En el Registro Público de Derechos de Agua, con corte al 10 de enero de 2020, destacan nombres de políticos veracruzanos con títulos de concesión para el uso y explotación del agua.
En 2019, el exalcalde priista de Tuxpan, Juan Ramón Gánem Vargas, obtuvo una concesión por “servicios”, aunque también cuenta con registros en 2011 y el 14 de marzo de 2014; el exdiputado local del PAN por el distrito de Orizaba y exsecretario de Desarrollo Económico y Portuario, Alejandro Zairick Morante, cuenta con la autorización para el manejo de 5,390.97 metros cúbicos de agua superficial para uso agrícola.
En los registros de 2017, se ubica al exregidor del Ayuntamiento de Acayucan y exsubprocurador regional en la zona de Coatzacoalcos y Cosamaloapan, Clemente Nagasaki Condado Escamilla, con una concesión para “diferentes usos”, de 464 mil 784 metros cúbicos de aguas nacionales en toma subterránea.
Mientras que en 2015, para el exdiputado priista y exprocurador general de Justicia en el Estado de Veracruz, Felipe Amadeo Flores Espinosa, la Conagua autorizó para “diferentes usos”, el aprovechamiento de 138, 445.20 metros cúbicos de agua subterránea.
La diputada local por Morena, Margarita Corro Mendoza, obtuvo también en 2015, la concesión para uso agrícola, con un manejo de 11, 926.53 metros cúbicos de agua subterránea.
En la lista de concesionarios se encuentra la exalcaldesa de Juan Rodríguez Clara, Amanda Gasperín Bulbarela, que por uso agrícola, consiguió el permiso en 2014, para la extracción de 865, 338 metros cúbicos de agua.
La exdiputada local por el PAN, María Elisa Manterola Sainz, y familiares, lograron obtener una concesión el 13 de julio de 2015.
AUGE INDUSTRIAL
Los datos del REPDA de la Conagua también muestran la apertura que el gobierno federal dio al sector privado para el uso de aguas nacionales en territorio veracruzano, desde 1994 hasta el 10 de enero de 2020.
Por ejemplo, en 1994, las primeras empresas concesionarias del agua fueron Industrias Cydsa Bayer S.A de C.V., Nestlé de México, Sales del Istmo, Bachoco, Kimberly Clark de México, Grupo Celanese S.A de C.V, además de Citrofrut y la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma.
En 1997 y 1998, Panamco Golfo S.A de C.V, conocida más por Coca-Cola, obtuvo sus títulos como concesionaria en Veracruz, así como Cryoinfra S.A de C.V.
Paralelamente, entre 1998 y 1999, las concesiones fueron para ayuntamientos, con un gran desarrollo de la actividad agrícola y pecuaria en la entidad.
En el 2000, la empresa Sales del Istmo S.A de C.V tuvo su aparición como concesionaria del agua para uso industrial.
Posteriormente, llegó Granjas Carroll, mientras la empresa Nestlé de México continuaba en crecimiento, y obteniendo más concesiones; la constructora Geo Veracruz pudo obtener hasta tres títulos en 2010; el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz, Boca del Río y Medellín fue apoyada desde el 2010, logrando en 2012 la concesión para explotar agua con un volumen de hasta 2, 483,733 .75 metros cúbicos de agua de extracción subterránea y hasta 2018 todavía registró una concesión por uso público urbano.
En 2014, durante el gobierno estatal de Javier Duarte de Ochoa, la empresa Braskem Idesa S.A.P.I., obtuvo dos títulos de concesión del agua, con más de 1, 261,440 m3 de volumen de agua nacional autorizado.
Otras empresas como Wal-Mart, Home Depot México, Mota Engil S.A de C.V también figuran en la lista de empresas concesionarias.
Sin embargo, lo que representaría un desarrollo económico para el estado también conllevó consecuencias ambientales y de inequidad en la distribución del agua, ante la falta de vigilancia y control gubernamental sobre las concesionarias que, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad A.C apunta, hasta el momento “la Conagua no tiene la capacidad institucional para garantizar que las concesiones se utilizan para lo que están autorizadas o si se extrae más agua de la que se declara”.
Por otra parte, abunda la investigación, en México “hay una profunda falta de información sobre cuánta agua extraen los privados, además de la existente incapacidad gubernamental para vigilar cómo se explotan ríos y pozos”.
Agrega que el sistema actual de concesiones de agua tiene que revisarse y modificarse, en el marco de una nueva Ley General de Aguas, para ello existen iniciativas por parte de investigadores y ciudadanos que proponen que los títulos de concesiones ya no se pueda transferir; además de que es necesaria la realización de monitoreos independientes y con acceso público; así como la integración de la Consultoría Social del Agua y sólo concesionar el volumen ecológicamente aprovechable.
Concluye que “en la revisión de datos se identificó a quienes tienen el mayor número de concesiones y de volumen de agua autorizado en cada entidad. Los resultados muestran que hay empresas y personas que tienen a su disposición tanta agua que, con ella, sería posible atender a comunidades completas”.
