Orizaba, Ver.- La actitud sumisa y lambiscona del diputado y presidente de la Comisión de Tránsito y Vialidad del Congreso de Veracruz, Juan Enrique Santos es increíble, pues lejos de atender la problemática del pueblo y del sector que tiene asignado en comisión, hace todo lo contrario, aseveró Jairo Guarneros, representante del grupo Grito de taxistas, en el Valle de Orizaba.
“Se supone que las y los diputados son representantes de la sociedad y sus propuestas legislativas se deben encaminar precisamente a resolver las diversas problemáticas que viven los que representan, en el caso del diputado, a los transportistas veracruzanos, claro también al pueblo”, dijo.
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Sin embargo, refirió que tal vez, siguiendo las órdenes de la Secretaría de Gobierno o del propio gobernador, el legislador afirmó que es necesario llevar a cabo, en unidades de transporte público, una revista general para saber el porcentaje de unidades que está en malas condiciones y, exigir su retiro para ofrecer a la población un transporte de calidad y con unidades en buenas condiciones.
Nadie, aseveró, podría estar en desacuerdo con esto último. Recordó que en la movilización de taxistas, que fue detenida por instrucción del Ejecutivo Estatal el pasado 17 de abril, manifestaron públicamente que no se negaban a pasar una revista, pero que por las condiciones que guarda en estos momentos transporte público, no parecía conveniente.
Primero, señaló, se debe resolver el desorden que hay en ese sector y, que el diputado conoce bien, porque en varias ocasiones se le ha hecho saber, con la esperanza de que intervenga, “pero ha preferido solo guardar silencio”, destacó.
Añadió que la propuesta del legislador de dar a los concesionarios un año para renovar las unidades que estén fuera de rango y en pésimas condiciones, en lugar de considerar la creación de un fideicomiso accesible económicamente para que tengan una posibilidad real para cambiar sus unidades.
Tampoco tomó en cuenta el llevar a cabo una ampliación mediante una reforma del Artículo 120 de la Ley de Transporte, para que, aunque una unidad rebase los 10 años, -si demuestran mediante una revisión realizada por personal profesional que extienda una constancia de buenas condiciones-, se le permita seguir prestando el servicio sin que se le impongan condiciones de medio año o un año máximo para cambiarla.
Subrayó que, a diferencia del diputado que tiene un salario seguro para vivir dignamente, que percibió aun durante la pandemia, los taxistas no tienen un salario seguro y, durante la emergencia sanitaria, por lo menos en el primer año su actividad, su percepción económica bajón hasta en un 80%.
A la difícil situación económica de los taxistas se suma, mencionó, el aumento en el costo de refacciones y gasolina, además de la crisis automotriz que ha generado escasez de autos y, los pocos que se ofertan aumentaron su valor al condicionar darlos a los transportistas únicamente financiados y mediante una lista de espera, que se prolonga más allá del tiempo que tardaría en entregarlo a quien accede al financiamiento.
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Además de que, durante esos 5 años son obligados a adquirir una póliza de cobertura amplia, con un costo superior a los 10 mil pesos anuales. “Ni hablar de las unidades seminuevas, pues también la crisis género que en automático subieran sus precios de manera exorbitante”, concluyó.
