Orizaba, Ver.- El plan B del que tras desechar la propuesta de Reforma al INE presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador fue un acto de revanchismo, que burocratiza y desmantela una institución que funcionaba de manera eficiente, aseveró el diputado federal panista, Carlos Alberto Valenzuela González.
Eso, agregó, que esto costará ciudadanos, que pagarán las consecuencias de un sistema que había funcionado bien y que ahora tendrá un tiempo de respuesta distinto.
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Al eliminar el Servicio Civil de Carrera, que existía dentro del INE y que permitía a los más de 2 mil 500 trabajadores que se dedican a la organización de las elecciones pudieran seguir con esa continuidad en el trabajo, mismos que ahora están en la zozobra, porque una de las instrucciones que dieron a los diputados de Morena en el Plan B fue eliminar este beneficio.
Refirió que, al intentar Morena pagar a sus aliados del Verde Ecologista y del PT con el traslado de votos -que fue frenado en la Cámara de Diputados- demuestra que no está tan fuerte como pareciera.
“Pareciera que el presidente quiere garantizar y fraguar un fraude electoral en el 2024, para que puedan tener ellos el acceso al poder, independientemente de la decisión de la población. Eso no se lo vamos a permitir, ni desde Acción Nacional, pero sobre todo no se los va a permitir la sociedad”, enfatizó.
¿Hay argumentos inconstitucionales en el plan B?
Explicó que la reforma qué planteaba el presidente AMLO, en un inicio necesitaba de la mayoría calificada, que no obtuvo. En su plan B hay algunos argumentos -41 al menos- que eran inconstitucionales.
Después hubo en el Senado una modificación, “nosotros presentamos una controversia constitucional de manera particular, en la que habla de la intromisión que puede tener el gobierno en el padrón electoral”, señaló.
En una primera revisión, el Senado de la República hizo algunas modificaciones y quitaron algunos de los artículos, que flagrantemente violaban la Constitución. “El proceso inició en la Cámara de Diputados, el Senado hizo modificaciones y nuevamente la Cámara de Diputados hicimos otras modificaciones la semana anterior, pero aún no se publica”, explicó.
Tiene que pasar de nuevo a ratificación en el pleno del Senado y será hasta que inicie el próximo periodo en febrero del 2023 cuando podría publicarse. Si pasa, los partidos que se oponen al mismo podrían recurrir nuevamente a una controversia constitucional.
