Orizaba, Ver.- Respecto a la recomendación 152/2020 que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dirigida al Ayuntamiento de Orizaba, del caso de los hermanos Román y Ernesto Pérez González, el Presidente Municipal Igor Fidel Rojí López, dijo que los policías cumplen una sentencia en el penal de Zongolica.
El reporte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos señala en su relatoría que la madrugada de ese día, la madre de los profesionistas ultimados, escuchó detonaciones de arma de fuego afuera de su hogar, por lo que su hijo Ernesto salió para ver qué sucedía; tras el cese de los disparos la mujer se asomó y vio a sus dos hijos tendidos sobre el pavimento cubiertos de sangre.
La versión oficial señala que los elementos municipales realizaron la persecución de un vehículo marca Jeep, color blanco, al cual dispararon en diversas ocasiones hasta que el conductor descendió y se dirigió corriendo a su domicilio para pedir ayuda; al momento salió su hermano, por lo que ambos recibieron impactos de bala por parte de los policías, perdiendo la vida en ese instante.
Pese a ello, la Comisión estableció que la autoridad no probó que la persecución y el uso de la fuerza letal contra las víctimas estuviera justificada, ya que los seis elementos fueron puestos a disposición, luego de advertirse que actuaron probablemente fuera del marco legal”.
Además, en la carpeta de investigación se determinó que los tres proyectiles de arma de fuego que impactaron al vehículo oficial tipo patrulla de la Policía Municipal de Orizaba se realizaron de adentro hacia afuera. “Se puede establecer razonada y objetivamente que no hubo una agresión del exterior hacia la unidad que tripulaban los elementos señalados, con la cual pudieran justificar que las detonaciones fueran una respuesta proporcional a alguna agresión sufrida”, señala la recomendación.
Tras la agresión, otros policías municipales se trasladaron al lugar de los hechos y durante ese tiempo la Comisión pudo corroborar que existió una alteración de la escena del crimen.
Ante esto, la CEDH emitió la recomendación al Ayuntamiento de Orizaba, gobernado por Igor Rojí López quien deberá otorgar atención médica, psicológica especializada conforme a sus necesidades, considerando que en la actualidad ya cuentan con un tratamiento en materia de psicología y tanatología. Y deberá pagar una compensación que contemple la reparación del daño.
Sobre esto, el alcalde dijo que aún no recibía dicho dictamen, sin embargo, cuando llegue “veremos en qué términos viene y con nuestro departamento jurídico contestaremos y veremos cuál es la situación que prevalece”.
