Pese a que en las funciones de un legislador no se encuentra la entrega de apoyo a la población, entre 2018 y hasta junio del año en curso el Congreso de Veracruz ha destinado 12 millones 331 mil 272 pesos en el concepto de ayudas sociales.
El Informe Legislativo del Instituto Mexicano para la Competitividad AC (IMCO) ubica al Congreso del Estado como el tercero más costoso del país, pues el presupuesto asignado para 2018, correspondiente a 732 millones 185 mil pesos, fue superado únicamente por el Legislativo de la Ciudad de México que ejerció 2 mil 366 millones de pesos y el Estado de México, cuyo monto fue de mil 582 millones de pesos.
IMCO señala en su reporte que durante 2018 el Congreso de Veracruz destinó de su gasto total un 36% en ayudas sociales.
Conforme a la información oficial el presupuesto de 2018 para el Congreso local se dividió de la siguiente manera: 421 millones 666 mil pesos para servicios personales, 17 millones 568 mil pesos para materiales y suministros, 81 millones 330 mil pesos para el rubro de servicios generales, 26 millones 545 mil pesos en bienes muebles, inmuebles e intangibles, y 185 millones 76 mil pesos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
Del rubro de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se derivan los fondos para las ayudas sociales, acción para la cual en 2018 se destinaron 8 millones 192 mil 087 pesos.
Además, el año pasado se aprobó un monto de 2 millones 520 mil pesos para donativos, sin embargo, no se especifica si esta cantidad fue devengada o no.
El presupuesto del Congreso del Estado para esta anualidad es de 776 millones 116 mil 100 pesos, monto distribuido como a continuación se menciona: 443 millones 631 mil 550 pesos para servicios personales, 24 millones 889 mil 850 pesos para materiales y suministros, 81 millones 330 mil para servicios generales, 192 millones 397 mil 850 pesos para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, y 33 millones 866 mil 850 pesos en bienes muebles, inmuebles e intangibles.
Para el presente ejercicio fiscal el rubro de ayudas sociales obtuvo una aprobación de 10 millones 713 mil 745 pesos, de los cuales, según el último reporte de la 65 Legislatura con corte al 30 de junio del año en curso, se han aplicado 4 millones 139 mil 165 pesos.
El rubro de los donativos obtuvo la aprobación de un millón 200 mil pesos, monto del que al mes de junio se habrían aplicado 29 mil 257 pesos.
En la información oficial no se especifica quiénes fueron los beneficiados, las reglas de asignación y operación para manejar los recursos; sin embargo, en redes sociales los legisladores muestran fotografías de entrega de apoyos, como tinacos, uniformes y productos escolares, electrodomésticos, material de cómputo, balones y pintura, sillas de ruedas, bombas de agua, láminas y ayudad para atención médica.
Conforme a lo establecido en la Fracción V del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, los legisladores tienen entre sus derechos: “Recibir una dieta mensual y las demás percepciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones legislativas, de control, de representación y de gestoría, de conformidad con las disposiciones presupuestales aplicables”.
Sin embargo, en ninguno de los artículos se especifica que los legisladores puedan realizar la entrega de apoyos, construcción de obra pública o vialidades.
Al respecto, la diputada local del PAN, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, reconoció que dentro de sus funciones no se encuentra la entrega de apoyos, pero las realiza por la dificultad que representa para las personas con escasos recursos poder acceder a un beneficio social.
Las personas tienen dificultades para acceder a los programas sociales, por ejemplo, de aparatos auditivos o sillas de ruedas, en estos casos las reglas de operación que se tienen obligan a las personas a viajar dos o tres veces a Xalapa y ello no les garantiza que sean beneficiados con el programa, por lo que se busca apoyarlos de manera directa
Indicó que ha ingresado varias solicitudes al sistema DIF estatal sin lograr respuesta, por lo que ha optado por comprar algunos materiales para cubrir las necesidades de la población más vulnerable, tomando como urgencia el área de la salud.
“Las necesidades que se tienen en las zonas rurales son demasiadas y es muy difícil acceder a los programas, sí he realizado algunas compras, aunque es complicado cubrir las peticiones de los pobladores de los 14 municipios y casi 600 localidades que integran mi municipio. Algunas de las acciones de entrega se han hecho en colaboración con la asociación Mariana Trinitaria de Oaxaca con la que trabajo desde hace más de dos años”, manifestó.
Sobre el tema, el dirigente estatal del PRD, Jesús Alberto Velázquez Flores, señaló que se les debe cuestionar a los legisladores sobre las acciones que se han realizado para garantizar la austeridad que se anunció desde el inicio de la actual Legislatura.
Consideró que para lograr un ahorro en los recursos se podrían reducir algunos gastos, entre ellos la entrega de apoyos sociales directos, pues se trata de una actividad que no corresponde a los legisladores, “esperamos que se pueda lograr un verdadero ahorro y que se ajusten a lo que la Ley Orgánica y el propio Congreso establece”.
Sin aplicarse la austeridad
En noviembre pasado, con el inicio de la 65 Legislatura, se prometió una reducción del 20% a los salarios de los diputados locales, hecho que no se ha llevado a cabo, por lo que el primer periodo ordinario de sesiones costó 36 millones 450 mil pesos en salarios, prestaciones y gastos de los 50 legisladores.
El gasto mensual por el salario de los 50 legisladores fue de 7 millones 150 mil pesos, 143 mil pesos por cada diputado (45 mil de viáticos, 40 mil de comisiones y 58 mil de salario).
Al sumar los tres meses que se devengaron en salarios y prestaciones de diputados se obtiene un monto de 21 millones 450 mil pesos, monto al que se le deben agregar los 15 millones que se asignaron para el gasto de las fracciones parlamentarias (100 mil mensuales por legislador para prerrogativas, asesores y gestiones).
A la fecha sólo se pueden mencionar las acciones que los legisladores locales hicieron en el primer periodo de sesiones, pues la página oficial no cuenta con los datos del segundo periodo.
En el primer periodo se aprobaron un total de 10 decretos, entre ellos una la Ley de Austeridad Republicana propuesta por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la reforma al artículo 33 de la Constitución Política con la que se le brindó facultades a la Legislatura para remover y colocar al fiscal general del estado con la votación de las dos terceras partes y que fue a propuesta de la bancada de Morena.
En este periodo se generaron 339 iniciativas de ley, de reforma, decretos, anteproyectos de punto de acuerdo, pronunciamientos y participaciones desde la máxima tribuna.
Se realizaron 16 sesiones ordinarias, la de instalación y dos solemnes. Los legisladores tenían que registrar un total de 950 asistencias en las 19 reuniones; sin embargo, sólo pasaron lista en 886 ocasiones, es decir, faltaron 3.5 diputados en promedio a cada cita.
En el periodo se presentaron 218 proyectos de ley, entre ellos las 212 Leyes de Ingresos de los municipios y del Estado; se dio entrada a 41 iniciativas de decreto; presentaron 41 anteproyectos de puntos de acuerdo, 20 pronunciamientos y 19 posicionamientos.
Se reportó un total de 178 participaciones de diputados en las 18 reuniones de trabajo, lo que en promedio significa que en cada plenaria 9 de cada 50 diputados subieron a la máxima tribuna.
A través de la correspondencia se recibieron 419 documentos, de esos se turnaron a comisiones 355, 16 se aprobaron por urgente y obvia resolución, en 30 casos se dieron por enterados y 17 se turnaron a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
En el mencionado periodo se aprobó la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, así como de los 212 municipios, además de que los legisladores dieron su aval para la Ley Austeridad Republicana propuesta por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y en la que se establecen reducciones a los gastos de las dependencias y al salario de los servidores públicos.
