Orizaba, Ver.- En los 212 municipios de Veracruz faltan programas educativos y escuelas para invidentes, aseveró el presidente de la asociación “Mira por Mi”, Iván Cortés Gómez.

“Niñas, niños, adolescentes, jóvenes con discapacidad y sus familias siguen enfrentando barreras en el acceso, permanencia, aprendizaje e ingreso a la educación básica y media superior”, agregó.

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Autoridades se olvidan de las personas discapacitadas

Recordó que, en cada campaña, los candidatos a la presidencia de la República, a la gubernatura, senaduría o diputación federal, incluyen en su discurso la ayuda a los discapacitados, pero llegan al poder y se olvidan de ese compromiso.

Reconoció que no todas las escuelas ni los planteles están preparados ni tienen las condiciones necesarias para otorgar un servicio educativo adecuado a las necesidades que presentan las personas con discapacidad.

Esta es una realidad que va en contra de la propia Constitución Mexicana y de los tratados internacionales como lo es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, (de los que México fue protagónico en su promulgación global).}

¿Cuántas personas discapacitadas hay en México?

Según el Censo 2020, en el país hay 2 millones 108 mil 786 personas con discapacidad (pcd) de entre 5 y 17 años, es decir, en edad escolar.

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En 2020 sólo el 70.7 por ciento de las personas de 12 a 14 años, con discapacidad, había concluido la primaria, mientras que 90% del mismo grupo de edad, pero sin discapacidad, concluyó ese nivel.

“La mayoría de las escuelas de educación primaria, secundaria y media superior carecen de las condiciones de accesibilidad, indispensables para favorecer la formación de estudiantes con discapacidad y para otorgarles experiencias educativas y sociales en igualdad de condiciones”, añadió.

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Explicó que las escuelas públicas de zonas marginadas, rurales o con población indígena tienen menor infraestructura de accesibilidad y apoyo. “Las personas con discapacidad que pertenecen a hogares indígenas, hablan una lengua indígena o viven en localidades con alto rezago social enfrentan, de manera simultánea, diversas formas de exclusión en el acceso y permanencia en el sistema educativo.

“No existe tampoco, alguna valoración ni manera de medir el porcentaje de instituciones que rechazan a familias con hijos con discapacidad, al momento de solicitar su matrícula de ingreso”, apuntó.

“Si bien la Constitución lo estipula, las escuelas son independientes a la hora de decidir a quiénes acepta y a quiénes no”, puntualizó.

Finalmente, Cortés Gómez, resumió el caso de los que logran romper esa primera y gran barrera e ingresaron a un salón de clases, pues se enfrentan a un nuevo reto: no hay materiales adaptados para su aprendizaje