Xalapa, Ver.-El estado mexicano consideró que en el caso de la muerte de Ernestina Ascencio Rosario “no se realizaron violaciones a los Derechos Humanos” y se respaldó que la veracruzana no fue víctima de violación y falleció a causa de causas externas, esto durante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Luego de que las peticionarias del caso denunciaron que Ascencio Rosario fue víctima de violación sexual y su muerte ocurrió en un contexto de discriminación contra mujeres indígenas y adultas mayores, los representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Fiscalía General del Estado de Veracruz destacaron a nombre del Estado Mexicano que se realizaron investigaciones eficaces, apegadas al derecho, respetando los derechos de las víctimas y las garantías de debido proceso en el caso.
A nombre de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Hernán Cortes Hernández respaldó los resultados de la entonces Procuraduría de Veracruz y dio a conocer que se dio “cabal cumplimiento” a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Además, informó que a raíz de esta se sancionó a un médico legisla y al entonces delegado de servicios periciales de Orizaba.
Por su parte, Cristopher Ballinas Valdés, titular de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la SER reiteró que el Estado mexicano concluye que respecto a las investigaciones “se llevaron a cabo todas las diligencias necesarias para esclarecer la muerte de Ernestina Ascencio” y con el apoyo de las recomendaciones de la CNDH se corrigieron los errores que se llevaron a cabo en los procedimientos periciales en torno a su muerte.
Las integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevaron a cabo las preguntas necesarias sobre este caso a los representantes de las autoridades mexicanas respecto al caso de la indígena veracruzana a fin de llevar a cabo un análisis de fondo sobre el tema.
Tras la respuesta de las autoridades y a nombre de las peticionarias, Carmen Herrera lamentó que con la respuesta del Estado en la audiencia se reafirma y confirma de la “verdad histórica” que prevalece en el país y señaló que con esto se demuestra el profundo desdén en este caso y hacia las peticionarias y a las víctimas.