Orizaba, Ver.-La mayoría de los casos que se catalogan como feminicidio es de mujeres que afrontaron violencia y no denunciaron, algunas por temor y otras, porque los encargados de las dependencias de gobierno no le dieron la importancia e incluso trataron de hacerlas desistir de presentarla. A aquellas que a pesar de esto sí presentaron denuncia y por la gravedad de su caso tienen que dejar su domicilio particular se canalizan a un refugio.

De acuerdo con fuentes oficiales, al único albergue estatal llegan los casos más extremos. El lugar tiene capacidad para recibir a 16 mujeres con sus hijos, cada una puede llevar consigo a cuatro o cinco. Actualmente ahí se refugian cuatro mujeres, pero desde que comenzó a la fecha han atendido 10 mujeres, de diversas zonas del estado.

La fuente, que pidió la omisión de su nombre explicó que este refugio fue creado por la situación que pasan las mujeres veracruzanas, como parte de la protección que el estado tiene como obligación brindarles. “Llegan los casos más extremos de violencia, si la mujer no llega este espacio puede estar en peligro su vida y la de sus hijas e hijos”, subrayó.

La ley marca que pueden permanecer en el refugio tres meses como máximo, pero depende de su situación. Hay quienes deciden salir en el transcurso de ese tiempo y lo pueden hacer porque entraron por voluntad propia; pero también hay quienes por la condición de su situación jurídica o porque se complique su asunto necesitan permanecer por más tiempo, ellas pueden pedir una extensión que puede ser de uno o dos meses más.

Reconoció que los casos de maltrato hacia la mujer tienen como factor común que ésta se genera al interior de la familia y de parte de la pareja. “Los agresores siguen siendo los esposos, los novios, siguen siendo las parejas. Ése es el común denominador, la persona que podría proteger por amor, por compromiso, por solidaridad, es la persona que violenta a las mujeres, el agresor más cercano”, acotó.

Lamentó que siga habiendo poca sensibilidad y solidaridad con las mujeres que afrontan una situación violenta, pues esto incide en que muy pocas decidan denunciar.

“Hay muchos factores, uno y creo que es el principal es que cuando ellas se deciden a denunciar las propias autoridades hacen todo lo posible para que desistan de la denuncia ya que el procedimiento es complicado”, aseveró.

Añadió que cuando la mujer toma la decisión y llega la Fiscalía, ahí le ponen trabas; tiene que ir con lesiones, “aun cuando sabemos que la violencia no necesariamente se manifiesta a través de lesiones y puede existir la amenaza latente, pero como no tiene lesiones hacen todo lo posible para que desista y, entonces, más allá de garantizarles o de solicitar una orden de protección, se quedan en estado de indefensión”, aseveró.

Refirió que la mujer violentada no necesariamente llega a la Fiscalía, llega a los institutos municipales de las mujeres, a la Comisión de Derechos Humanos, la comisión ejecutiva de víctimas e incluso al propio DIF y en todos ellos hay quienes buscan que desistan de presentar denuncia.

“A veces no se les da el procedimiento adecuado, no se le toma la importancia que debe y debemos tomar conciencia de que una mujer, cuando recurre a estas dependencias es porque algo serio ya pasó en su vida, es porque realmente está pidiendo ayuda”, destacó.

Indicó que en la medida en que cada servidor público asuma la responsabilidad del cargo y empatice, mire desde la perspectiva de género la situación de cada una de esas mujeres se dará un giro de 360 grados a esta problemática. “No perdamos de vista que todo nuestro proceso jurídico es una cadena y que, si una de las autoridades deja de hacer su función, ese proceso no sirve de nada”, concluyó.