Emiten recomendación a Policía Municipal

Dicho documento se entregó al Ayuntamiento orizabeño luego de realizar la investigación correspondiente y determinar que sí incurrieron en actor violatorios

Mayra Figueiras Hernández

  · viernes 17 de mayo de 2019

Fotografía: Miguel Castillo

Orizaba, Ver.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió una recomendación en contra de la Policía Municipal por violentar los derechos humanos del periodista independiente Oliver Coronado Paz, a quien detuvieron sin motivo alguno en julio del año pasado.

La recomendación es la 19/2019, misma que se entregó al Ayuntamiento orizabeño luego de realizar la investigación correspondiente y determinar que tanto elementos de la corporación de seguridad municipal como el entonces director de Gobernación, Juan Ramón Herebia sí incurrieron en actos violatorios de los derechos humanos del también catedrático de la Universidad Veracruzana, los días 3 y 5 de julio de 2018.

Coronado Paz recordó que el 9 de julio de ese año interpuso una queja ante la CEDH y una denuncia ante la Fiscalía Regional de Córdoba, por los hechos ocurridos en su contra. Cabe recordar que elementos de la corporación policial lo intervinieron arbitrariamente y detuvieron de forma ilegal por, supuestamente haber tomado fotografías a un negocio propiedad del, en ese entonces, director de Gobernación.


El documento REC-19-2019 se puede consultar de forma pública en el portal web de la Comisión Estatal, en él se expone que se violentaron los derechos a la libertad personal, a la integridad personal en su modalidad de integridad psíquica, así como el derecho a la libertad de expresión del comunicador, pues se demostró que la instancia municipal no tenía elemento alguno para intervenirlo y detenerlo.

Esta resolución fue informada también al quejoso mediante oficio DSC/0379/2019, en el que también se le notifica que conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas, así como a la Estatal de Víctimas, se solicitó al Ayuntamiento de Orizaba girar la instrucción para que se reconozca su calidad de víctima, además de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente en contra los servidores públicos involucrados, para determinar su responsabilidad; que se pague una compensación por sus derechos violentados, así como la atención médica y psicológica; aparte de evitar, en lo subsecuente, incurrir en cualquier acto u omisión que lo revictimice.