El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) detectó un presunto daño patrimonial por 471 millones 824 mil 443 pesos en secretarias y áreas adscritas al Poder Ejecutivo del Estado, de acuerdo con el Informe General de Resultados de la Cuenta Pública 2019, correspondiente a la actual administración estatal.
Se indica que dentro de los entes a los que se observó el manejo financiero del Ejecutivo se encuentran la Secretaría de Finanzas y Planeación con 191 millones 995 mil pesos, por el manejo de la deuda pública.
Se observó que las erogaciones realizadas con los recursos provenientes de los préstamos a corto plazo no contaban con documentación justificativa y comprobatoria, existe falta de registros contables y presupuestales, y se detectaron recursos no ejercidos de esos créditos.
La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas fue observada por 13 millones 433 mil 654.89 pesos, que se destinaron a la construcción de 12 obras públicas.
Entre las observaciones hechas a la dependencia se encuentra el proyecto de la modernización de la carretera Coatzintla-Accesos al Tajín; la construcción del pavimento con carpeta asfáltica en las calles Oaxaca, Ejército Nacional, Michoacán, Progreso, Querétaro, Niño Perdido, Revolución y José María Morelos en el municipio de Veracruz; así como la construcción del gimnasio municipal de Ozuluama.
En la Secretaría de Desarrollo Social se observó el gasto de 2 millones 238 mil 141.11 pesos por el pago a trabajadores, superior a los tabuladores vigentes y por la compra de 960 tabletas para la creación del Padrón Único de Sujetos de Derecho y Administración de la Información Territorial (PUSDAIT).
Asimismo, se señaló que no existe evidencia que compruebe el uso y destino de 226 dispositivos de lectura dactilar biométrica.
En el caso de Comunicación Social se estableció que el gasto de 949 mil 058.78 pesos en campañas de redes sociales, las cuales no reunían los requisitos fiscales, por lo que se consideró daño patrimonial.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado fue observado por el manejo de 4 millones 500 mil pesos del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia; además de 85 millones 514 mil pesos del Fondo de Reserva de dieciocho Ciudades Judiciales.
La Fiscalía General del Estado resultó con observaciones por un millón 586 mil 954.14 pesos por la contratación del servicio de mantenimiento de los equipos de tecnología y contratación de mantenimiento preventivo, así como la calibración de los equipos de sistemas.
Aunque las adjudicaciones fueron directas, no se presentó evidencia de la documentación que compruebe la recepción de bienes y prestación de los servicios. La Universidad Veracruzana (UV) debe justificar el manejo de un millón 631 mil pesos, ya que recibió siete observaciones.
Una de las observaciones es la rehabilitación del edificio para reubicar la galería Ramón Alva de la Canal, por la cual se determinó que hubo pagos en exceso por volúmenes no ejecutados y falta de validación del proyecto de la CFE.
El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) fue observado por 117 mil 656 pesos ante lo que se consideró que fueron evidentes irregularidades en distribución de vales de combustible al prestador Endered México S.A. de C.V.
En total los poderes Ejecutivo, Judicial y órganos autónomos fueron observados por 566 millones 860 mil pesos.
Entre las observaciones que presentó el Orfis, los organismos públicos descentralizados no se justificó el manejo de 241 millones 686 mil pesos
Los observados son los Institutos Tecnológicos de Martínez, Misantla, Naranjos, Pánuco, Perote, Poza Rica, San Andrés, Tantoyuca, Tierra Blanca, Xalapa y Zongolica. Así como las universidades de Huatusco, Gutiérrez Zamora, el Icatver, la CAEV, Sesver, el DIF y el IVEC. Los fideicomisos son Ambiental Veracruzano, FIVERFAP y el del Centro de Exposiciones y Convenciones.
AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES
Un probable daño patrimonial a la hacienda pública municipal superior a los 2 mil millones de pesos, detectó el Orfis en 210 ayuntamientos y 6 Entidades Paramunicipales (5 Organismos de Agua y 1 Instituto Municipal de la Mujer) en la cuenta pública 2019.
Sólo los ayuntamientos de Colipa y Magdalena no resultaron observados de acuerdo con el Informe presentado a los diputados locales. Los que más figuran por montos en presunto daño patrimonial son: Veracruz, 74.5 millones de pesos: Tuxpan., 47.3 millones de pesos: Zongolica, 41.9 millones de pesos; Córdoba, 25.1 millones de pesos; Orizaba, 18.5 millones de pesos: Coatzacoalcos 15.3 millones de pesos; Xalapa, 14.3 millones de pesos; Tecolutla, 13.1 millones de pesos; San Andrés Tuxtla, 11.2 millones de pesos; Perote, 8.5 millones de pesos, entre otros más.
Los organismos paramunicipales del agua de Coatepec, Huatusco, La Antigua, Naolinco y Córdoba, así como un instituto municipal se presume daño patrimonial por 11.8 millones de pesos.
El documento especifica que derivado de auditorías en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera al sumar 18 observaciones que hacen presumir un daño patrimonial por 39.9 millones de pesos, el Orfis promoverá el fincamiento de responsabilidades y determinación de daños y perjuicios en varios ayuntamientos.
El informe determina de las cargas, adeudos y pagos de pasivos laborales impiden un desarrollo municipal y recomiendan liquidar todo en las actuales administraciones municipales.
ATRASO EN INFORME, POR CRISIS SANITARIA
El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) dio a conocer que por el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2019 se presentó un presunto daño patrimonial por más de 2 mil 645 millones de pesos.
Al realizar la entrega de esta documental ante diputados del Congreso local, la auditora Delia González Cobos señaló que 46 entes estatales presentan irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un importe de 566 millones de pesos.
Asimismo, 28 entes estatales presentan inconsistencias de carácter administrativo y dos sólo tienen recomendaciones.
De los entes municipales, 210 ayuntamientos presentan irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por más de 2 mil millones de pesos y dos ayuntamientos inconsistencias de carácter administrativo.
La auditora indicó que seis entidades paramunicipales presentan irregularidades que generan un posible daño patrimonial por 11 millones, mientras que 10 entidades paramunicipales presentan inconsistencias de carácter administrativo y una sin observaciones, ni recomendaciones.
En materia de legalidad y desempeño, dos entes estatales, tres entes municipales y una paramunicipal presentan inconsistencias de carácter administrativo. Asimismo, se hicieron reintegros por más de 100 millones de pesos, de los cuales 62 millones de pesos corresponden a 108 ayuntamientos, 14 millones a tres entidades municipales y 24 millones a 16 entes estatales.
Explicó que se seleccionaron 305 entes fiscalizables a través de pruebas y muestras selectivas a los cuales se les practicaron 825 auditorías, revisiones y evaluaciones, de las que 596 fueron auditorías integrales.
De ellas, dijo, 306 fueron en materia financiera presupuestal, 224 técnicas a la obra pública, 60 de obra pública y obligaciones, 6 de legalidad y sobre el desempeño, 169 revisiones en materia de deuda pública y obligaciones municipales, así como 60 evaluaciones de participación ciudadana.
“Quienes integramos el Orfis asumimos la responsabilidad de nuestras funciones, lo que nos lleva a presentar las conclusiones de nuestra labor, apegándonos a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad que la auditoría superior nos exige”, dijo
La auditora estatal manifestó que es innegable que la situación de emergencia que continúa persistiendo obligó a todos a tomar medidas extraordinarias, sin que fuese la excepción la actividad fiscalizadora desarrollada por el Orfis.
“En pleno proceso de la revisión de las Cuentas Públicas del ejercicio 2019 y de la que actualmente estamos llevando a cabo por el ejercicio 2020, nos vimos obligados a adecuar esquemas basados en el recurso más valioso que tenemos que es el humano”, expuso.
Destacó la labor de los diputados y diputadas para que, en la condición que se tenía, emitieran los acuerdos para determinar prorrogar la entrega de los informes individuales y del informe general ejecutivo.
Al respecto, recordó que la entrega se aplazó en tres ocasiones, ya que de inicio se debía entregar el 15 de noviembre de 2020, posteriormente a más tardar el 31 de enero del 2021, y finalmente se estableció como término máximo el último día del mes de julio.
