ORIZABA, Ver.- Transcurrió ya un año de la muerte de los hermanos Ernesto y Román Pérez González y la justicia que exige su familia aún no llega. Pese a las múltiples expresiones de solidaridad y apoyo sufre un calvario ante las instancias de gobierno por el tortuguismo en el proceso judicial.
Jairo Guarneros Sosa, representante de la Coordinadora de la Sociedad Civil en Orizaba, al respecto opinó: "La situación es terrible porque al parecer la Fiscalía, en un asunto que requería celeridad, que requería certeza para la población, a 12 meses de distancia no ha hecho nada". Hasta ahora no se conoce a ciencia cierta, lo que llaman pomposamente, la verdad histórica; qué es realmente lo que sucedió en esa ocasión en la que se involucró a la policía de la ciudad”.
Lo que sí ha habido, consideró, es un tratamiento demasiado ligero, por no decir injusto, pues se trata de dos vidas. "Estamos hablando de que a una familia le arrancan en un momento la vida de dos de sus dos hijos y no existe ninguna instancia, ni en el gobierno municipal ni en el gobierno estatal, que le haya dado o al menos lo intentara, el acompañamiento que necesita; porque no es cualquier cosa, estamos hablando de dos hijos y la ayuda debería ser para toda la familia", aseveró.
Subrayó que, aunque la administración estatal no tenía que ver en el caso porque a la que se señala es a la Policía Municipal, "definitivamente también el Estado tenía la responsabilidad de dar apoyo a la familia. Sobre todo, al padre y a la madre de los muchachos que perdieron la vida", sentenció.
El crimen de los hermanos conmovió a la población de Orizaba y la región, que se volcó en apoyo manifiesto durante una gran marcha que se realizó a los pocos días, a la que además de familia y amistades de los fallecidos se sumaron integrantes de los diferentes sectores que repudió los hechos y junto con la familia pidió justicia frente al Palacio de Orizaba y exigieron la separación del cargo del entonces director de Gobernación, Juan Ramón Herebia Hernández.
A partir de la muerte de los hermanos, que Guarneros Sosa aseveró no debió ocurrir, "me parece que la dirección de la Policía de alguna manera cambió, se cuida ya mucho. Afortunadamente no ha habido otro evento así. Me parece que ha servido como lección", señaló.
Esto, añadió, no quiere decir que se haya concluido o mejorado el trato que muchas veces los cuerpos policiacos dan a la población. "Creo que todavía se tiene que avanzar más, no en la cuestión de la formación o de la capacitación en Derechos Humanos, sino también en estar muy pendientes del actuar de la policía y no dejar pasar ni siquiera la más mínima violentación a los derechos de los ciudadanos. Porque esto fue lo que sucedió”.
Y es que apuntó que al final se dejó crecer con el argumento de que se requería una actuación digna de la Policía y no se reparó en abusos cometidos. "Me parece que esta lección a las autoridades debe quedarles muy presente para estar muy atentos en cualquier abuso, por más mínimo que sea, que la policía cometa en contra de la población", enfatizó.
El representante de la Coordinadora de la Sociedad Civil reconoció que no hay una cabeza ciudadana, que sea la que esté por encima de la Policía Municipal, con Independencia incluso de las autoridades, pero con facultad también para hacer recomendación sobre alguna sanción a quién violente a la población o sus derechos y dé la certeza a la gente de que ésta es su canal de expresión ante cualquier abuso que pueda cometerse en su contra.
Aunque al inicio del trámite que ha tenido que realizar la familia en la Fiscalía para buscar justicia, el profesor Román Pérez expresó abiertamente su exigencia, con el paso del tiempo ha tratado de mantenerse al margen y se abstiene de hacer declaraciones para evitar entorpecer la investigación.
Tanto él como su esposa y el resto de su familia, en diferentes ocasiones y, el sábado pasado no fue la excepción al cumplirse un año de la súbita partida de sus hijos, agradecieron el apoyo, solidaridad y oraciones que siguen recibiendo de la sociedad.
