Orizaba, Ver.- En Orizaba no hay juzgado federal, los juristas deben viajar a Córdoba o Xalapa para realizar los trámites que en materia civil o penal requieran. “Las que trabajan son guardias para casos urgentes como pensiones alimenticias, guardas-custodia, de materia familiar; en materia penal guardia de detenidos y amparos de detenidos, eso es lo que hay, pero trámites de amparo, por el paro no es posible llevarlos a cabo, es decir, se detiene todo”.
Tras señalar lo anterior, Juan Oropeza Flores, secretario del Colegio de Abogados de Orizaba Veracruz Altas Montañas A. C., afirmó que el paro del poder judicial de la federación es totalmente justificado.
No podemos solapar una reforma que viene a todas luces con violación a los derechos humanos de todos los mexicanos, tenemos que evitar que la reforma se dé
Señaló que todo lo que es materia federal se ventila ante los juzgados de Distrito en Córdoba, Boca del Río o Xalapa. “Si hay un detenido en materia federal lo ponen a disposición a Xalapa, en la sala de juicios orales, en Córdoba no la hay; todo está concentrado allá”, agregó.
Destacó que Como colegio siempre han pedido un juzgado federal en el Distrito de Orizaba en razón de esa situación, desgraciadamente no se han dado los momentos para que se instale, subrayó.
Paro traerá rezagos en casos
Recordó que hace un año o dos se iba a adquirir un predio para instalar otro juzgado de Distrito acá, pero no se hizo ya que los terrenos no reunían las medidas que se necesitaban.
“Estuvimos muy atentos a esa situación, pero no fue posible, esperemos que más adelante se concrete, pero a como vamos y a como se están dando las circunstancias a nivel ejecutivo y legislativo estamos a un paso de que el Poder Judicial Federal desaparezca”, expresó.
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Por su parte, el abogado Anselmo Aguilar, sostuvo que el paro aumentará el rezago de casos y se acumularán expedientes; sin embargo, seguirán funcionando con normalidad los juzgados locales, ya que no pertenecen al Poder Judicial de la Federación y atienden solo delitos del fuero común.
Comentó que otras consecuencias o afectaciones que deja este conflicto es la suspensión de los plazos para contestar demandas, presentar pruebas o diligencias.
“En este lapso, no se pueden tramitar o revisar amparos contra actos de la autoridad o de particulares. Por ejemplo, quienes piden protección de la justicia federal contra el despojo de una propiedad por un juicio simulado, no podrán hacerlo”, concluyó.