ORIZABA, Ver.- Pese a que ya transcurrió año y medio de que se hicieron recomendaciones a la alerta de Violencia de género por agravio comparado y no hay resultados por parte del gobierno del estado, el grupo Católicas por el derecho a decidir y el Colectivo Feminista Cihuatlahtolli exigieron a la autoridad que se cumpla con su obligación y garantice la salud reproductiva de las veracruzanas.
Luz María Reyes, abogada de dicha organización civil destacó que el contexto de violencia sexual y la criminalización de las mujeres que abortan en Veracruz es preocupante.
Y es que, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2018 a agosto de 2019 se registraron 309 casos de abuso sexual, 375 denuncias por violación, mientras que 35 mujeres fueron denunciadas por aborto; “convirtiéndose en el tercer estado con la cifra más alta de mujeres criminalizadas por abortar”.
Señaló que, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso por el incumplimiento de dichas recomendaciones, por parte del gobierno del estado solo se ve negligencia y simulación.
Negligencia al no cumplir con lo que ya se recomendó y, por otro lado, la legislatura y las declaraciones que hacen respecto a que el tema se tiene que discutir. “No se tiene que discutir, se tiene que aplicar porque los derechos humanos de las mujeres en materia de salud reproductiva no están a discusión, son muy claras las recomendaciones que se están haciendo, pero hacen caso omiso”, aseveró.
Subrayó que Oaxaca ya legalizó el aborto, porque es algo que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres. “Es a lo que no pueden oponerse poniendo discusión con grupos conservadores de este país el tema. Los derechos humanos de las mujeres no pueden estar entre dimes y diretes y es lo que estamos viendo en Veracruz”, acotó.
Subrayó que de acuerdo a los Derechos Internacionales de Salud Reproductiva las mujeres tienen derecho a decidir interrumpir o no un embarazo a las 12 semanas, tiempo que establecieron en lo que los estándares internacionales, que es lo que demandan.
Refirió que independientemente de la postura que tengan los legisladores, tienen un deber con la población y principalmente con las mujeres, que son las que mueren por practicarse interrupciones en situaciones insalubres y sin las atenciones médicas.
Video: Mayra Figueiras Hernández