Orizaba, Ver.- Representantes de la empresa International Paper (IP), que se ubica en el Parque Industrial del Municipio de Ixtaczoquitlán informaron sobre el cierre de la fábrica a los 200 obreros que ahí laboraban. El asesor jurídico del sindicato de trabajadores de IP, Francisco Javier Herrera Ruiz, dijo que emprenderán acciones legales para que los inversionistas cumplan con lo que marca la Ley Federal del Trabajo para liquidar a los operarios, ya que quieren evadir esa responsabilidad plasmada en el Contrato Colectivo.
En entrevista para El Sol de orizaba, dijo que existe un contrato, que en su cláusula 36, señala que cuando se presentan circunstancias de fuerza mayor, como lo fue el incendio de la planta de Ixtaczoquitlán, en caso de que se den por terminadas las acciones colectivas de trabajo, la empresa está obligada a pagar a cada obrero: 3 meses, 20 días por cada año laborado, 12 días por concepto de antigüedad, el finiquito, el retroactivo del incremento salarial, utilidades –que aún no pagan- y, otras prestaciones.
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Recuerda que la compañía aún enfrenta un adeudo de más de 2 millones de pesos y otras prestaciones con el Fondo Ahorro de la Vivienda.
Aseveró que como si los operarios fueran los responsables, la empresa está queriendo huir. Está sacando toda la herramienta y el equipo se lo está llevando a otras plantas que tiene en el país, resalta.
“No es una empresa que vaya a desaparecer, no puede decir que va a dejar de existir, porque la industria no es Ixtaczoquitlán. International Paper de México es un consorcio de capital norteamericano, trasnacional, muy poderoso a nivel mundial porque tiene inversiones en todo el mundo con más de 200 plantas. Cuenta con otras en todo el país, a donde puede reubicarlos sin problema”, subrayó.
Abundó que mientras reparan la planta de Ixtaczoquitlán, los obreros tienen derecho a una preferencia y, en el contrato está que si IP vuelve a trabajar no puede contratar nuevos operarios, ya que tiene la obligación de emplear preferentemente a los trabajadores que han estado históricamente dentro de ésta.
Reveló que el sindicato junto con la Federación de Sindicato de Obreros y Artesanos de la Industria Cervecera y Complementarias (Fesoaicc), ya emprendió una serie de acciones de carácter legal y de ayuda.
“Vamos a acercarnos a las autoridades correspondientes, porque prácticamente están dejando sin empleo y en la calle a más de 200 familias que venían recibiendo ingresos de esta empresa”.
Inversionistas de IP tienen antecedentes sobre este tipo de actuar
Apuntó que no se daban cuenta de la forma de actuar de esta empresa, pues con el reparto de utilidades del 2021, -que sigue en litigio en el Tribunal en la ciudad de México-, se han negado a pagar la diferencia del pago de utilidades del 2021, que sí pagó, pero incompletas y, por ese motivo se entabló un juicio en proceso en los tribunales laborales, indicó.
Relató que en el 2002 se instaló la compañía en la zona industrial de Ixtaczoquitlán y, tiene más de 60 años de existir, primero donde está Cervecería Cuauhtémoc y, después se trasladó al Parque Industrial de ese municipio.
Sin previo aviso IP dio de baja del IMSS a los 200 obreros
Acusó que International Paper dio de baja del IMSS a los 200 obreros, a partir del 15 de abril, dejando indefensas a sus familias en su derecho a la salud.
Calificó de ilegal la acción de los empresarios, porque no se puede dar de baja a los trabajadores si no tienen la autorización de la autoridad laboral. “Es una situación penosa y violatoria de todo derecho humano, que deja en el total desamparo de ese derecho a los trabajadores”.
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Resaltó que Rubén Félix Espinoza Gutiérrez, representante legal y, Jorge Vega Herrera, gerente regional de Recursos Humanos de IP citaron al secretario general Marcelo Martín Gaspar Cruz, Ricardo Huerta Hernández, secretario de Trabajo y Organización y a Aarón Uscanga Cid, secretario de actas y acuerdos del Sindicato de Obreros y Artesanos de International Paper Cartones y Corrugados (Soaipcc), para definir la situación luego del incendio que se registró el 26 de marzo pasado.
“Ningún operario resultó herido o quemado, afortunadamente. Arriesgaron su vida para rescatar equipo. Los tres turnos laboraron, –hasta el 15 de abril-, en la remoción de escombros para recuperar materia prima, lo que se pudiera de herramienta, computadoras, ellos hicieron esa labor y la empresa no se los ha reconocido, no les ha dado económicamente el apoyo que les corresponde; no tuvieron el equipo indispensable que trae un bombero como equipo de seguridad”, subrayó.
Añadió que saben que la empresa no cumplió con la obligación legal que tiene de inmediatamente dar parte a todas las autoridades, particularmente a la autoridad laboral, del siniestro, que es una causa de fuerza mayor pues se dio por un incendio. “La ley es muy clara, el patrón, la empresa debe inmediatamente hacer la notificación para que la autoridad establezca la ruta y las condiciones para ver qué se va a hacer”, describió.
En un principio los representantes dijeron que se iba a revisar la posibilidad de atender lo que urgía para no perder a sus clientes y, volver a levantar la planta en un plazo no mayor a siete meses. Con esa ilusión se quedaron todos los trabajadores y, “por eso le echaron muchas ganas, para apoyar y colaborar las 24 horas del día, desde el 26 de marzo cuando fue el incendio”, pero hasta ahora no les han explicado ni han definido lo que va a pasar con ellos.
Señaló que fue el martes 16 de abril cuando los operarios recibieron la noticia de que es imposible que la empresa vuelva a trabajar, que ya no iban a hacer nada y, por lo tanto, se quedarían sin empleo.
Eso nos preocupa por muchas situaciones, ya que la empresa no quiere enfrentar la situación legal ni laboral y, deja muchos pendientes: Primero, la empresa aceptó incrementar los salarios a los trabajadores en un 5% en todas sus categorías, hizo el compromiso firmado de mejorar muchas de las prestaciones del contrato tales como vales de despensa, ayuda funeraria, becas, aguinaldo, entre otras.
Ya se desatendió de otorgar el aumento salarial y de prestaciones del contrato colectivo de trabajo retroactivas al 01 de enero, pues a la fecha no ha pagado nada ni el retroactivo ni el incremento salarial, es decir, los trabajadores solamente recibieron sus salarios del año pasado, pero el aumento y mejoras del año 2024, no. “Ese es el primer incumplimiento, inexplicablemente y de manera indebida la empresa no ha dado ningún centavo”.
Falta pago de utilidades del 2023
Como no hay integración de la comisión de revisión de las carátulas de utilidades, no hay nada de esto. “Ya estamos en abril y no hay conocimiento de las cantidades precisas que a cada trabajador por derecho le corresponden. La fecha límite de entrega es el último día de mayo de este año. Creemos que a los trabajadores esto podría aliviar mucho la situación económica, aunque con ese comportamiento de los empresarios tienen el temor de no recibir tampoco el reparto de utilidades ni el incremento, que con justicia la empresa debió haber entregado".
El otro tema es que el Contrato Colectivo señala que los trabajadores que cumplan 30 años de servicio podrán jubilarse, pero hasta el 16 de abril la empresa no se responsabiliza de este derecho. En proceso de jubilación hay entre cinco y ocho trabajadores que ya cumplieron con los requisitos y, la empresa respaldándose en que ya se acabó, no quiere hacerse cargo de ese derecho.
Apuntó que otro tema es que la empresa, por Contrato Colectivo, tiene obligación de hacer un fondo de la vivienda que se llama Pavit, de este, la empresa comentó el mismo 16 de abril, que ya no debe nada, que no tiene nada en el fondo y que éste, en el que la empresa mensualmente va aportando una cantidad para para que los trabajadores puedan utilizarlo como ayuda a su vivienda, ya sea para construir o remodelar su vivienda, desapareció. Son más de 2 millones de pesos de deuda y, tampoco se quiere hacer responsable de este monto.
IP no quiere hacerse responsable de las demás prestaciones que están en el Contrato Colectivo
Señaló que la empresa se está aprovechando de esta circunstancia, pues está llamando a un grupo muy importante de trabajadores temporales, cuyos contratos terminan entre mayo y julio, para dar por terminado, –anticipadamente-, su contrato. Los llama para obligarlos a firmar su renuncia voluntaria, que obviamente no hay. Los trabajadores piden continuar con su empleo y que se cumpla con las condiciones de esta contratación temporal.
“Los llama para que firmen su renuncia voluntaria con la trampa, así, la empresa se quita de la obligación de indemnizarlos como lo marca la Ley Federal del Trabajo", concluyó.
