Xalapa, Ver.- Diputados locales del PAN presentaron en la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia presentar una denuncia en contra el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, y el Secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal, uso ilícito de atribuciones y facultades.
Los panistas denunciaron a los servidores públicos por la compra y arrendatario de patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública.
El coordinador de la fracción, Sergio Hernández, señaló que pidieron la información referente a este tema, sin embargo, se ha clasificado como asunto "reservado".
Por lo anterior y en base a declaraciones públicas del Gobernador Cuitláhuac García y del Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado; el expediente también incluye al Secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco.
Los panistas indicaron que el arrendamiento de las patrullas, que tendrá un plazo de más de tres años, debió aprobarse en el Congreso Local.
"La negativa de hacer públicos los expedientes de licitación, la negativa de proporcionar nombres de las empresas beneficiadas a quien se contrató, la omisión de pedir autorización al Congreso del Estado para suscribir un arrendamiento financiero”, explicó Hernández.
En su opinión, se ha violado la ley de contabilidad gubernamental pues se ha incumplido con la transparencia y máxima publicidad.
Además, comentó que de acuerdo a la Ley de Austeridad, los vehículos deben cumplir con ciertas características, pero dada la opacidad de la información se desconoce bajo qué términos se hicieron los contratos.
"Entre las obligaciones que fija la Ley General de Transparencia, está el publicar y actualizar en las páginas oficiales está información, cosa que no ha pasado".
Consideró que la información no puede manejarse como reservada por parte de las autoridades, como lo hicieron para no dar a conocer todo lo referente a esta compra y arrendamiento.
En ese sentido, dijo que los funcionarios están obligados a dar a conocer la información a los veracruzanos y por lo tanto, es la Fiscalía quien debe intervenir.