Orizaba, Ver.- Aunque la función jurisdiccional del estado se reactivó parcialmente, en los juzgados no se ha aplicado el protocolo de medidas de sanidad que se amerita mantener por la pandemia, aseveró Silverio Gasca Vázquez, presidente del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas.
Dijo que. si bien es responsabilidad de cada individuo acatar dichas medidas, es también obligación del estado aplicarlas. “Los invitamos a suministrar a la brevedad posible, los medios de protección necesarios a los juzgados”, resaltó.
Tras mencionar la urgencia de una reactivación adecuada de esas oficinas, pues hay más de 15 mil denuncias detenidas a las que no se da continuidad, señaló que el Colegio de Abogados está en la mejor disposición para, en la medida de sus posibilidades, mantener un lugar de trabajo confiable tanto para los justiciables como para quienes realizan el ejercicio de su profesión.
Para dar una solución a la problemática que se afronta en los juzgados, planteó que el 50% del personal del juzgado labore de forma alterna tres días en seis días a la semana; es decir, que se incluya el sábado; esto para agilizar los trámites.
Y es que apuntó que a la fecha hay entre cinco mil y 6 mil sentencias que no se han publicado y más de 15 mil denuncias que no se han presentado.
Propuso también que se programen las audiencias a partir de las 8:30 de la mañana y hasta las 15:00 horas, en que formalmente debe laborar el personal del juzgado.
"Los abogados nos comprometemos a abreviar la duración de las audiencias a efecto de que se pueda celebrar otra u otras audiencias en el turno de la mesa que nos atienda, reduciendo con ello el peligro de contagio”, destacó.
Por su parte, José Antonio Aguilar Herrera, vicepresidente del colegio manifestó que es indispensable el establecimiento de las Oficialías de Partes en los distritos judiciales como el de Orizaba, en donde aún no operan.
Sobre la digitalización de los procesos y los expedientes; el vicepresidente de Acción Social, Mauricio Rojas Hernández, dijo que es evidente que esta herramienta beneficiará la impartición de justicia y el ejercicio profesional, sin embargo, deben considerar que la aplicación de este sistema requiere de una plataforma digital confiable, así como de las reformas a los códigos, ya que la imposición sin las reformas adecuadas, sólo genera la posibilidad de nulificar las actuaciones.
Por ello propuso convocar a las organizaciones de profesionistas del derecho y la informática, para que formulen en el ámbito de su competencia, las reformas adecuadas y someterlas al Congreso para su promulgación.