La violencia político-electoral registrado en siete entidades del país, entre ellas Veracruz, como antesala de las elecciones del 6 de junio, requiere de una intervención basada en estrategias de inteligencia, disuasión, coordinación interestatal y atención sin sesgos partidistas, coinciden expertos en violencia criminal y seguridad.

De acuerdo con Eduardo Guerrero, director general de Lantia Intelligence, los estados preocupantes, donde hay mayor crecimiento de la violencia, son Veracruz, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato, pues durante los últimos meses fueron los focos rojos, “en los primeros tres estados se ha vuelto un fenómeno crónico, en el resto es un fenómeno más actual”.

Durante el actual proceso electoral, además del recrudecimiento de la violencia político-electoral en la zona sureste de Veracruz, registrado en el mes de febrero, se han identificado que los estados de Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato podrían registrar altos niveles de violencia político-electoral.

Los analistas advierten que el riesgo de ataques contra figuras políticas aumentará conforme se acerque el día de los comicios. Según el informe Prospectiva de Seguridad, de la consultora Lantia Intelligence, “es probable que en algunas regiones el crimen organizado intimide funcionarios electorales, con el fin de generar incertidumbre, miedo entre la población y una baja participación en el día de la jornada electoral”.

La estrategia de protección

Durante la mesa redonda “Violencia y procesos electorales locales”, organizado por la División de Estudios Políticos del CIDE (Centro de Investigación de Docencia Económicas), los investigadores Andreas Schedler, Sandra Ley y el consultor Eduardo Guerrero, coincidieron en que la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, presentado por el Gobierno Federal, a través de la SSPC (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), es un plan “ingenuo” frente al problema profundo y la vulnerabilidad de los gobiernos locales.

“En lugar de una estrategia defensiva, deberíamos pensar en estrategias de inteligencia, es en lo que deberíamos trabajar, porque la labor de prevención ya no la hicimos”, señala el profesor investigador Andreas Schedler.

Por su parte, Eduardo Guerrero expresó: “no veo que la autoridad federal tenga la capacidad ni los recursos, quizás sí la intención de proteger a los candidatos locales, aunque eso va a caer más en la autoridad estatal”.

Además señala que la estrategia de la SSPC es un tanto “inocua”, porque ya pasó el momento de implementar medidas preventivas, “porque los candidatos ya están bajo fuego”. Agrega que “más que prevención necesitamos disuasión, necesitamos un tipo de acción que cambie el comportamiento criminal; si no hay acciones rápidas y detenidos por algunos asesinatos, los criminales van a seguir avanzando y van a ser cada vez más agresivos”, advierte.

Expuso que –en el caso de Veracruz– resulta preocupante que no se conozca la lista de buenas acciones y medidas que se están tomando para proteger a los candidatos.

Ante la violencia que ejerce el crimen organizado en los procesos electorales, Sandra Ley, profesora investigadora y coordinadora del Programa para el Estudio de la Violencia del CIDE, reitera la importancia de atender cada uno de esos ataques sin sesgos partidistas y fortalecer al municipio, donde el crimen organizado busca y ha logrado incidir.

En este sentido, considera que la propuesta preventiva de la SSPC, presentada el 3 de marzo, llega tarde y aún falta entendimiento sobre el fenómeno de violencia y elecciones.

Sandra Ley explica que intervenir en el proceso electoral a nivel local, por parte del crimen organizado, es un proceso fundamental para incidir de manera más clara dentro de los gobiernos municipales, pues representa un espacio para controlar economía, política y sociedad, lo que en ciencia política se llama “regímenes de gobernanza criminal”.

Añade que, en un contexto de polarización política, estos ataques son más frecuentes cuando el poder político está fragmentado, distintos partidos gobiernan en los diferentes niveles de gobierno y surge conflicto intergubernamental que reduce los espacios para cooperar, compartir información y empoderar a los gobiernos locales.

“En tales circunstancias, el crimen organizado aprovecha la falta de protección y la subsecuente vulnerabilidad de autoridades y candidatos locales de oposición para atacarlas”, refiere.

El proceso electoral

Por su parte, Eduardo Guerrero explica que en cada una de las etapas electorales, la intervención del crimen organizado va adquiriendo rasgos distintos.

En febrero se dio el proceso de selección de candidatos o precandidatos y esa definición empezó a generar tensiones y rupturas tanto al interior de la clase política local y “obviamente de los alineamientos de la clase política con el crimen organizado o con candidatos que vienen a desafiar el status quo”.

Después de esto va a venir otra fase de campañas electorales en donde la intervención del crimen organizado puede adquirir otras vertientes que van más allá de la intimidación violenta, por ejemplo, puede financiar campañas, influir en los votantes; y finalmente, puede tratar de influir en la propia celebración de la jornada electoral.

Asimismo advierte que si la autoridad federal, electoral y fuerzas armadas no contienen el avance del crimen, ésta se vuelva más ambiciosa y traten en el futuro de influir elecciones de gobernadores y vayan moviéndose de las zonas rurales y suburbanas, a los centros metropolitanos.

Lo que queda por hacer

En la opinión del consultor Eduardo Guerrero, es la autoridad estatal la que debe intervenir para frenar el crecimiento de la violencia político-electoral.

Considera que “sería muy bueno que en algunas regiones hubiera una coordinación interestatal, que se ayudaran entre gobernadores, quizá Tamaulipas podría apoyar a Veracruz”.

Asimismo recomienda que en una primera fase de intervención, la autoridad estatal entre en aquellos polígonos donde se tienen registros de agresiones, “porque hay un mapa claro de dónde están los mayores riesgos”.

“El poder del crimen ya está trazado, delineado, y van a tomar el poder en un buen número de alcaldías”, apuntó.

Indicó que que no se deben gastar recursos en zonas inciertas donde ya está señalada la amenaza, sino ir avanzando en el proceso electoral.

Adelantó que si la intervención de las autoridades no se hace ahora, el Gobierno tendrá forzosamente que intervenir después de las elecciones, “porque una vez que que estos personajes sean elegidos, seguramente se van a ventilar sus vínculos criminales”.

Los expertos señalan que en estas elecciones, lo que está en juego es la gobernabilidad democrática, un rubro fundamental que el Estado debería cuidar a toda costa.

“Aquí se está pervirtiendo el corazón de nuestra democracia que son las elecciones y sí merecería mucho más atención”, expresó Eduardo Guerrero.

Cabe recordar que en las elecciones del 6 de junio, en Veracruz hay en juego 1, 107 cargos: 30 diputaciones de mayoría relativa, 20 diputaciones de representación proporcional, 212 presidencias municipales, 212 sindicaturas y 633 regidurías.