Orizaba, Ver. De no acatar la disposición del juzgado de Distrito de Córdoba que marca la devolución del Icinemas, el presidente de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos y la síndica Michel Fragoso, podrían incurrir en sanciones mencionadas en la Ley de Amparo, explica Adrián García Rodríguez, abogado.
En los estrados del juzgado de Distrito en Córdoba se publicó el pasado 3 de agosto la notificación al ayuntamiento de Orizaba para devolver el edificio Icinemas conocido actualmente como Centro Orizaba de Convenciones (COCO); sin embargo, siguen sin acatar dicha disposición lo que podría generar sanciones de acuerdo al juez del Juzgado de Córdoba mismos que van desde años de prisión o multa económica esto por omisión.
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El entrevistado manifiesta que de acuerdo a la Ley de Amparo 262, fracción III, se pueden dar a los responsables de 3 a 9 años de prisión, multa e inhabilitación del cargo.
"El juez notifica a la fiscalía general del estado y corre avisó a la legislatura local y esta le quita el fuero, en este caso sería a Juan Manuel diez Francos y a Michel fragoso Martínez en su carácter de presidente y síndico en el caso de la directora jurídica América Argumedo y el tesorero Javier López se procede de manera directa Por qué son empleados de confianza y no funcionarios de elección popular".
Respecto al litigio que existe en el inmueble, mismo que se tuvo desde que se emitió el primer amparo, señala que puede pasar tiempo para que se quite, por lo que aún no pueden dar el lugar a los Evangélicos.
Cuestionado sobre la postura que emitió Juan Manuel Diez Francos, presidente de la ciudad de Orizaba, hace algunos días sobre la resolución que dio ante los medios de comunicación, García Rodríguez manifiesta que no ha sido publicada en los Juzgados.
"Sí en su momento se acredita que el ayuntamiento invirtió en un terreno que no era suyo, obviamente caída en un delito de desvío de recursos" siendo que este inmueble está en litigio, es decir, la pelea de dos personas por el medio jurídico por un inmueble.
Cabe hacer mención que el 28 de julio, el alcalde Diez Francos emitió una rueda de prensa en donde dio a conocer que el COCO sigue siendo de los orizabeños, donde afirmó que el juez que lleva el caso emitió una sentencia definitiva, rechazando así el amparo puesto por los evangélicos desde el inicio de este conflicto dando la razón de duelo y poseedor al ayuntamiento, hecho que fue desmentido por el abogado Adrián García Rodríguez.
La tarde del jueves, el declarante acudió a la presidencia municipal a presentarse y solicitar den cumplimiento a la orden del juez de Distrito de Córdoba.
