Orizaba, Ver.- Del total de feminicidios que se denuncian ante la autoridad correspondiente sólo el 8 por ciento se esclarece y se llega a una sentencia, eso evidencia la impunidad que prevalece en este tipo de delitos y favorece que se sigan cometiendo, aseveró Luz María Reyes Huerta, activista de Marea Verde Altas Montañas.
Dijo que el mensaje que envía la autoridad es que por matar a una mujer -por el simple hecho de serlo- no va a pasar nada, dijo y apuntó que la violencia está tan normalizada que repercute en la impartición de justicia, que le queda a deber mucho a ese sector.
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Mencionó que de acuerdo con el registro que lleva Marea Verde del número de mujeres asesinadas, en el año son 103, pero “nuestras cifras se quedan cortas respecto al número que lleva el Observatorio Universitario de Violencia hacia las mujeres, que es el organismo que tiene mayor mapeo en el estado”.
De acuerdo con las cifras del Observatorio son 68 feminicidios de enero a septiembre de este año, a los que se suman -en ese mismo periodo- 79 homicidios de mujeres, es decir, 147 mujeres asesinadas en tan solo ocho meses.
“Eso evidencia la gravedad de la problemática y que desde los órganos de gobierno federal, estatal y municipal tratan de invisibilizar esta problemática”, afirmó.
Refirió que a pesar de que las autoridades dicen trabajar en atender la violencia, las cifras que se manejan ponen en evidencia que no se están haciendo las acciones necesarias para atender la problemática.
¿Se percibe un cambio antes y después de las alertas en Veracruz?
Agregó que se habla mucho de las alertas y de que se han destinado recursos a las mismas, “pero eso no se ve traducido en la vida de las mujeres, porque no hay diferencia entre un antes de la alerta y un después de ella; seguimos viviendo en la misma situación de violencia”, aseveró.
Dijo que, "este 2022 termina en peores condiciones en comparación con administraciones pasadas, pues la actual aplica la estrategia de invisibilizar y negar la problemática, mientras que las anteriores por lo menos reconocían el problema, pero el gobierno actual, lo niega e incluso el Sistema de Seguridad Pública que manejaba las cifras por estado ya dejaron de hacerlo porque lo que se pretende a todas luces es invisibilizar y negar esta problemática”, concluyó.