violencia, abuso, negligencia y omisiones contra la población menor de edad residente en centros de asistencia social, cuyo origen ha radicado, generalmente, en la falta de regulación, supervisión y control estatal, y en el no reconocimiento del carácter de sujetos de derechos de niñas, niños y adolescentes”.
De ahí, que las recomendaciones del organismo nacional hacia las autoridades estatales apunten a la implementación de acciones y estrategias necesarias para que los centros de asistencia social y albergues presten sus servicios en condiciones seguras y dignas para las niñas, niños y adolescentes, además de garantizarles seguridad, integridad y cumplimiento de sus derechos.
