A pesar de las restricciones causadas por la pandemia, las protestas sociales en Veracruz resurgieron este año como respuesta a la gestión de gobierno, a las necesidades económicas de la clase trabajadora y sectores productivos, las demandas de acceso a la salud, seguridad y justicia.
La Dirección General de Política Regional, perteneciente a la Secretaría de Gobierno, informa que durante 2020 y hasta el 31 de marzo de este año, en la entidad veracruzana se han registrado 2 mil 266 protestas sociales, de acuerdo con información obtenida a través del Sistema Infomex Veracruz.
Según lo reportado por la dirección general, a cargo de Héctor Eduardo Ciprián Méndez, entre el 7 de enero al 30 de diciembre de 2020, en la entidad se contabilizaron mil 809 “expresiones sociales”, mientras que en los primeros tres meses de este año se acumularon 457 protestas.
En 2020, los meses con mayores registros de manifestaciones sociales fueron marzo y noviembre, con 191 y 175 protestas, respectivamente.
Tan sólo en marzo de este año, en Veracruz se había registrado el mayor número de protestas sociales (256 registros), lo cual superó la cifra del mismo mes correspondiente a 2020.
De acuerdo con la plataforma del Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED por sus siglas en inglés), entre el 7 de enero de 2020 y el 16 de abril de 2021, destacan 42 municipios veracruzanos con registros de protestas sociales.
Los principales son: Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Orizaba, Minatitlán, Córdoba, Boca del Río, Cosoleacaque, Acayucan, Coatepec, Jáltipan, Fortín de las Flores, Oluta, Alvarado y La Antigua.
También se registraron eventos de protesta en los municipios Actopan, Álamo- Temapache, Agua Dulce, Astacinga, Banderilla, Chinameca, Las Choapas, Huatusco, Ixhuatlancillo, Ixhuatlán del Sureste, Jalacingo, Mecayapan, Medellín de Bravo, Nogales, Omealca, Oteapan, Pánuco, Papantla, Perote, Río Blanco, Sayula de Alemán, Soteapan, Texistepec, Tierra Blanca, Tuxpan, Ozuluama de Mascareñas y Zongolica.
Mientras que la mayoría de las protestas fueron pacíficas, hay registros de ocho protestas –realizadas en Ixhuatlancillo, Minatitlán, Huatusco y Xalapa– con intervención estatal, a través de elementos policiales que dispersaron a los manifestantes, de los cuales dos de los eventos culminaron con detenciones.
Las demandas sociales
En el presente año, las protestas sociales se han concentrado en la capital veracruzana, donde la clase trabajadora, maestros, sector cafetalero, músicos, jubilados, pacientes, empresarios del entretenimiento, organizaciones feministas y sociales han demandado diversos apoyos y acciones, resultado de la gestión gubernamental ante la pandemia, así como de los pendientes en materia de procuración de justicia.
A un año de haberse anunciado la crisis sanitaria, las manifestaciones se convirtieron en una continuación de los movimientos sociales que iniciaron antes de la pandemia: los derechos a la salud, la demanda de justicia ante los feminicidios, violencia de género y el respeto a los derechos humanos.
Desde municipios como Astacinga, Nogales, Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Minatitlán y Soteapan, las protestas por parte de civiles demandaron la atención por parte de las autoridades municipales en la calidad de los servicios públicos básicos.
Otras movilizaciones apuntaron a demandas de seguridad y denuncias por abusos de autoridad, así como lo referente a los agravios pendientes ante la lentitud del sistema de procuración de justicia en casos de desapariciones registradas en la entidad.
También surgieron protestas a cargo de militantes y partidos políticos, en medio de un escenario de violencia política.
El informe titulado “Un año de Covid-19: el impacto de la pandemia en los conflictos mundiales y las tendencias de las manifestaciones” publicada por ACLED, apunta que “la pandemia ofreció oportunidades únicas para quienes estaban en el poder para instituir una amplia gama de nuevas restricciones y aprobar leyes radicales.”
Algunos capitalizaron la ocasión para reforzar su posición y consolidar la autoridad, contribuyendo al retroceso democrático. Otros aplicaron leyes o restricciones de manera selectiva como un medio para sofocar la oposición y limitar cualquier desafío al poder. En general, refiere el informe, “la represión estatal aumentó en todo el mundo”.
