La madrugada del 30 de septiembre del 2016, Paola Buenrostro, una mujer trans de 25 años de edad que se desempeñaba como trabajadora sexual en la capital del país, fue asesinada por Arturo Felipe “N”, quien luego de solicitar sus servicios le disparó a quemarropa metros adelante de donde la había recogido.
Sus compañeras fueron testigos del crimen y retuvieron al hombre para entregarlo a las autoridades; sin embargo, fue liberado 48 horas después por el juez Gilberto Cervantes Hernández, bajo el argumento de que faltaban elementos concluyentes para determinar su culpabilidad.
En septiembre del 2019, un día antes del tercer aniversario luctuoso de Paola, la entonces fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ofreció una disculpa pública por el actuar de las autoridades en el caso de Paola Buenrostro, convirtiendo así su muerte en el primer caso reconocido de transfeminicidio.
¿Qué es el transfeminicidio?
El transfeminicidio se refiere al asesinato de mujeres transgénero o personas trans femeninas debido a su identidad de género: “Desde la perspectiva de género, el transfeminicidio se entiende como una manifestación extrema de la violencia de género y la discriminación que enfrentan las personas trans”.
Tras ello, colectivos y organizaciones de la comunidad LGBTQ+ presentaron una propuesta en el Congreso de la Ciudad de México para crear la Ley Paola Buenrostro, la cual fue aprobada en julio pasado y tiene como fin castigar hasta con 70 años de prisión el delito de transfeminicidio.
¿Qué significa que la Ley Paola Buenrostro fuera presentada en el Congreso de Veracruz?
Este día, en el Congreso local el diputado representante del PT, Ramón Díaz Ávila, presentó una propuesta para que en Veracruz se castigue con una pena de 40 a 70 años de prisión a quienes cometan el delito de transfeminicidio.
Esta propuesta está basada en una iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Capítulo VII Quater del Título XXI, así como el artículo 367 Quater del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, donde queda debidamente descrito el Delito de Transfeminicidio.
La misma, fue creada con la colaboración de los colectivos Orgullo Xalapa, la Casa de las Muñecas Tiresias, INVEFI AC, Red Diversa Veracruz, Colectivo Demente, Sembrando Esperanza A.C.; Amazonas A.C., y la Coalición Estatal Diversa en Veracruz.
“Si bien es cierto que, en el país se ha venido avanzando en atender las demandas de grupos colectivos de la diversidad, también lo es que, algunas entidades federativas han avanzado mucho más que otras, lo que ha generado la migración de muchas personas de estos grupos hacia lugares donde existen condiciones jurídicas de mayor respeto hacia sus garantías individuales”, expuso el legislador.
Reconoció que se tiene una justicia retrasada respecto a los grupos de la diversidad en la entidad, por lo que es necesario generar acciones legales que permitan su protección.
Recordó que desde marzo de este año la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó a los Congresos Locales a legislar en esta materia.
Destacó que, según datos de la Asamblea Nacional Trans no Binarie y el Colectivo Transcontingenta, de enero a septiembre de este año al menos 50 mujeres trans han sido víctimas de este delito en México.
“La mayoría de estas víctimas ejercían el trabajo sexual. El aumento de homicidios violentos por razón de género a mujeres trans, dio motivo para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó sobre su preocupación y condenó la violencia que sufre esta población en México y, sobre todo, la impunidad que prevalece en casi todos los casos”, comentó.
Además, puntualizó que de acuerdo con datos de Colectivos en los años comprendidos de 2016 al 2024, se han registrado al menos 470 crímenes de odio en Veracruz, y en 2024 existen 11 casos de transfeminicidios.
“Es indispensable legislar y proteger los derechos de los grupos más vulnerables es nuestra responsabilidad, hacerlo por las personas de la población LGBTTTIQ+ es contribuir a brindarles certeza jurídica y normativa a derechos que la Constitución general les tiene garantizados como ciudadanos mexicanos, por lo que no se deben soslayar ninguno de los derechos que están jurídicamente establecidos”, agregó.
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