A casi cuatro años de la explosión en la Planta Clorados III en el Complejo Petroquímico Pajaritos, ubicado en Coatzacoalcos, la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo, SA de CV, subsidiaria de Mexichem, aún no realiza el programa de remediación ambiental.
De acuerdo con la Resolución No. PFPA/03.2/2C27.1/0013/19/0030, emitida el 16 de diciembre de 2019 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo SA de CV (PMV), a pesar de haber presentado el Estudio de Caracterización de la Planta Clorados III y el Programa de Remediación, éstos se encuentran pendientes de ser evaluados y aprobados por parte de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales).
Sobre el contenido del Programa de Remediación presentado por PMV, la Semarnat respondió el 26 de febrero de este año, mediante solicitud con folio 0001600038720, que dicha información “se encuentra resguardada en los archivos de esta autoridad, la cual tiene naturaleza de confidencial por tratarse de secreto industrial”.
Con ello, el resultado definitivo de las evaluaciones de riesgo, tanto ambiental como humano, se mantienen en secrecía para la población en general, particularmente para aquellas personas que viven en la zona aledaña al complejo petroquímico.
El estatus ambiental
Hasta diciembre de 2019 la Profepa resolvió que en virtud de que la empresa PMV infringió la normatividad ambiental, ésta fue sancionada con la multa de un millón 520 mil 820 pesos; sin embargo, la autoridad federal se abstuvo de emitir medidas correctivas a causa de los materiales y residuos peligrosos generados por la explosión, pues está en espera de que la Semarnat evalúe y apruebe las propuestas presentadas por PVM, en el que se deberá contemplar el manejo y disposición final de los residuos peligrosos y la remediación del sitio.
De acuerdo con el documento oficial proporcionado por la Profepa, la empresa PMV acreditó ante la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat, la presentación de la Propuesta de Programa de Remediación de la parte interior del predio de la planta petroquímica; no obstante, señala que PMV no proporcionó prueba alguna que dicha Dirección General haya determinado que no es necesaria la presentación de una Propuesta de Programa de Remediación en la parte exterior del citado complejo.
Asimismo, la Profepa informó a la PMV que si con posterioridad se detectara contaminación en el sitio que ocupa la planta Clorados III, y que la misma se haya provocado con motivo de la explosión ocurrida el 20 de abril de 2016, “será responsabilidad de la misma y estará obligada a llevar las acciones tendientes a dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas que establecen la Ley General de Gestión Integral de los Residuos, sus reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables”.
Los daños a considerar
El próximo 20 de abril se cumplirán cuatro años de la explosión en las instalaciones de la planta Clorados III, en el Complejo Petroquímico Pajaritos, un evento registrado a las 15:30 horas, aproximadamente, que tuvo como saldo 32 personas fallecidas y 160 heridas, y según las investigaciones efectuadas por autoridades ministeriales responsables, concluyeron el accidente “obedeció a un caso fortuito o fuerza mayor”. Según los datos expuestos en el “Convenio de Responsabilidad Objetiva para la Realización de Acciones de Compensación de Afectaciones Indirectas ocasionados al Ambiente”, firmada el 21 de abril de 2016, entre la Semarnat, a través de la Profepa, y la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo SA de CV, las afectaciones indirectas ocasionadas a la atmósfera y potencialmente al suelo fueron producidas por emisiones de 348.48 toneladas de acido clorhídrico y de 507.564 toneladas de dióxido de carbono provenientes de la explosión.
En su momento, durante la inspección al sitio, la Profepa señaló que por las características de peligrosidad que presentan los materiales y residuos peligrosos, éstos podrían impactar de manera negativa al medio ambiente, la salud de la población, los ecosistemas, los recursos naturales y el equilibrio ecológico y, además, no se contaba con evidencias de que existieran condiciones de seguridad para garantizar que no se provocaran impactos ambientales por el manejo y combustión de sustancias.
Las sustancias peligrosas
La empresa PMV utilizaba en sus procesos productivos sustancias como ácido clorhídrico, etano, etileno, catalizados de cloruro cúprico, contenido en un reactor afectado por la explosión, lana mineral y equipos de proceso impregnados con productos químicos de peligrosidad, como el dicloroetano.
Dichas sustancias tienen efectos graves no sólo para la vida acuática y los suelos, sino para la salud humana.
Al respecto, la Profepa señala que, basada en estudios, la gente que se expuso accidentalmente a grandes cantidades de dicloroetano en el aire o que accidentalmente tragó este líquido experimentó a menudo problemas del sistema nervioso y contrajo enfermedades del hígado y riñón.
También cita los efectos sobre el pulmón, luego de la inhalación de grandes cantidades de dicloroetano.
En casos fatales la causa de la muerte más frecuente fue la falla cardiaca. No sabemos cuáles fueron los niveles de dicloroetano que causaron estos efectos, pero probablemente fueron altos
Asimismo, apuntó que hasta ahora la exposición al dicloroetano no se ha asociado con cáncer en seres humanos.
No obstante, consideró como “grave” el hecho de que no se haya presentado la Propuesta de Programa de Remediación debidamente aprobada y por consiguiente la liberación del sitio por parte de la Semarnat, dadas las consecuencias que traen la exposición de las sustancias que se manejaban en la Planta Clorados III y que luego de la explosión fueron esparcidas tanto del interior como en el exterior del complejo petroquímico.
En la Resolución emitida por la Profepa también destaca que la explosión tuvo una gran afectación al ambiente, “misma que antes de que ocurriera no existía”, se lee en el informe.
El entramado legal
En la revisión de la Resolución emitida por la Profepa, cuya versión pública fue proporcionada a este medio a través de la solicitud de información 1613100010320, se observa que a través de un largo proceso legal, la empresa PMV realizó diversas acciones para atender un total de 11 hechos y/u omisiones presuntamente constitutivos de infracciones a la legislación ambiental, contenidas en el Acta de Inspección número PFPA/3.2/2C.27.1/031-2016-AI-VER, con fecha 22 de abril de 2016, por lo que la dependencia federal declaró “incumplimiento parcial”.
Asimismo, durante el periodo de presentación de pruebas documentales, los representantes legales de PMV manifestaron que no era necesario llevar a cabo acciones de remediación alguna.
Basados en estudios técnicos denominados “Evaluación de Riesgo Ambiental al Ecosistema” y “Evaluación de Riesgo Ambiental a la Salud Humana”, a cargo de Corporación Ambiental de México, SA de CV, presentadas en octubre 2016, la empresa PMV concluyó que “no existe evidencia de contaminación por dicloroetano y cloruro de vinilo en el suelo ni en el agua de los cuerpos superficiales muestreados en toda el área”.
Asimismo, argumentó que los riesgos ecológicos son insignificantes y las exposiciones a concentraciones de contaminantes químicos por parte de trabajadores industriales o residentes no dan lugar a riesgos para la salud “por encima de los niveles de preocupación regulatorios”.
Respecto a la obligación de PMV de enviar a disposición final los residuos peligrosos generados con motivo de la explosión, a través de empresas autorizadas por la Semarnat, la Petroquímica Mexicana de Vinilo presentó manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos, de donde se desprende que las empresas autorizadas y destinatarias fueron Translíquidos Especializados del Golfo SA de CV, Autolíneas Integrales Mexicanas, SA de CV y Rubí González Vázquez, sin embargo, de las tres empresas presentadas por PMV, ésta únicamente presentó fotocopia de la autorización a nombre de la transportista Translíquidos Especializados del Golfo SA de CV.
Al requerir información sobre la evaluación de daños al ambiente en torno al siniestro, realizada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ésta proporcionó copia del Oficio No. B00.805.08.03.-1893/16, firmado por el entonces director general Iván Hillman Chapoy, dirigido al secretario de Medio Ambiente de Veracruz, Víctor Alvarado Martínez, en el que indicó que las concentraciones de sustancias detectadas no representan un riesgo para la vida acuática.
“Las concentraciones de 1.2 dicloroetano, que en su momento pudieron alcanzar los cuerpos de agua aledaños a la zona del evento, no rebasaron la capacidad de asimilación y dilución de las corrientes, por lo que la concentración detectada no representan un riesgo para la vida acuática”, indica el documento antes citado.
Asimismo, el 13 de mayo de 2016, la Conagua informó a la Sedema de Veracruz que con respecto “a las otras posibles sustancias químicas” que pudieron ser vertidas a los cuerpos de agua aledaños, y que no fueron detectadas a través del pH, “consideramos que las mismas condiciones fisicoquímicas del arroyo Teapa favorecieron su amortiguamiento”, firmó el también exalcalde de Coatzacoalcos, Iván Hillman Chapoy.
En el Informe Financiero correspondiente al cuarto trimestre de 2018, presentado por la empresa Mexichem, ésta reportó que derivado de la explosión en Pajaritos, donde se localizan dos de las tres plantas de su subsidiaria PMV, la planta Clorados III fue la que sufrió mayor daño, con un impacto económico que ascendió a 320 millones de pesos por concepto de pérdida de activos, costos de cierre de la planta (que incluyó daños a terceros y civiles) y gastos de responsabilidad civil, ambiental, abogados y asesores.
No obstante, la empresa Mexichem logró cobrar —en mayo de 2018— la cifra de 267.5 millones de pesos de las compañías aseguradoras que cubrían la póliza de daños a la propiedad, montaje e interrupción de negocios.
Acciones para reparar daño, en el olvido
La remediación ambiental para atender los daños ocasionados por la explosión en la planta Clorados III se mantuvo en el olvido durante la administración federal del presidente Enrique Peña Nieto y, actualmente, es un pendiente para el gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador.
Por otro lado, el pasado 12 de diciembre de 2019, en conferencia de prensa, el titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo Manzur, reconoció públicamente la existencia de “infiernos ambientales” en seis regiones del país, entre ellas la zona de Coatzacoalcos, debido a la contaminación industrial donde no sólo se alcanzan “niveles realmente extremos” de contaminación en mantos acuíferos, suelo, tierra, sino que además representa problemas de salud “terribles”.
Hasta esa fecha, la Semarnat se encontraba en contacto con diversos movimientos ambientalistas y ciudadanos afectados por la contaminación emitida; asimismo, la dependencia federal había adelantado la colaboración de la Secretaría de Salud para generar proyectos enfocados al tema de emergencias ambientales y sanitarias.
