El caso de seis jóvenes que fueron detenidos el pasado 8 de septiembre en Xalapa, acusados del delito de ultrajes a la autoridad, terminó por convertirse en un conflicto político que incluso enfrenta al gobernador Cuitláhuac García Jiménez con el coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal.
Luego de que les fue aplicada la prisión preventiva a Brian Alberto, Manuel Alejandro, Lorenzo, Juvencio, José Leonardo y Francisco, el senador morenista, a petición de familiares de los detenidos, levantó la voz en su defensa argumentando que las pruebas presentadas en contra de los jóvenes eran falsas y se fabricaron para acusarlos, detenerlos y privarlos de su libertad.
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Mediante el uso de las redes sociales e incluso con una visita al penal estatal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, donde permanecían recluidos los jóvenes, Monreal realizó llamados al Poder Judicial de Veracruz para que el caso se resolviera en razón de justicia “pues se trata de seis jóvenes inocentes”.
Además, pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Congreso local derogar la gravedad en el delito de ultrajes a la autoridad, solicitud que reafirmó con un exhorto a la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, en días pasados.
Ante las peticiones del senador Monreal, el Gobernador señaló que el senador buscaba proteger delincuentes, hecho que no se iba a permitir en su administración.
Los jóvenes fueron liberados apenas el pasado día 18 de este mes, tras un amparo concedido por un juez. Bajo el argumento de que estaba ya de vacaciones, el juez estatal iba a dejar a los jóvenes en el penal, pero finalmente fueron liberados acatando lo dictado por el togado federal.
Luego de eso, el pasado miércoles, fue detenido el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, José Manuel "N", exalcalde y exdiputado federal, por presuntamente ser el autor intelectual en el homicidio del candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones, Remigio René "N", cometido el pasado 4 de junio en esa localidad.
Este hecho fue considerado por actores de diferentes partidos políticos, incluidos de Morena, como un acto de venganza de parte del Gobierno de Veracruz, en contra de Ricardo Monreal.
UN SUPUESTO SECUESTRO
Los jóvenes fueron detenidos el pasado 3 de septiembre en la plaza comercial El Tejar, ubicada en la avenida 20 de Noviembre en la capital veracruzana.
La defensa de los jóvenes presentó como prueba de su inocencia videos en los que se muestra que no se opusieron a la revisión ni a la detención; sin embargo, fueron señalados por el presunto delito de ultrajes a la autoridad.
El reporte oficial indica que la detención fue alrededor de las 21:00h horas. Los abogados aseguraron que los hechos sucedieron alrededor de las 19:00 horas y los jóvenes fueron trasladados al cuartel Heriberto Jara Corona, conocido como San José, donde, de acuerdo con la defensa, se les permitió tener contacto con alguien del exterior hasta las 6 de la mañana del 4 de septiembre.
Con ello, afirma la defensa, se acreditan los delitos de desaparición forzada de personas e incomunicación, además, se acusa que los jóvenes habrían sido víctimas de robo, porque supuestamente fueron despojados de dinero en efectivo y un reloj marca Rolex.
En la versión oficial, relacionada con el análisis de los hechos a cargo del Juez Segundo de Distrito, se indica que el 3 de septiembre a las 21:00 horas elementos de la SSP circulaban a bordo de unidades oficiales sobre la avenida 20 de Noviembre y una persona que presuntamente iba amagada en un vehículo les pidió ayuda.
Ante ello, interceptaron a dos de los jóvenes y uno de ellos al percatarse de la presencia policial habría gritado: vámonos, vámonos que allí vienen los polis, supuestamente tratando de ingresar a la persona que llevaban amagado y que vestía playera negra, a la puerta de un vehículo color plata.
Conforme a la declaración de los policías, los jóvenes supuestamente pretendían secuestrar a la persona que presuntamente llevaban amagada, por lo que al intentar controlar la situación uno de los acusados sacó de entre sus ropas un cuchillo con mango de madera y habría dicho: si se acercan le damos en la madre a este pendejo, refiriéndose presuntamente a la persona amagada, mientras que el otro joven ya lo tenía amagado con otro cuchillo.
Los policías dijeron que otros dos jóvenes supuestamente también llevaban armas punzocortantes, adoptando una posición para enfrentar a los policías, y que al final ambos lograron ser neutralizados.
En tanto, los dos jóvenes restantes involucrados en el caso se habrían acercado a los policías portando armas blancas.
En medio de esos hechos, según el reporte de los policías, la persona amagada se puso a forcejear contra uno de los jóvenes, se desató un enfrentamiento de los policías con los acusados, logrando los elementos de seguridad despojarlos a todos de sus armas, neutralizarlos y detenerlos.
Sin embargo, en el argumento de la defensa se indica que los policías que acusaron a los jóvenes del presunto delito de ultrajes a la autoridad “perdieron” a la persona que supuestamente era amagada y, aunque les pidió ayuda, no se la brindaron al no saber dónde finalmente quedó.
La defensa de los jóvenes señaló que en el desarrollo de las audiencias de imputación y vinculación los elementos policiacos aceptaron que la persona que aparentemente pidió ayuda se les perdió y en un momento dado no supieron ni siquiera a dónde se fue.
Además, el Juez de Control determinó dejar sin valor la prueba de los cuchillos que supuestamente portaban los jóvenes, porque no se encontraron huellas dactilares.
LIBERTAD LOGRADA CON UN AMPARO
Los seis jóvenes abandonaron el penal de Pacho Viejo, donde estaban internados, gracias a un amparo que les fue concedido el 15 de diciembre por un Juez federal, quien pidió al Juez de Control, Andrés García Velasco, que estaba al frente del caso, dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia de 11 de septiembre de 2021, que consta en el proceso penal 270/2021.
En el amparo se ordenó emitir oralmente una nueva resolución en la que se determinara que, de los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía en el proceso penal de origen, no se desprenden datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes que razonablemente establezcan que se haya cometido el delito de ultrajes a la autoridad.
Asimismo, en el documento se estableció que no existe la probabilidad de que los acusados hubieran cometido o participado en los hechos y, por ello, se debía resolver su situación conforme a derecho.
La audiencia en la que se debía dar la libertad a los jóvenes fue programada para el día 16 de diciembre a las 19:00 horas; sin embargo, se realizó hasta el sábado 18 de diciembre, dado que el Juez a cargo del caso se encontraba de vacaciones.
El procedimiento estuvo a cargo de la jueza Saray Sosa Moreno, quien después de una audiencia de cuatro horas otorgó la libertad a los jóvenes.
La jueza determinó el pago de una fianza global de 100 mil pesos y la firma periódica de los acusados para seguir su proceso en libertad en tanto cause ejecutoria el amparo que les concedieron.
La resolución del amparo se generó dado que el juez federal hizo un análisis detallado de los datos de prueba presentados en las audiencias. Como resultado de eso, señaló que la acusación de la Fiscalía General del Estado únicamente se basó en el informe policial homologado y los testimonios de los elementos de la SSP, quienes perdieron de vista a la persona que presuntamente les pidió ayuda y que supuestamente iba a ser secuestrada.
“No es lógico que los policías aprehensores no le hayan prestado protección y auxilio inmediato a la supuesta víctima que según dijeron tenían sometida los quejosos, para, posteriormente, entrevistarla y pudiera aportar algún dato o elemento para la investigación correspondiente. Sobre todo que en el informe policial homologado se destacó que algunos elementos policiacos brindaron seguridad perimetral, por lo que resulta endeble en términos probatorios que la supuesta víctima haya desaparecido sin que nadie se diera cuenta hacía donde se dirigió; máxime que ese fue el motivo principal por el que supuestamente ubicaron a los quejosos el día de los hechos”, exhibe el amparo.
Además, consideró que el dictamen emitido por una perita adscrita a la propia Fiscalía en el que se advertía que no se localizaron huellas dactilares en las navajas que supuestamente portaban los jóvenes y no hubo fragmentos dactilares en los indicios. “De acuerdo con la lógica, cuando se tomaba la cacha de un arma como la que había establecido la perito, de ninguna forma se hacía la presión con la huella de los dedos, sino con la palma de la mano”, expone el documento.
Finalmente, se señala que tanto los testimonios de los jóvenes, como del gerente del restaurante donde se encontraban minutos antes de la detención, así como de tres comensales más, fueron consistentes en que la aprehensión se dio en términos pacíficos, es decir, que no hubo resistencia a la revisión y detención, ni agresiones contra los elementos.
RECHAZARON AYUDA DE DERECHOS HUMANOS
Pese a que el senador Ricardo Monreal Ávila solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso, los seis jóvenes habrían rechazado interponer una queja ante el organismo estatal.
De acuerdo a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, en su momento se les dio a conocer a los jóvenes que tenían la posibilidad de presentar una queja por el trato que recibieron de parte de los elementos de Seguridad Pública durante y posterior a su detención.
Sin embargo, los agraviados no presentaron queja alguna sobre el caso, aunque sí recibieron orientación sobre lo procedente y los alcances que la Comisión tenía al respecto.
“En la medida en que las personas que consideren que sus derechos humanos han sido vulnerados pueden acudir y tendrán una respuesta inmediata, no es el caso, no tenemos una queja al respecto”, dijo.
Por este caso, el gobernador Cuitláhuac García le expresó a Ricardo Monreal que “allá él si defiende delincuentes” y el senador respondió que defiende el estado de derecho. Antes, el secretario de Gobierno de Veracruz, Éric Patrocinio Cisneros Burgos, había pedido a Monreal mejor ver los problemas que hay en Zacatecas, de donde es originario el coordinador de la Jucopo.