Orizaba, Ver.- El Ayuntamiento de Orizaba no tiene ningún expediente abierto ni recomendación de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por incurrir en alguna violación a los derechos de los ciudadanos; por lo contrario, recibió un oficio donde se le notifica que la investigación que se hizo al Municipio por el caso de Román y Ernesto, los hermanos asesinados por elementos de la Policía Municipal en el 2018, está cerrada.
En entrevista, el presidente municipal Juan Manuel Diez Francos dijo que la notificación la recibió hoy, después de seis años de este hecho que lastimó no solo a la familia de los jóvenes profesionistas, sino a toda la ciudad. “Cuando sucedió yo no era alcalde, pero ya está cerrado, afortunadamente”.
Recuento de la tragedia
El caso del que se notificó cierre de la investigación hacia el Municipio fue el de los hermanos Román y Ernesto, quienes fueron asesinados durante la madrugada del 1 de noviembre de 2018, afuera de su domicilio, cerca del hoy Coliseo La Concordia, tras una persecución por elementos de la Policía Municipal.
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Por su muerte abrió el expediente 169/2018 y se detuvo a 14 elementos de esa corporación, mismos que estuvieron bajo investigación. Cuatro años después, en el 2022, un juez sentenció a seis de ellos a una condena de 63 años de prisión, dio a conocer mediante un comunicado la Fiscalía General del Estado, en octubre del 2019.
El acontecimiento provocó una protesta a la que se sumaron representantes de los diferentes sectores de la sociedad, que se llevó a cabo el 5 de noviembre y juntos alzaron la voz frente al Palacio de Orizaba, exigiendo justicia para los jóvenes profesionistas y castigo para los responsables.
En octubre de 2020, un reporte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló que la autoridad no probó que la persecución y el uso de la fuerza letal contra las víctimas estuviera justificada, pues seis elementos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, luego de advertirse que “actuaron probablemente fuera del marco legal”.
Por ello, la CEDH emitió la recomendación en ese entonces al Ayuntamiento de Orizaba para que otorgara atención médica psicológica especializada a la familia, conforme a sus necesidades y, que debía pagar una compensación que contemplara la reparación del daño.
Por otra parte, sobre la queja que en su contra presentó ante la CEDH un ciudadano por violentar sus derechos, dijo que la desecharon por falsedad.
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“Decía que yo lo había metido a la cárcel y no. El señor rompió un bien municipal, la Policía lo detuvo, tuvo que pagar su multa administrativa y sacar los permisos en el Ayuntamiento de lo que quería destruir en las banquetas”.
Resaltó que en el documento que recibió está estipulado el procedimiento que se siguió y del que finalmente se emitió la resolución de que no procedía la queja y, por tanto, ninguna recomendación.
“La ciudad de Orizaba no tiene ninguna recomendación ni solicitud de más información en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, creo que con la terminación de este sexenio del estado estamos limpios y todo en orden”, concluyó.