En Veracruz, frases como “se fue con el novio”, “no debe haber sido un angelito”, o “esperar la justicia divina” son ejemplos de cómo las autoridades estatales, responsables de brindar seguridad y justicia, minimizan delitos graves como desapariciones y feminicidios.
Estas expresiones, pronunciadas frente a los familiares de las víctimas, no solo perpetúan la violencia, sino que también fomentan la impunidad y el estigma social hacia quienes buscan justicia, aseguran integrantes de colectivos.
El caso más reciente de revictimización ocurrió en Poza Rica, Veracruz. Los familiares de Claudia Esther y Uriel Hazael, una pareja desaparecida el 15 de septiembre mientras viajaban hacia esa ciudad, acudieron a Xalapa para exigir que las autoridades estatales agilicen las investigaciones. Sin embargo, al presentar la denuncia, los familiares fueron recibidos con indiferencia por el personal de la Fiscalía General en la región norte del estado.
La respuesta que obtuvieron fue que “la joven se fue con el novio” y que había 200 carpetas de investigación antes que la suya, lo que retrasaría la búsqueda. El automóvil de la pareja fue encontrado el 17 de septiembre en la colonia Santa Emilia de Poza Rica, pero no hay rastro de ellos.
El fenómeno de la revictimización en Veracruz no es nuevo. Sara González Rodríguez, presidenta del Colectivo por la Paz Xalapa AC, recuerda que en 2010, al denunciar la desaparición de su hijo Ivanhoe, en Palacio de Gobierno, un militar le dijo: “No debe ser un angelito”.
En otro caso, Reyna Trujillo Reyes y Pedro Argüello Morales, padres de Pilar Argüello, víctima de feminicidio, escucharon de la entonces magistrada Isabel Inés Romero Cruz que “debían esperar la justicia divina”.
Esta falta de sensibilidad en las autoridades ha sido denunciada por organizaciones como Equifonía AC, que brindó acompañamiento legal a la familia de Pilar y obtuvo una recomendación internacional por parte del Comité CEDAW ante la revictimización sufrida.
El impacto social de las narrativas de revictimización
Las declaraciones revictimizantes no solo afectan a las víctimas y sus familias, sino que también influyen en la percepción social de los delitos, perpetuando estigmas y minimizando la responsabilidad de los perpetradores.
Según Sara González, “desde el momento en que los familiares acuden a presentar una denuncia, son estigmatizados, mientras que las víctimas son ridiculizadas”.
Relata cómo las autoridades intentan disuadir a las familias de denunciar, advirtiéndoles que “podría irles peor” si lo hacen.
Esta falta de empatía y profesionalismo por parte de las autoridades ha llevado a las familias a depender de los colectivos de búsqueda, que muchas veces intervienen en horas de la madrugada para garantizar que las denuncias sean aceptadas.
Sara González también señala que, en Veracruz, las autoridades carecen de preparación y no siguen los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas de manera adecuada.
Además, la deshumanización en el trato hacia las víctimas y sus familias es alarmante. “Si las autoridades respetan a las víctimas indirectas, la sociedad se unirá, como un efecto dominó, ficha tras ficha, hasta lograr un cambio. Pero si las autoridades no lo hacen, si no están preparadas para tratarnos con dignidad y guiarnos en la búsqueda de nuestros seres queridos, la sociedad tampoco lo hará”, advierte.
Los servidores públicos, al preguntar reiteradamente sobre los hechos, obligan a las familias a revivir el trauma, perpetuando el ciclo de revictimización.
La revictimización también tiene un alto costo emocional y económico para las familias. “Perdemos nuestra salud, nuestros ahorros, y nadie lo ve. ¿Cuántos familiares han fallecido sin encontrar a sus seres queridos?”, cuestiona Sara.
Las víctimas indirectas no solo enfrentan el dolor de la desaparición, sino también el agotamiento de recursos, lo que agrava aún más su situación.
Sara González Rodríguez menciona que los colectivos realizan lienzos para mostrárselos a la población.
“En cada uno están los nombres de los desaparecidos, y no se repiten. Si hay tres, cinco o diez lienzos, estamos hablando de un gran número de personas desaparecidas. Si esto no conmueve y piensan que no les puede pasar, están muy equivocados. Muchos de nosotros decimos: ‘Nunca pensé que me ocurriría’, pero la conciencia solo llega cuando lo vives en carne propia, y no debería ser así. Esto le puede pasar a cualquiera: al millonario, al rico, al pobre, al indigente. Es como la muerte: va parejo”, expresa.
El origen de la revictimización
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, explica que la revictimización surge en territorios controlados por el crimen, donde las instituciones del Estado tienen dificultades para cumplir su mandato legal.
“Para evitar reconocer esta fragilidad institucional o las redes criminales que operan dentro del Estado, las autoridades utilizan una estrategia de desinformación y necropolítica, cambiando la narrativa para responsabilizar a las víctimas”, señala García.
Este fenómeno incluye el uso de eufemismos como “retornos asistidos” en lugar de deportaciones, o “rescates” en lugar de “detenciones”.
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Explica que la revictimización funciona bajo una dinámica de estigma que la sociedad ha normalizado a lo largo de varias administraciones, desde Felipe Calderón hasta el presente.
Se ha construido la narrativa de que las víctimas de desaparición, feminicidio o violencia comunitaria estaban involucradas en actividades delictivas, justificando así su sufrimiento. Esto opera en dos planos psicológicos: primero, al atribuir responsabilidad a las víctimas, quienes escuchan esta narrativa sienten que están a salvo, ya que piensan que solo le ocurre a quienes están “en malos pasos”.
En segundo lugar, esta visión exime a las autoridades de investigar, permitiendo que implícitamente se justifique el abandono de las víctimas con frases como “se lo merecían”. Así, el lenguaje se convierte en una herramienta para minimizar la responsabilidad estatal.
Expectativas para el nuevo sexenio
Con la próxima transición gubernamental, tanto a nivel estatal como nacional, existe la esperanza de que la situación cambie, de acuerdo con Juan Martín Pérez García.
“Aunque no sabemos si esto sucederá, creo que es un factor de oportunidad. En cuanto a la próxima gobernadora de Veracruz, podría marcar la diferencia y enfocarse en los problemas que han sido desatendidos, aquellos que los indicadores muestran como áreas de complejidad, dolor y sufrimiento emocional, logrando así un cambio significativo”, apunta.
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Para el Colectivo por la Paz Xalapa AC, la llegada de Ricardo Ahued a la Secretaría de Gobierno de Veracruz podría ser un paso hacia un trato más digno para los familiares de las víctimas, quienes hasta ahora han sido revictimizados por un sistema insensible y negligente.
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Nota publicada en Diario de Xalapa
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