Orizaba, Ver.- El refugio Ziwakaitzintli, que quiere decir “La Casa de las Mujeres”, funciona en la zona de Orizaba desde hace más de 15 años, prácticamente fue el primero del estado manejado por una asociación civil: Cihuatlahtolli.

En ningún momento han podido acceder a recursos de la Federación como otros refugios, pues no cuenta con todos los espacios que se les exige para ello. El abandono a estos lugares, por parte de los gobiernos, no es nuevo.

Ello, para Jairo Guarneros, del colectivo Cihuatlahtolli, es una total desmesura, pues es no entender cuál es la situación de esos sitios en el país dado que no todos son homogéneos ni cuentan con todos los espacios que la ley señala.

No por eso han dejado de ser lugares totalmente seguros y efectivos en el resguardo de las mujeres, y donde se fortalecen los procesos de empoderamiento y acompañamiento jurídico.

Tras la decisión de suspender los subsidios a refugios por parte de la Federación a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, mencionó que no todos habían podido acceder a éstos.

"Para nosotros no es posible entrarle a este tipo de concursos. Solamente los grandes refugios que son los menos”, dijo.

El Ziwakaitzintli fue sostenido los primeros años por los propios recursos de las y los integrantes de la asociación civil y posteriormente pudo acceder al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), a través del Instituto Veracruzano de las Mujeres, que otorga los insumos para la operación de sólo seis meses al año, lo que resulta insuficiente.

Los recursos del PAIMEF no se entregan en efectivo. Se asigna determinada cantidad para alimentos, artículos de limpieza e higiene personal y se entregan en especie por parte de los encargados del programa en el estado, con lo que se descarta cualquier acto de corrupción.

"La Casa de las Mujeres" tiene capacidad para albergar a cuatro mujeres con sus hijas e hijos y generalmente se atiende a tres o cuatro mujeres por mes, además de que se otorga atención externa con acompañamiento jurídico, sicológico o gestiones de trabajo social.

PROTOCOLO

Para acceder al refugio se tiene una entrevista inicial, aunque de ser necesario lo inmediato es la contención emocional cuando la mujer llega golpeada o lastimada.

En la entrevista se detecta su situación para saber si su vida está en riesgo o si cuenta con una red de apoyo y qué tan segura puede ser en ese momento.

Una vez que se realiza lo anterior y que se ubica como candidata, se dialoga con ella para hacerle saber de la necesidad de que se instale en el refugio y una vez que acepta, su estancia —ingreso y salida— es totalmente voluntaria, aunque por ley, el tiempo de permanencia es de tres meses.

“Se canaliza al servicio jurídico o sicológico si viene con golpes o heridas, también se busca la atención médica donde nos topamos con muchos problemas. Muchas veces la misma asociación debe estar aportando recursos para la atención médica”, agregó.

LA FEDERACIÓN

Para Jairo, lo que está sucediendo es un desconocimiento del gobierno federal sobre cómo funcionan esos refugios y lamentó que a “todos se les quiera meter en el mismo costal de corrupción”, cuando la gran mayoría de las asociaciones civiles, en el caso de esos espacios, se sostienen con mucho esfuerzo.

“Están cumpliendo con una tarea que le corresponde al Estado y de acuerdo con la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia se señala claramente cuál es la responsabilidad que tiene. El Estado dejó de cumplirla, me parece que esta nueva administración federal también está en la misma lógica y hoy con esos argumentos que no tienen ningún sostén para señalar que ahora la Secretaría de Gobernación es la que se va a encargar de los refugios”, dijo.

Recordó que en el estado existe únicamente uno institucional, al que se le han recortado los recursos cuando el año pasado estaban solicitando ocho millones para funcionar por lo menos seis meses.

“Nos parece preocupante porque esto pone en riesgo más todavía la seguridad de las mujeres. Los refugios son el último recurso que tienen las mujeres para enfrentar la violencia que están viviendo y para resguardar su integridad, su vida y la de sus hijas e hijos, y no es una decisión que tomen en cualquier momento”, añadió.

Así, aunque Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala la obligación de los gobiernos de los tres niveles de promover la creación de refugios en los municipios y/o fortalecer los que existen, en Veracruz, a la fecha sigue sin suceder.