La directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Daniela Griego Ceballos, aseguró que la posibilidad de realizar una reforma a la Ley de Pensiones del Estado no debe verse con una connotación negativa, sino como una opción incluyente que permita mejorar los ingresos propios para seguir cumpliendo con el pago de jubilaciones.
Recordó que por Ley el Consejo Directivo tiene la atribución, establecida en la fracción dos del artículo 82, de proponer cada cuatro años al Ejecutivo reformas o adiciones a la norma, “lo que se establece es que sean reformas adaptadas a la realidad actual y basadas en las recomendaciones de los estudios actuariales”.
“El Instituto tiene la obligación de someterse cada año a un estudio actuarial, lo hace un despacho externo, es una radiografía de cómo se encuentra el instituto y una proyección de cómo vamos a estar. No es nada extraño que se pueda proponer una reforma a la ley”, dijo.
Comentó que los estudios actuariales recomiendan realizar modificaciones a la ley, no sólo de Veracruz, sino de otros estados del país, “estas recomendaciones están dadas por el déficit que presenta el IPE y todos los sistemas de pensiones en el país, tanto federales como estatales funcionamos deficitariamente, es un tema que está en constante revisión, sobre todo de las posibles reformas legales que ayuden a mitigar el déficit”.
Reconoció que el número de pensionados ha ido creciendo, lo cual tiene que ver con varias circunstancias, entre ellas: una política laboral, la creación de menos plazas para trabajadores activos, el incremento en la esperanza de vida y las pensiones que se heredan.
“Este déficit ocasiona que los gobiernos destinen una cantidad importante del presupuesto de egresos para subsidiar los sistemas de pensiones, ya que por sí solos no generan los ingresos suficientes para poder pagar la nómina de pensionados, en el caso de Veracruz los principales ingresos son las cuotas y aportaciones que recibimos de los trabajadores activos, más rentas e inversión”, dijo.
En su opinión, una modificación a la ley debe incluir un proceso amplio, incluyente y pensando en que los integrantes del Consejo Directivo deban valorar, “no se debe poner un término positivo o negativo, sino que se debería revisar, nosotros no tenemos ninguna propuesta, pero el tiempo que tenemos aquí nos da la posibilidad de presentar un panorama sobre cómo se encuentra el instituto”.
Consideró que una reforma de este tipo debe incluir a las organizaciones de pensionados, sindicatos, al Congreso local, al Gobierno del Estado y al propio IPE, además de que tendría que enfocarse en la generación de ingresos propios.
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Se debería buscar mejorar el programa de préstamos, aumentar la productividad de los inmuebles, mejorar las propias inversiones financieras, abrir el ala de negocios que fue cancelada y revisar el tema de los trabajadores activos.
IPE NO ES CARGA PARA EL GOBIERNO
La directora del Instituto recordó que en la norma se establece que el gobierno del Estado debe brindar un subsidio al IPE para poder completar los ingresos.
Al respecto, detalló que el subsidio que ha entregado el gobierno del Estado al IPE no se ha disparado, ya que en 2019 fue de 3 mil 129 millones de pesos, para 2020 se recibieron 2 mil 953 millones de pesos, en el presente ejercicio fiscal 3 mil 300 millones de pesos y se contempla que para el 2021 sean 3 mil 299 millones de pesos.
“Se tiene una variación del 2.4 por ciento por año, lo cual es posible porque se ha tenido un incremento en el ingreso, hemos trabajado con la Sefiplan para mantener un subsidio que alcance al Instituto, pero que no se dispare para evitar afectar a otras dependencias”, expresó.
Manifestó que tanto el titular de la Sefiplan, José Luis Lima Franco, como el propio gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, han señalado que el IPE no es una carga, ya que a corto y mediano plazo tiene resuelto el tema financiero.
“Plantear una reforma a la ley no es un tema que esté fuera de la norma, a pesar de cómo se encontraban las finanzas, hemos podido recuperar al Instituto, pero pensando en un futuro y que no se disparara el subsidio tendríamos que revisar la ley, no es fuera de lo normal, pasa en todos los institutos de pensiones”, comentó.
Refirió que actualmente se tienen 98 mil trabajadores activos y 32 mil 200 pensionados, la proporción es tres a uno, pero se tendría que aumentar esa proporción y no reducirla como ha sido la tendencia.
Ante ello, se tiene una nómina promedio de 550 millones de pesos mensuales; sin embargo, siempre aumenta porque se pagan otras prestaciones como gastos de funeral, días proporcionales de aguinaldo y devolución de cuotas.
“Se ha podido mantener una cantidad equilibrada por estrategias económicas, como el programa de revista que permite que el padrón esté actualizado y que no cobren personas que ya no acreditan el derecho, el gasto operativo del instituto es corto y se encuentra normado. Para el 2022 se contempla un presupuesto de 9 mil 200 millones de pesos, de los cuales 3 mil 299 aportará el gobierno del Estado y el resto son ingresos del IPE, la proporción del 66 por ciento propio y el resto de subsidio”, comentó.
ESTRATEGIAS PARA LOGRAR INGRESOS
Griego Ceballos afirmó que desde el inicio de la administración se implementó una estrategia para poder incrementar los ingresos, a fin de que el déficit que se recibe de la administración estatal no se dispare.
Por ello, dijo, este año se cerrará con la firma de 50 convenios relacionados con el reconocimiento de la deuda y 82 de retención de participaciones federales con ayuntamientos, con los cuales se regulariza la aportación de cuotas que retiene la Sefiplan y envía de forma directa al IPE.
Además, se regularizaron las nóminas de confianza y base, a fin de que se entreguen completas las cuotas que se realizan de parte de los trabajadores.
También se obtuvo el fortalecimiento del patrimonio inmobiliario, con acciones de mantenimiento, cercado, regularización de escrituras, la defensa de la propiedad de varios terrenos y la recuperación de espacios que ya empiezan a generar rentas que no se tenían.
Con esto, expuso, suben las aportaciones, la reserva, se actualiza el portafolio inmobiliario e incrementa el programa de préstamos, mismo que en el 2019 contaba con un presupuesto de 286 millones de pesos y para el 2022 contará con 383 millones de pesos.
Afirmó que en los tres años que van de administración el incremento de la reserva técnica es mayor a 510 millones de pesos.
SIETE AÑOS SIN REFORMAR LA LEY
Destacó la directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Daniela Griego Ceballos, que la Ley 287 data del 2014 y desde hace siete años no se realiza una modificación a dicha norma.
“Cuando estábamos en el Congreso se hizo una iniciativa de reforma de varias disposiciones que se aprobó en el pleno, pero el Gobernador en turno la vetó”-
En el 2018 desde el Congreso local se impulsaron reformas a la Ley 287 del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), las cuales fueron aprobadas, pero vetadas por el entonces Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
A raíz del déficit financiero que padece el Instituto de Pensiones, diputados locales, sindicatos y organizaciones que cotizan en el IPE, plantearon reformas a la ley vigente. La propuesta señalaba que varios sindicatos podrían participar en la toma de decisiones, se vigilaría la planeación financiera, y se transparentaría el manejo de los recursos.
Además, obligaría al gobierno a aportar los fondos para cubrir el déficit financiero para el pago a pensionados, pues el monto de lo que se recauda por concepto de aportaciones de los trabajadores es menor a lo que se paga a quienes cumplieron su periodo de vida productiva, y optaron por jubilarse.
Ante ello, el mandatario estatal argumentó que dichas modificaciones debían vetarse porque con ellas se obligaría a la próxima administración a erogar 2 mil millones de pesos adicionales al subsidio anual para el pago de pensiones y jubilaciones.
Yunes Linares devolvió el decreto 696 al señalar que la reforma buscaba incrementar los egresos del instituto, sin hacer ningún cambio en lo que se refiere a la obtención de los ingresos, por lo que la propuesta no puede ser viable en el corto, mediano y largo plazo.
“Aún y cuando mi periodo gubernamental está por concluir y los efectos negativos no impactarán en este, es una responsabilidad institucional manifestar las presentes observaciones”, justificó el mandatario.
Asimismo, se señaló que dicha ley pone en riesgo las finanzas del Instituto de Pensiones, pero también las finanzas públicas del Estado de Veracruz.
“En los años próximos, el Gobierno de Veracruz, tendría que entregarle al Instituto de Pensiones más de 17 mil millones de pesos, y la siguiente administración tendría que entregarle más de 2 mil millones adicionales a los 2 mil 400 que ya les entregamos. Esto significaría un quebranto en las finanzas públicas del Estado. El IPE tiene 100 mil afiliados, y más o menos 30 mil jubilados y pensionados, pero somos 8 millones 200 mil veracruzanos que requerimos de la acción del Gobierno y necesitamos que el Gobierno tenga recursos suficientes. Si yo promulgara esta ley estaría causándole un daño a Veracruz y no lo voy a hacer”, argumentó.
Bienes inmuebles del IPE crecen en evalúo comercial
Del 2018 a la fecha los bienes inmuebles del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) han tenido un crecimiento en el avalúo comercial de mil 201 millones 087 mil 103 pesos. El IPE cuenta con un portafolio inmobiliario de 44 bienes inmuebles, de los cuales 17 tienen alguna construcción y 27 son terrenos.
En información proporcionada a Diario de Xalapa se indica que el valor comercial actual de dichos bienes inmuebles es de 5 mil 120 millones 054 mil 500 pesos; sin embargo, en el 2018 este monto era de 4 mil 195 millones 007 mil 396.82 pesos.
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El valor comercial de los bienes inmuebles creció 316 millones 849 mil 018.14 pesos en 2018; 342 millones 453 mil 285.04 pesos en 2019; y 276 millones 040 mil pesos en 2020.
Se considera que entre este año y el próximo el crecimiento sea de 265 millones 744 mil 800 pesos. El IPE cuenta con 17 inmuebles construidos: seis edificios, dos estacionamientos, dos hoteles, dos cinemas y cinco locales comerciales.
Mientras que terrenos sin construcción tiene 27, de los cuales 11 son predios en breña, 11 predios lotificados y cinco predios de uso comercial.
El reporte indica que, en su conjunto, representan un activo estratégico que fortalece las reservas financieras, por lo que se buscó incrementar su plusvalía para coadyuvar en el otorgamiento de las prestaciones institucionales a los derechohabientes.
Para ello se han implementado estrategias administrativas de protección, conservación y comercialización (promoción de espacios rentables).
Se refiere que desde el inicio de la administración se planteó el rescate al patrimonio inmobiliario del Instituto y con la anuencia del Consejo Directivo del IPE, por lo que se han realizado trabajos de conservación y mantenimiento en diversos inmuebles del portafolio institucional, los cuales se encontraban en abandono, en malas condiciones y sin generar ingresos.
Con dichos trabajos, los inmuebles no sólo aumentaron su valor comercial, sino que también producen ingresos por medio de su renta.
Los edificios Victoria e Ignacio de la llave, ubicados en Xalapa, se encontraban totalmente abandonado y con más de 10 años sin recibir mantenimiento y sin generan ingresos
Asimismo, los cinemas Xalapa, integrado por las salas Carmela Rey y Claudio Estrada, presentaban deterioros significativos por la falta de mantenimiento, siendo el caso de la Sala Claudio Estrada el más grave, que dejó de funcionar en 1997 pasando a ser una bodega del hotel Xalapa.
En las oficinas centrales del IPE, se han realizado algunas acciones de mejora en los espacios de trabajo y de atención a la derechohabiencia, esto con la intención de brindar un mejor servicio en un ambiente de trabajo idóneo.
Ante ello se establece que el valor comercial de los bienes incrementó considerablemente. El avalúo de la Estancia Garnica pasó de 403 millones 410 mil 400 pesos a 433 millones 598 mil 600 pesos, lo que significa un aumento de 30 millones 188 mil 200 pesos.
Las oficinas centrales de Lomas Verdes aumentaron 8 millones 892 mil 900 pesos en su avalúo que actualmente es de 132 millones 311 mil 300 pesos y anteriormente era de 123 millones 418 mil 400 pesos.
El hotel Chachalacas aumentó su valor 9 millones 328 mil 200 pesos, al pasar de 126 millones 493 mil 200 a 146 millones 525 mil 200 pesos.
El hotel Xalapa tiene un valor actual de 37 millones 388 mil 800 pesos, ya que aumentó su monto 11 millones 057 mil 300 pesos. Anteriormente su valor era de 26 millones 331 mil 500 pesos.
Los cinemas Xalapa pasaron de valer 26 millones 331 mil 500 pesos a 37 millones 388 mil 800 pesos, ante un aumento de 11 millones 057 mil 300 pesos.
En 2019 el edificio Victoria tenía un valor de 30 millones 123 mil 900 pesos; para el 2020 fue de 35 millones 804 mil 800 pesos y actualmente tiene un valor de 42 millones 114 mil 800 pesos.
En tanto, el edificio Ignacio de la Llave costaba tenía un valor de 54 millones 105 mil 800 pesos en 2019; de 61 millones 237 mil pesos en 2020; y actualmente cuesta 73 millones 040 mil 200 pesos.
