Xalapa, Ver.- A dos años de la aprobación de la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz, los mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas del delito y violaciones a derechos humanos no funcionan de manera eficaz, particularmente en materia de defensoría jurídica, al contar con 24 asesores de los 385 requeridos.
De acuerdo con los datos reportados por México Evalúa, durante 2017 la entidad veracruzana registró un déficit de 381 asesores jurídicos de víctimas, pues sólo se contaba con cuatro de los 385 requeridos para cumplir con el estándar de la Ley General de Víctimas.
En 2018, la situación no mejoró respecto, pues la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) contó con diez asesores jurídicos de víctimas, esto según el apartado de Transparencia del organismo descentralizado.
Posteriormente, el 14 de marzo de 2019, la CEEAIV reportó – a través del sistema Infomex– la existencia de 24 asesores jurídicos.
A pesar del incremento, el número de asesores jurídicos resulta insuficiente para brindar la atención a las víctimas.
Este rezago en materia de defensoría jurídica no sólo afecta la integralidad del apoyo a víctimas contemplada en las leyes, también “genera serias dudas sobre el impacto que la reforma penal está produciendo en el acceso a la justicia, tanto de los imputados como de las víctimas”, apuntaba, desde 2017, el informe presentado por el centro de análisis México Evalúa.
Frente a los rezagos acumulados desde el anterior periodo de gobierno, le corresponde a la actual administración estatal resolver pendientes que se encuentran, en su mayoría, en proceso de elaboración o actualización.
Los últimos informes proporcionados por la CEEAIV, presidido por la comisionada estatal Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, revelan que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se encuentra en proceso de elaboración.
Al respecto el Decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado el 9 de marzo en la Gaceta Oficial, estableció a la CEEAIV como la encargada de emitir las reglas de operación para el funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, incluido dentro del importe presupuestado de subsidio estatal para la comisión estatal, que ascendió a 80 millones de pesos.
Posteriormente, la CEEAIV reportó – a través del sistema Infomex– contar con un presupuesto total de 95 millones de pesos para el presente año.
Asimismo el organismo estatal dio a conocer que su Manual de Organización y Operación se encuentra “en proceso de actualización” y que, derivado del reajuste de la estructura organizacional, “el Modelo de gestión para la recepción, asignación y apoyo de los casos” se encuentra “en proceso de elaboración”.
LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS
Uno de los objetivos de la Ley Número 259 de Víctimas para el Estado de Veracruz, aprobada en 2017, es “implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral”.
También establece que las víctimas tienen derecho a una investigación pronta y eficaz, a ser reparadas por el Estado de manera integral, solicitar y recibir ayuda, asistencia y atención por personal especializado; tienen derecho a la verdad, la justicia y a la reparación integral.
No obstante, el abandono de la CEEAIV —creada el 29 de junio de 2012 y sectorizada a la Secretaría de Gobierno— se tradujo en rezagos considerables en materia de recursos y personal, donde la defensa jurídica sigue siendo uno de los temas pendientes.
En una revisión a las cifras estatales, se advierte que el personal jurídico en la CEEAIV sostiene pesadas cargas de trabajo: en promedio cada asesor jurídico atiende a 192 víctimas.
En 2018, un total de mil 244 víctimas fueron representadas por los asesores jurídicos durante el proceso penal, con igual número de solicitudes para la reparación del daño.
Durante 2017 y 2018 en Veracruz se registró un aumento de 71 por ciento en el número de casos atendidos en la Unidad de Atención a Víctimas, al pasar de 427 casos en 2017 a mil 462 en 2018.
En el periodo 2014-2018 se alcanzó un acumulado de mil 184 solicitudes de inscripción en el Registro de Víctimas, de los cuales 526 correspondieron a mujeres y 521 a hombres.
La CEEAIV informó que en el periodo 2015-2018 se tenía un total de 721 personas inscritas en el Registro de Víctimas, 400 mujeres y 341 hombres.
Durante 2016-2018 se registró un total de 569 víctimas del delito y 152 víctimas de violaciones a derechos humanos.
También la Comisión informó que dentro del Registro Estatal de Víctimas se encuentra inscrita una persona como víctima directa del delito de tortura, “por el hecho victimizante acontecido el 23 de mayo de 2016, en el municipio de Xalapa”.
MEDIDAS DE REPARACIÓN
La Ley Estatal señala, en su artículo 24, que las víctimas “tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición”.
De este conjunto de medidas, la CEEAIV reporta que en 2018 sólo se implementó la medida de satisfacción, que se refiere a las gestiones médicas, traslados, hospedajes y alimentos a través de dependencias estatales y municipales. Las medidas de compensación, de no repetición, de restitución y de rehabilitación no se aplicaron. Hasta el 1 de marzo de 2019, el organismo estatal no había reparado integralmente a víctimas de tortura.
PANORAMA NACIONAL
En su último informe, México Evalúa calificó como preocupante que las instituciones encargadas de garantizar de forma directa el acceso a la justicia a imputados y víctimas sean las que presentan las mayores deficiencias.
De acuerdo con la Ley General de Víctimas, la proyección de asesores jurídicos locales es de 4 mil 013; sin embargo, en 2017 sólo se contaba con 23 por ciento de la meta, es decir, 953 asesores jurídicos para cubrir un estimado de 24 millones de víctimas en el país.
El 4 de abril la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz cumplirá dos años de haber sido publicada con la finalidad de garantizar la atención integral de las víctimas.
