Orizaba, Ver.- Representantes del Colectivo Kalli Luz Marina, el Centro Heriberto Jara (CESEM), la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami) y la Asociación Justicia y Derechos Humanos (AJDH), manifestaron su rechazo sobre el actuar del Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al reafirmar durante la audiencia sobre el caso de doña Ernestina Ascencio, que su muerte se debió a causas naturales por anemia y no derivó de violencia sexual, como se comprobó con las actuaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Mediante un comunicado aseveraron que ante la opacidad sistémica que impera en el país, “una vez más el Estado acude al intento de fabricar su “verdad histórica” sobre los vergonzantes hechos y la actuación de las instituciones y más altas autoridades frente a los hechos que envolvieron la muerte de doña Ernestina”.

Señalaron que, durante la audiencia, la Comisión Interamericana formuló diversos cuestionamientos a la representación del Estado que no fueron respondidos.

Entre ellos, la posibilidad de hacer revisiones a las evidencias científicas y su poder para cambiar la información pericial sobre la etapa en que se encontraba la investigación, cuando el entonces presidente de la República realizó la declaración sobre la causa de muerte de la señora Ernestina y, qué tan frecuente es que el presidente realice declaraciones en investigaciones en materia penal.

Recordaron también, que la señora Ernestina no pudo recibir atención médica de urgencia cercana a donde vivía, por lo que se cuestionó sobre las condiciones actuales para la atención de salud de las mujeres indígenas. En materia de acceso a información se cuestionó también de qué manera dañaba a terceros el acceso a la contenida en una pericial, pero el Estado tampoco tuvo respuesta.

Las representantes de las organizaciones peticionarias de la revisión del caso lamentaron no haber encontrado una respuesta diferente durante el análisis del fondo de los hechos denunciados y expresaron su preocupación por la defensa que gobiernos anteriores implementaron para evitar que se investigara a miembros del ejército.

Indicaron que al tener la CIDH todos los elementos para decidir sobre la responsabilidad internacional en que incurrió el Estado con los hechos denunciados, se espera que emita el Informe de fondo, donde haga las recomendaciones que resarzan las afectaciones ocasionadas y terminar con la opacidad e impunidad del caso, garantizar el derecho a la verdad, así como el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y pueblos indígenas.

Finalmente, cuestionado al respecto, el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez dijo que aún hay instancias a las que los abogados que llevan el caso pueden apelar.

Pero, sí es significativo que algunos sectores resulten más vulnerables en la procuración de justicia, como las mujeres indígenas