Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció la responsabilidad estatal por la conducta llevada a cabo el 11 de enero de 2016 por autoridades del gobierno de Veracruz, que ocasionó la desaparición forzada, tortura y ejecución arbitraria de cinco jóvenes.
En el Museo Memoria y Tolerancia, en la Ciudad de México, dijo que con ello se violaron derechos a la libertad personal, integridad y vida.
“Y a ustedes como sus familiares el derecho a la verdad, integridad y seguridad jurídica. Es el inicio de darle su lugar a la verdad y detener de alguna manera el daño causado a particulares por la estructura del gobierno del estado que la ocultó, tergiversó y alentó la mentira en torno a este caso”, dijo.
El mandatario estatal refirió a los padres y madres de José Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez, Susana Tapia Garibo, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arróniz: “reconocemos que el estado les falló, no hubo capacidad de darles seguridad y proteger a sus jóvenes”.
“Todos deben saber que elementos de seguridad de Veracruz detuvieron arbitrariamente y desaparecieron a sus hijos dejándoles a ustedes un inmenso dolor”, añadió.
En su momento, subrayó, el gobierno falló en la respuesta que se les dio ante dichas atrocidades “en la falta de una respuesta adecuada, pronta y diligente que los acercara a la justicia ante la desesperada y digna búsqueda de sus hijos”.
“Les ofrezco una disculpa porque elementos de seguridad que debían protegerlos incumplieron la ley y sin una causa justificada, sin que existiera ningún motivo, se los llevaron y se los entregaron a presuntos miembros del crimen organizado. Una disculpa porque no se detuvo a tiempo la colusión de elementos de la policía del estado de Veracruz con el crimen organizado", indicó.
“Por el sufrimiento que vivieron sus hijos, porque no regresaron a su casa como querían; les ofrezco una disculpa por la impunidad a la que ustedes como familias se enfrentaron, las dificultades que vivieron al denunciar los hechos, la falta de una respuesta estatal ante los hechos ocurridos, por las veces que se intentó criminalizar a sus hijos, pues sin justificación alguna se les señaló falsamente. Que quede muy claro: Bernardo, José, Susana, José Alfredo y Mario Arturo eran inocentes y nunca debieron vivir los hechos que sufrieron”, enfatizó.
Asimismo dijo que los procesos que se siguen en contra de las personas detenidas deben llegar “a buen puerto” y con procesos adecuados que aseguren las condenas respectivas tanto por desaparición forzada como por delincuencia organizada.