Colectivos feministas y LGBTQ+ consideran que la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Verónica Hernández Giadáns, le ha quedado a deber todo o mucho a estos grupos, por lo que se requieren cambios sustanciales al interior para garantizar un verdadero acceso a la justicia y no solo pensar en los 9 años de permanencia de quienes la encabecen.
Sobrevivientes de feminicidio opinan sobre la FGE
Esta Fiscalía General del Estado de Veracruz nos queda a deber absolutamente todo a las sobrevivientes de feminicidio, afirmó Carolina Ramírez Suárez de la colectiva Sobrevivientes de Feminicidio en México. Y es que dijo, no existe un solo caso resuelto y todos están en impunidad en el estado de Veracruz.
“También les debe a las madres de víctimas de feminicidio porque ha sido una tortura las gestiones con la fiscalía. También se le queda a deber por supuesto a las madres buscadoras de sus hijas e hijos y también a las madres de violencia vicaria”.
Ante esto, consideró que es urgente una reestructuración absoluta de la fiscalía desde sus cimientos hasta quien la dirija y no solo analizar el periodo actual de 9 años.
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“Aquí no se trata de quién es la que encabeza la fiscalía, se trata de la estructura. Se necesita hacer un cambio radical. Tenemos un ejemplo muy bueno que podríamos ir siguiendo el modelo que la presidenta electa, lo conoce muy bien, que es el de la Ciudad de México, el modelo de la fiscalía de feminicidios, porque en Veracruz a la fiscalía de feminicidios se le fue agregando que si de niñas, niños, tratas de personas, adultos mayores y lo que se acumula esta semana y así no se puede hacer el trabajo de la fiscalía, así no se puede hacer la investigación”.
Sostuvo que se necesitan policías de investigación profesionalizados, se necesitan ministerios públicos profesionalizados que tengan una expertise en la violencia contra las mujeres, contra las niñas y contra las infancias, en este tipo de violencias.
“Nos deben todo, la fiscalía nos debe todo, nos ha quedado a deber muchísimo y sobre todo nos ha dejado una impunidad institucionalizada que después se corona con la cereza del pastel del Poder Judicial. Para mí es necesario no sólo cambiar la titularidad de la fiscalía, sino toda una reestructuración absoluta y total de la fiscalía”.
Sobre los nueve años que establece la ley para cada titular en la FGE, reiteró que no solo cambiar los nueve años sino cambiarlo todo, “todo desde la raíz hasta toda la estructura y quien encabece y hacer una cosa que funcione. Ahorita no funciona la fiscalía de ninguna manera, es totalmente un aparato a modo nada más de ciertos personajes que han estado en el gobierno”.
La deuda de justicia de la FGE con la comunidad LGBTQ+
La Fiscalía General del Estado tiene una deuda histórica con las personas LGBT+ que no es necesariamente de la actual titular Verónica Hernández Giadáns pues en la administración y en la impartición de justicia en Veracruz, pues las personas disidentes sexuales no son visibles, ni sujetos de derecho o son sujetos de derecho a medias, afirmó el activista Bernabé Zuvirie Vázquez del Colectivo El Taller.
Remarcó que en Veracruz los crímenes de odio o por violencia por prejuicio, están al alza, lo que está relacionado con que no hay castigo para los culpables. “No hay procesos, no hay debidos procesos, constantemente denuncian los colectivos y familiares de las víctimas que se ha interrumpido ese debido proceso y aparte hay bastante revictimización en la misma integración de las carpetas, eso es una realidad y no es exclusiva del tema de las disidencias sexuales o de homosexuales, también es el caso de las mujeres o el caso de las niñas”.
De ahí que dijo, hay una deuda no solo de la Fiscalía General del Estado sino del aparato de Estado.
“Yo creo que sí es una situación bastante compleja la que se presenta para las disidencias sexuales en cuanto a nuestro acceso a la justicia. En esta última marcha que vivimos aquí en Xalapa, pues al menos el colectivo al que yo pertenezco y las personas que se suman, nuestra consigna fue clara: en Veracruz no tenemos justicia porque nos odian”.
Y es que subrayó que está muy estructurado en el servicio público y en la impartición de justicia la invisibilización, la negación de derechos y a acceder a una vida digna y en paz.
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“Entonces creo que sí hay las repercusiones, entiendo la demanda de la virtual gobernadora electa y por supuesto que todo va a ser político, todo es político y yo creo que tiene que ver con una cuestión de rendición de cuentas y de transparencia que tendría que estar a la luz de todos los sectores sociales, no solamente en el poder representativo en la democracia representativa, sino también pues la gente tendría que estar opinando”.
Refirió que se trata de un problema estructural, y consideró que, si la fiscal tiene una permanencia de 9 años, se hizo pensando en que fuera como un candado para rebasar los tiempos políticos; es decir de cada sexenio “y atender lo ético de la gestión y del servicio y el acceso a la justicia”.
“El que esté tanto tiempo es para servir de puente, que haya una persona que realmente sea garante, responsable de que se van a llevar a cabo el acceso a esta parte de la justicia, de las denuncias, de la integración de carpetas, entonces realmente quitar a una persona, pasaría lo mismo que con el fiscal anterior, o sea a fin de cuentas terminamos poniendo y quitando a fiscales a modo”, abundó.
FGE tiene áreas de oportunidad, pero también la ciudadanía
En el estado de Veracruz existen escenarios en los que la Fiscalía General del Estado ha visto comprometido su actuar en la investigación de hechos constitutivos de delitos, consideró Irvin López Bonilla, co-coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico Transformaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. “No solamente en temas de comunidad LGBT, aunque ello se recrudece en función de la interseccionalidad de las víctimas”, dijo.
Sin embargo, señaló que si bien no puede calificar si la fiscalía ha realizado o no todas las actuaciones que tiene que llevar a cabo en función de sus competencias legales, es una realidad que tiene “amplias” áreas de oportunidad.
“Que tiene áreas de oportunidad la Fiscalía, por supuesto que sí, amplias áreas de oportunidad, no sé si el hecho de reflexionar sobre el tiempo que deba pasar el titular de la fiscalía al frente de la fiscalía sea una revisión necesaria e incluso razonable, me parece que también hay que ver nosotros como sociedad civil organizada qué hemos hecho para señalar específicamente ese tipo de actuaciones”.
En ese sentido consideró también que debería existir un cuestionamiento sobre qué ha hecho la ciudadanía para exigir o cuestionar, si las actuaciones u omisiones en las que ha incurrido el estado ya están siendo revisadas.
“Cuántas denuncias, cuántas quejas se han interpuesto en contra de los titulares de los organismos constitucionales autónomos, dígase Fiscalía, dígase alguno otro, ante el incumplimiento de su derecho. Cuántos procedimientos de responsabilidad administrativa existen, eso es importante”.
Consideró que en México como en Veracruz “somos un público muy bueno porque con muy pocos productos aplaudimos mucho”.
“Me parece que la exigencia por parte, no solamente del grupo de comunidad LGBT, sino de diversos grupos vulnerables, tienen que ir en función de cuestionar el cumplimiento de las obligaciones (…) sabemos que de buena fe los derechos no se han logrado, los derechos han sido conquistas, se han ganado en terreno y esta conquista de derechos, pues lo cierto es que involucra varias cosas, varias acciones, entre ellas me parece que es esa, la de cuestionar”, remarcó.
Nota publicada en Diario de Xalapa
