Arussi Unda, del colectivo feminista Las Brujas del Mar, consideró que la despenalización del aborto luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional su penalización, es un primer paso importante, pero no se debe perder de vista lo que queda por hacer y la necesidad de que se garantice el derecho a la justicia de mujeres que siguen recluidas por abortar.
“Definitivamente todo lo que pasó ayer crea un precedente bastante importante en las legislaturas locales, a modo de que mandó un mensaje bastante claro de que la criminalización del aborto violenta el derecho a decidir de las mujeres”, dijo.
Agregó que se debería conocer cuáles son las rutas para poder liberar a esas mujeres que a la fecha siguen detenidas por abortar y recordó el caso de Diana que se encuentra presa desde el pasado 27 de mayo en el Centro de Reinserción Social de Acayucan en Veracruz tras haber sufrido un aborto espontáneo en un centro comercial del municipio de Oluta, que, de acuerdo con la Fiscalía ella se debe al delito de homicidio doloso.
“Será interesante observar qué sigue y que las personas que están encargadas de casos o las familias que están atravesando por una situación en donde una mujer está en este momento en prisión por el delito de homicidio equiparado o en razón de parentesco porque hay que recordar que la mayoría de las mujeres en este país que están encarceladas por un aborto, no van por un delito de aborto sino de homicidio como es el caso que vimos aquí de Diana, qué va a pasar con ellas, se pueden meter los amparos correspondientes, a partir de cuándo”.
La activista señaló que se debería crear una ruta para acelerar el acceso a la justicia tanto para las representantes legales de estas mujeres como para sus familias y las fiscalías que tienen que analizar los casos.
“Ayer que se hablaba de crear un precedente para poder ampararse, lo primero que se me vino a la mente fue el caso de Diana y como no termina de quedar claro que sí hay una despenalización, las mujeres no van a ir a la cárcel por abortar, pero qué pasa si no te están acusando de aborto sino de homicidio, o sea hay como varias dudas dentro de todo lo positivo”, indicó.
Consideró que las mujeres deben ser realistas, estar bien informadas de que no haya huecos, trampas o recovecos que las pongan en situaciones desfavorables porque así siempre ha sido.
Sonia Alejandra Martínez García del colectivo Akelarre, opinó que con la declaración de inconstitucionalidad de penalizar el aborto se agrieta la brecha para que las mujeres tengan acceso a la autonomía sobre sus cuerpos.
“Esto es apenas un punto de partida para todo el trabajo que hay que hacer respecto a la interrupción legal del embarazo, ahora, los otros estados deben revisar y modificar sus códigos penales con enfoque en los derechos humanos de las mujeres para que no se criminalice a quienes deciden abortar”.
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Recordó que en Veracruz que en junio pasado despenalizó el aborto hasta las 12 semanas, se deben revisar los casos de las mujeres presas por delitos de aborto, pues antes de la reforma muchas de ellas fueron enjuiciadas bajo cargos de homicidio en razón de parentesco, omisión de cuidados e infanticidio bajo leyes que no contaban con perspectiva de género.
“Se debe capacitar al sector salud para que atienda las solicitudes de interrupción con servicios amigables, información científica, laica y actualizada, revisar que se cumpla con las especificaciones de la norma 046 que establece que cada centro de salud debe contar con al menos una persona no objetora de conciencia, así como los medicamentos y recursos necesarios para llevar a cabo la interrupción del embarazado”.
Además, dijo que como sociedad civil nos corresponde la difusión de la información, de las formas de acompañamiento, de las herramientas con las que se cuentan en materia jurídica y estar pendientes de otras resoluciones en otras entidades federativas en cuanto a salud sexual y reproductiva.
PANORAMA
La activista señaló que se debería crear una ruta para acelerar el acceso a la justicia tanto para las representantes legales de las acusadas como para sus familias.
