Orizaba, Ver.- La sentencia de amparo y protección de la justicia que concedió la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la A C. Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), para que pueda ejercer de forma plena su objeto social que implica entre otras cosas, la promoción y defensa del aborto, así como el acompañamiento legal a las personas que quieran realizarlo de manera consentida, no constituye una declaración general de invalidez de los artículos que prohíben el aborto en el Código Penal Federal.

Así lo expresaron los Obispos de México, quienes resaltaron, mediante un comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que dichos artículos siguen vigentes para el resto de la población, es decir, que no representa una obligación para que los Congresos locales se precipiten a despenalizar el aborto en sus respectivos Códigos Penales.

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Lo que sí vuelve evidente es una realidad social que deben entender como pastores con la debida diligencia.

En el documento destacaron que, junto al esfuerzo por velar en bien de la dignidad amenazada de la persona, la violencia sistemática ejercida en contra de las mujeres es deplorable y debe ser excluida de la cultura, creando normas y leyes que para tal efecto sean verdaderamente justas.

"Concepción y el nacimiento de una nueva vida humana representan un bien cuyo valor es infinito"

Abundaron que la concepción y el nacimiento de una nueva vida humana representan un bien cuyo valor es infinito. Su cuidado y protección no es una responsabilidad que concierne solamente a mujer gestante, sino a la sociedad en su conjunto, que “no puede lavarse las manos suprimiendo al más débil, la persona naciente, sino que está llamada a generar mejores condiciones para acoger la vida y no descartarla.

Por ello: “Nos oponemos a cualquier forma de violencia en contra de las mujeres, tanto de aquellas que se vean orilladas a acudir al aborto a causa del abandono y de la soledad bajo condiciones de omisión, presión o injusticia, y las más vulnerables, aquellas que se encuentran junto con los niños inocentes aún dentro del vientre de sus madres. Hay que ser firmes con la verdad, pero comprensivos con las personas y sus circunstancias”.

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El aborto provocado al ser despenalizado normaliza la cultura del descarte y deja sin responsabilidad a las autoridades y a la sociedad en su conjunto del cuidado y protección de toda vida humana. Asimismo, la legalización del aborto desgasta los cimientos del estado de derecho, distorsiona el concepto y la práctica de los derechos humanos, con lo cual se mina el bien común (sic).

Subrayaron que toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, es digna, independientemente de sus condiciones y eventualidades, por lo que consideraron que existen atenuantes para la exención de pena corpórea (privación de la libertad), sin que esto implique la legalización del aborto, ni la negación de su gravedad, ni, menos aún, la reivindicación de su licitud. “El aborto provocado nunca será una opción moral, ni legítima”.

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Agregaron que, en temas relevantes como este, es preciso proceder con cuidado a la reflexión, al discernimiento y discusión social, sin los cuales se minan los fundamentos de un Estado democrático de Derecho.

Además de que la interpretación forzada de los derechos humanos sin tomar en cuenta los instrumentos nacionales e internacionales que protegen el derecho a la vida como un derecho universal, es un retroceso jurídico y democrático.

Lamentamos que, en estos momentos de violencia lacerante en el país, desde esta instancia Suprema, que debería velar por la justicia, el derecho y la paz social, se contribuya a polarizar a la sociedad e infringir otras fracturas en el tejido social

"Violencia y discriminación no se combaten con las mismas"

Destacaron que la violencia y la discriminación no se combaten con más violencia y discriminación. Las soluciones que se tienen que construir entre todos requieren ser máximamente inclusivas, solidarias y democráticas, sin hacer prevalecer a una persona sobre otra.

“Sería lamentable institucionalizar la violencia contra el débil con la permisión de la ley. Una sociedad que acoge la vida debe cuidar todas las vidas, la de la mujer y la de la persona humana naciente, su protección debe ser procurada por el estado y por las instituciones de la sociedad civil, comenzando por los menos favorecidos”.

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Esto, añadieron, requiere un auxilio solidario y subsidiario a las familias, madres solteras, niños y niñas huérfanas y/o en abandono; de una educación afectiva sexual integral y la búsqueda de ejercicios de paternidad responsables.

Con esto también se reconoce la necesidad de políticas positivas que deben de ser promovidas pluralmente para procurar que siempre se disponga de alternativas concretas, posibles y honrosas al aborto provocado. De otra manera, la legalización del aborto provocado significa el reconocimiento de la impotencia estatal y de la sociedad civil organizada, ante las causas que llevan a las mujeres a considerar el aborto como una solución, sin atender aquello que es el verdadero problema.