Xalapa, Ver.-Integrantes y exintegrantes del Sistema Nacional de Transparencia pidieron rapidez y eficiencia para la resolución del juicio de Yolli “N”, excomisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), quien se encuentra interna en el penal de Pacho Viejo desde marzo de 2020.
Mediante un pronunciamiento, 50 servidores y exservidores públicos de diferentes estados de la República señalaron que Yolli “N” se encuentra interna sin una sentencia.
“Hacemos este pronunciamiento en aras de expresar nuestra solidaridad con nuestra excompañera y su familia en estos difíciles momentos, así como para mostrar nuestra preocupación por su estado de salud, ya que su familia nos ha comunicado que no le han permitido recibir atención médica adecuada cuando la ha necesitado”.
En el documento señalan que la situación llama “poderosamente” la atención porque la norma jurídica permite que lleve su proceso en libertad por no estar acusada de presuntos delitos graves y por ser un hecho notorio su arraigo durante más de 20 años en Veracruz.
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“Esperamos la autonomía irrestricta del Poder Judicial local y federal para que se revise su condición jurídica, esperando, además, que dicho proceso se pueda desahogar en apego a los principios de justicia pronta y expedita para evitar afectaciones arbitrarias e injustificadas a sus derechos fundamentales”, exponen.
Destacan que como comunidad están convencidos de la presunción de inocencia y de la importancia de aplicar el principio pro persona en todo proceso judicial; sin embargo, en caso de existir elementos suficientes que configuren un delito es necesario que el proceso se lleve dentro del marco de los derechos humanos.
“En estos derechos debe prevalecer la rapidez y eficiencia en el desahogo de su juicio y resolución”, expusieron.
Asimismo, manifestaron que les preocupa el hecho de haber sido privada de su libertad justo un día después de concluir su periodo en el Instituto, “pudiera significar una amenaza para la autonomía de los organismos garantes de transparencia, el libre ejercicio de las profesiones en México o bien, que se pudiera tratar de una persecución política derivada de haber cumplido su mandato constitucional de defender el acceso a la información y la protección de datos personales de la sociedad veracruzana”.