/ sábado 25 de mayo de 2024

En Orizaba, alcalde pide a la población denunciar si llega a sufrir abusos de la policía estatal

El alcalde de la ciudad confirmó que los abogados acompañarán y asesorarán de manera gratuita a los que quieran denunciar

Orizaba, Ver.- El presidente municipal Juan Manuel Diez Francos, de manera conjunta con representantes de organismos empresariales de la zona, la coordinación de Seguridad Pública Municipal, el Consejo de Seguridad Pública Municipal y el Colegio de Abogados de Orizaba Veracruz Altas Montañas A. C. hizo un llamado a la población orizabeña que haya sido violentada en sus derechos, privados de su libertad y de su dinero por elementos de la Policía Estatal, a presentar su denuncia ante la Fiscalía con el acompañamiento y asesoría de abogados, sin que tengan que erogar gasto alguno.

Este viernes 25 de mayo se publicaron en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Orizaba, los acuerdos a los que llegaron representantes de organismos como el Consejo Coordinador Empresarial, Canaco, Canacintra, Canirac, Coparmex junto con el Departamento Jurídico del Ayuntamiento, Policía Vial, Policía Municipal y el Consejo Municipal de Seguridad Pública para apoyar a la población que ha sido violentada en sus derechos.

¿Qué menciona el documento presentado por el alcalde?

En el documento, el alcalde expone su preocupación por las quejas que ha recibido y también por los hechos que se han registrado en la ciudad, en los que han tenido participación elementos de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Señala que hasta él han llegado madres y padres de más de 10 jóvenes, que se han visto seriamente perjudicados no solo en su patrimonio, sino que también señalan haber sido vulnerados sus derechos, provocando en ellos zozobra e incertidumbre.

He recibido quejas de varios sectores de la población, todos ellos relacionados con las conductas que han venido desplegando algunos miembros de la policía estatal. “Me han dicho que el modo en cómo éstos han venido operando es que proceden a detenerlos, ya no solo manejando vehículos, sino incluso caminando, la mayoría de las veces esperándolos afuera de un centro de diversión a quienes los interceptan…”.

A todos les dicen, abundó en el documento, que van en estado de ebriedad y, sin permitirles en ese momento llamar por teléfono, los suben a la patrulla y en caso de los vehículos son manejados por los propios policías y los trasladan fuera de Orizaba.

A algunos los trasladan a las instalaciones del Municipio de Huiloapan, a otros, a Río Blanco; y algunos más, a Nogales. Les permiten hacer la llamada, pero para que les lleven el dinero que exigen, que va de seis mil a 10 mil pesos y, en ocasiones una cantidad mayor, diciéndoles que si no pagan los podrán a disposición de la Fiscalía; y cuando pagan, no les dan recibo por la cantidad que reciben.

Consideró que esta situación ya se salió de control porque antes solo lo hacían con personas que circulaban en estado de ebriedad, pero ahora “se están llevando a jóvenes y adultos, aunque no hayan ingerido bebidas alcohólicas, incluso cuando se encuentran caminando en Orizaba, sin que exista ninguna justificación, porque no se les imputa la comisión de ningún delito, solo alegan estado de ebriedad como causa de su detención.

Otra de las medidas que tomarán es que por parte del Ayuntamiento de Orizaba se pondrán quejas ante la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, a las que requerirán su pronta intervención para que se salvaguarden los derechos humanos de los orizabeños y de quienes transitan por esta ciudad y acudan ante las instancias que sean necesarias, para frenar esos actos.

Harán lo correspondiente ante los superiores jerárquicos del delegado de la Secretaría de Seguridad Pública Región VII, para que hagan las investigaciones necesarias y se inicie el procedimiento sancionador que corresponda a los policías que incumplen con el orden jurídico y el Código de Honor que deben respetar.

El presidente municipal Juan Manuel Diez Francos dio instrucción al capitán Plácido Andrés Rodríguez Domínguez, coordinador de Seguridad Pública Municipal, para que vigile que el C5 preserve como evidencia las grabaciones que realicen, en las que intervenga la Policía Estatal a los ciudadanos y que pueden servir de base para la investigación de los delitos que se denuncien.

Orizaba, Ver.- El presidente municipal Juan Manuel Diez Francos, de manera conjunta con representantes de organismos empresariales de la zona, la coordinación de Seguridad Pública Municipal, el Consejo de Seguridad Pública Municipal y el Colegio de Abogados de Orizaba Veracruz Altas Montañas A. C. hizo un llamado a la población orizabeña que haya sido violentada en sus derechos, privados de su libertad y de su dinero por elementos de la Policía Estatal, a presentar su denuncia ante la Fiscalía con el acompañamiento y asesoría de abogados, sin que tengan que erogar gasto alguno.

Este viernes 25 de mayo se publicaron en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Orizaba, los acuerdos a los que llegaron representantes de organismos como el Consejo Coordinador Empresarial, Canaco, Canacintra, Canirac, Coparmex junto con el Departamento Jurídico del Ayuntamiento, Policía Vial, Policía Municipal y el Consejo Municipal de Seguridad Pública para apoyar a la población que ha sido violentada en sus derechos.

¿Qué menciona el documento presentado por el alcalde?

En el documento, el alcalde expone su preocupación por las quejas que ha recibido y también por los hechos que se han registrado en la ciudad, en los que han tenido participación elementos de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Señala que hasta él han llegado madres y padres de más de 10 jóvenes, que se han visto seriamente perjudicados no solo en su patrimonio, sino que también señalan haber sido vulnerados sus derechos, provocando en ellos zozobra e incertidumbre.

He recibido quejas de varios sectores de la población, todos ellos relacionados con las conductas que han venido desplegando algunos miembros de la policía estatal. “Me han dicho que el modo en cómo éstos han venido operando es que proceden a detenerlos, ya no solo manejando vehículos, sino incluso caminando, la mayoría de las veces esperándolos afuera de un centro de diversión a quienes los interceptan…”.

A todos les dicen, abundó en el documento, que van en estado de ebriedad y, sin permitirles en ese momento llamar por teléfono, los suben a la patrulla y en caso de los vehículos son manejados por los propios policías y los trasladan fuera de Orizaba.

A algunos los trasladan a las instalaciones del Municipio de Huiloapan, a otros, a Río Blanco; y algunos más, a Nogales. Les permiten hacer la llamada, pero para que les lleven el dinero que exigen, que va de seis mil a 10 mil pesos y, en ocasiones una cantidad mayor, diciéndoles que si no pagan los podrán a disposición de la Fiscalía; y cuando pagan, no les dan recibo por la cantidad que reciben.

Consideró que esta situación ya se salió de control porque antes solo lo hacían con personas que circulaban en estado de ebriedad, pero ahora “se están llevando a jóvenes y adultos, aunque no hayan ingerido bebidas alcohólicas, incluso cuando se encuentran caminando en Orizaba, sin que exista ninguna justificación, porque no se les imputa la comisión de ningún delito, solo alegan estado de ebriedad como causa de su detención.

Otra de las medidas que tomarán es que por parte del Ayuntamiento de Orizaba se pondrán quejas ante la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, a las que requerirán su pronta intervención para que se salvaguarden los derechos humanos de los orizabeños y de quienes transitan por esta ciudad y acudan ante las instancias que sean necesarias, para frenar esos actos.

Harán lo correspondiente ante los superiores jerárquicos del delegado de la Secretaría de Seguridad Pública Región VII, para que hagan las investigaciones necesarias y se inicie el procedimiento sancionador que corresponda a los policías que incumplen con el orden jurídico y el Código de Honor que deben respetar.

El presidente municipal Juan Manuel Diez Francos dio instrucción al capitán Plácido Andrés Rodríguez Domínguez, coordinador de Seguridad Pública Municipal, para que vigile que el C5 preserve como evidencia las grabaciones que realicen, en las que intervenga la Policía Estatal a los ciudadanos y que pueden servir de base para la investigación de los delitos que se denuncien.

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