ORIZABA, Ver.- Para Jairo Guarneros Sosa, titular de la Coordinadora de la Sociedad Civil en la región de Orizaba, el hecho que se cometió contra doña Ernestina Ascencio, una mujer anciana náhuatl, presuntamente violada por parte de militares de un destacamento ubicado en la zona serrana, “me suena más a un acto contrainsurgente y, eso hace peor las cosas”, aseveró.
Reabrir el caso Ernestina Ascencio, dijo, debe ser para hacer justicia y sancionar, no solo a los responsables directos sino a quienes en ese momento fueron cómplices guardando silencio de lo que realmente había pasado en Tetelcingo, Atzompa.
Recordó que, en esos días uno de los mandos militares señalaba, desafortunadamente, que los militares estaban asignados a esta zona, “que no sabemos para qué lo estaban, no pudieron haber sido los responsables porque tenían pocos días de haber estado francos y de haber estado con sus familias".
“Esa es una posición sumamente misógina. Pensar que un abuso sexual se da para el placer del abusador es totalmente misógino, porque en una violación lo que en el fondo existe es un abuso de poder, es, yo hombre puedo hacer lo que quiera y tú eres un objeto que está a mi servicio”, aseveró.
Si se reabre el caso, dijo, debería ser para reivindicar al perito que señaló, en su momento, que dijo las causas de su muerte y fue sancionado por ello.
“Hacer justicia es sancionar, no solo a los responsables directos sino a quien en ese momento era presidente de la República, Felipe Calderón; al titular en ese tiempo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al gobernador del estado, Fidel Herrera; a los procuradores que sostuvieron esa mentira y al mando superior del Ejército, por ser cómplice guardando silencio de lo que realmente había pasado”. Esa, enfatizó es realmente la justicia, no negociada ni parcial, donde probablemente a los que directamente participaron se les llegue a sancionar, si es que son todavía sancionables.
Destacó que se debe conocer también la razón por la cual se dio ese abuso sexual y esa muerte, porque, afirmó, no fue un hecho fortuito, ni sólo de abuso de poder, “sino una acción, desde mi punto de vista, totalmente planeada y premeditada por parte del Gobierno Federal”, concluyó.
Reconocen organizaciones peticionarias reconsideración del Estado sobre caso Ascencio
ORIZABA, Ver.- Representantes de las organizaciones peticionarias en el caso de doña Ernestina Ascencio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconocieron la importancia de la reconsideración que hizo el Estado Mexicano en torno a su caso, mas no los términos en que lo hicieron.
La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Kalli Luz Marina, A.C., el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, A. C. y Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C., señalan en primer lugar, que la Fiscalía General de Justicia de Veracruz ha demostrado no estar calificada para reabrir la investigación.
“Entre otras razones, porque es una de las presuntas responsable de las violaciones denunciadas ante la CIDH y porque no garantizó una investigación imparcial, seria, profesional y efectiva”.
En el documento destacaron que, en la audiencia del 4 de diciembre pasado ante la CIDH, presentaron los aspectos que debe incluir una solución adecuada de este caso para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la no repetición, tanto para la Señora Ernestina Ascencio, como para las mujeres indígenas de México.
Recibieron de buena forma el anuncio que hizo el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, “en el sentido de que la postura adoptada en la mencionada audiencia no representa la posición del Estado Mexicano”, esto sin dejar de manifestar preocupación porque durante la audiencia se presentó una postura a nombre del Estado sin que fuera tal, lo cual constituyó una falta grave ante la CIDH y ante las peticionarias.
Por ello solicitaron una aclaración sobre lo ocurrido y de ser el caso, que se apliquen las medidas correctivas o sancionatorias que correspondan.
A fin de garantizar la verdad, memoria y justicia, una solución satisfactoria del caso de la Señora Ernestina Ascencio, debe ser integral, es decir, que tome en cuenta las diferentes violaciones de derechos humanos que están bajo examen ante la CIDH y atienda las causas y contextos estructurales que originaron las mismas.
“Por todo lo anterior, exigimos una investigación independiente con cargo al Estado, tendiente a conocer la verdad de lo ocurrido, que identifique a los responsables e imponga las sanciones correspondientes, además de garantizar que no se generen nuevas afectaciones a su familia y a su comunidad”, concluyen.