Ixtaczoquitlán, Ver.- Con un breve bloqueo al tránsito vehicular a la altura de la entrada a este municipio y posterior marcha, un grupo de mujeres que integran la Colectiva Ixtaczoquitcihuatl exigió que se retire el fuero a Roberto Trinidad N., regidor electo de este municipio, quien señalan, golpeó a su hermana María Esther, de 58 años.
Encabezadas por Minerva Juárez, integrante de la Colectiva y de Luz María Reyes Huerta, del Colectivo Marea Verde Altas Montañas, que se sumó a la protesta de la naciente agrupación, cerraron por espacio de 15 minutos el paso vehicular, mientras gritaban exigiendo justicia para las mujeres violentadas en su municipio.
Reyes Huerta, resaltó que, si Roberto Trinidad N es capaz de agredir a su hermana, “de qué no será capaz esta persona, con qué elementos va a poder atender a la población si es un agresor”, destacó.
La exigencia de las mujeres es que ni un agresor más llegue al poder. La agraviada interpuso la denuncia correspondiente, hizo lo que tenía que hacer, “pero como siempre, hay retraso en la impartición de justicia, lo que revictimiza a la señora, a la que sigue violentando en su domicilio, porque ahí están sus agresores; lo preocupante es que pronto será servidor público”, remarcó.
Al partido que lo postuló exigen que lo retire del cargo porque no puede llegar al poder, “eso es lo que exigimos a todos los partidos políticos si alguno de sus integrantes agrede a una mujer”.
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Además de apoyar el caso de María Esther, durante el bloqueo y marcha las participantes evidenciaron denuncias de personas que han violentado mujeres en este municipio.
Posteriormente, en un comunicado, Marea Verde expresa que Esther al igual que miles de Veracruzanas que son violentadas enfrenta el tortuguismo, la dilación en impartición de justicia que se ve incrementada ante las restricciones del Covid 19.
“Pero, ¿qué hace diferente el caso de Esther al de miles de Veracruzanas que enfrentan violencia?, la respuesta es que su agresor resulta ser Roberto Trinidad N., regidor electo de este municipio. Es decir, un agresor estaría en un cargo público, lo que significará que éste seguirá perpetuando sus prácticas de violencia contra las mujeres amparado por el fuero constitucional de su cargo”.